Con fecha 13 de enero de 2026, se presentó el Proyecto de Ley 13740/2025-CR que propone la reducción de los meses de aportes consecutivos necesarios para el acceso de los afiliados y sus derechohabientes a las prestaciones del Seguro Social de Salud, específicamente, disminuyéndola de tres a dos meses consecutivos.

Fuente: Proyectos de Ley No. 13470/2025-CR

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El 14 de enero de 2026 se presentó el Proyecto de Ley 13749/2025-CR, a través del cual se propone impulsar el empleo de jóvenes en el sector público y privado a través de la implementación de una cuota de empleo.

De esta forma, se propone que, antes de realizar cualquier convocatoria, una empresa privada con más de 30 trabajadores deberá verificar que cumple, como mínimo, con el 15% de puestos de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años; caso contrario, se propone la aplicación de multas administrativas.

Fuente: Proyecto de Ley No. 13479/2025-CR 

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Durante el 2025, se ha consolidado el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) el cual revela que existen 4,802 sindicatos, 217 federaciones y 27 confederaciones. Mientras que el Registro Sindical de la actividad privada consolida la información de 3,766 sindicatos, 129 federaciones y 11 confederaciones.

Adicionalmente, se ha reportado que, durante el 2025, se realizaron 1,396 reuniones, de los cuales 614 fueron de conciliación, 744 extraproceso y 38 informativas; así como, se elaboraron 144 Dictámenes Económicos Laborales, beneficiando a 29,527 trabajadores, lo que permite tener un panorama general del contexto sindical y gremial actual con el que se inicia el año, así como una proyección de cómo el mismo se podría desarrollar durante el transcurso del 2026.

Con relación al sector de construcción civil, se realizó 109,588 registros de inscripción y 98,210 renovaciones en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC) con un alcance de 207,798 trabajadores en el sector.

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El MTPE ha instalado la Mesa de Diálogo Bilateral con la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) con la finalidad el identificar, abordar y articular problemas públicos, a partir de los planteamientos gremiales de la organización, referidos a temas sociolaborales de interés general y de alcance nacional.

Se ha establecido que, dentro de esta Mesa de Diálogo, se conformen equipos técnicos para abordar temas específicos, incentivando la participación de representantes de otras instituciones públicas y privadas, así como de profesionales especializados sobre las materias a tratar, reforzando la participación del sector industrial dentro de la gobernanza de las relaciones laborales que pueda implementar el MTPE dentro de su gestión.

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A través de la Casación Laboral No. 26587-2023-LIMA, de fecha 08 de setiembre de 2025 expedida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se examinó si un contrato de locación de servicios había sido desnaturalizado. Al respecto, la parte demandante sostuvo que el servicio fue prestado a cuenta personal, pero través de su empresa.

Al respecto, la Sala Suprema determinó lo siguiente: 

• Los servicios prestados por una persona natural que opera un negocio no pueden considerarse como una prestación personal de servicios.
• No se puede imputar una supuesta desnaturalización de la locación de servicios en ausencia de una prestación personal, lo que implica que la presunción de laboralidad no es aplicable.

En consecuencia, la Corte Suprema concluyó que la desnaturalización de la locación de servicios requiere que el servicio sea prestado directamente por una persona natural, quedando exentas de análisis aquellas personas naturales que actúan a través de un negocio propio.

Casación Laboral No. 26587-2023-Lima

A través de la Casación Laboral No. 40488-2022-LIMA emitida el 11 de diciembre de 2025 por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se cuestionó si el trabajador demandante se encontraba impugnando la calificación de confianza dentro del plazo adecuado.

Al respecto, la Sala Suprema determinó lo siguiente:

• Si bien el artículo 61 del Decreto Supremo No. 001-96-TR establece que la calificación de un cargo de confianza puede ser impugnada dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, dicho plazo no es de obligatorio cumplimiento, ya que solo tiene relevancia a nivel interno de la empresa y no a nivel procesal.
• En este sentido, resulta viable cuestionar la calificación del cargo de confianza al momento de impugnar el cese de la relación laboral a nivel judicial.

Por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que el cargo de confianza fue indebidamente calificado, lo que implica que el cese de la relación laboral basado en dicha causal resulta injustificado.

Casación No. 40488-2022-Lima

A través de la Resolución No. 0038-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida el 12 de enero de 2026, se declaró infundado el recurso de revisión respecto al caso en el cual un empleador alegó que su trabajadora no se encontraba sujeta a un horario de trabajo según su contrato de trabajo, en vista de que su puesto estaba calificado como “no sujeto a fiscalización inmediata”, en la medida que sus labores de venta no dependían de una hora de ingreso o salida, sino que solamente se le exigía el cumplimiento de determinadas metas de ventas.

No obstante, según una revisión de los hechos del caso, se acreditó que, si bien la trabajadora rotaba entre distintos puntos de venta, su labor dependía del horario de atención de la tienda donde se encontraba cada punto de venta. Así, se concluyó que su labor estaba ceñida a una prestación de servicios permanente y continua, y que, por la naturaleza de sus actividades, se exigía su presencia en un espacio físico dentro de un horario.

De esta forma, se determinó que existía la obligación de una atención permanente al público por el tiempo de atención de la tienda aliada, sin haberse demostrado que la trabajadora pudiera decidir libremente su horario de prestación de servicios. Por ello, se confirmó que el empleador estaba obligado a contar con un registro de control de asistencia, confirmándose la infracción impuesta.

Con fecha 09 de enero de 2026, se publicó la Separata No. 2474531-1 en el Diario oficial El Peruano a través del cual se establece que el “Convenio entre la República del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la  doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión fiscal” entró en vigor el 21 de enero de 2026.

Dicho instrumento internacional fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa No. 32496, de fecha 12 de noviembre de 2025, y ratificado a nivel interno a través del Decreto Supremo No. 051-2025-RE, de fecha 20 de noviembre de 2025, cumpliéndose así los procedimientos constitucionales y legales exigidos para su incorporación al ordenamiento jurídico peruano.

No obstante, conforme a las disposiciones del propio convenio, su aplicación tributaria no es inmediata y difiere según la jurisdicción. En el caso del Perú, el tratado será aplicable a partir del 1 de enero de 2027, tanto para el Impuesto a la Renta como para las ganancias de capital mientras que, en el Reino Unido, su aplicación se iniciará desde abril de 2026, dependiendo del tipo de impuesto. En consecuencia, aunque el convenio ya se encuentra vigente, sus efectos tributarios en el Perú solo se producirán desde el ejercicio fiscal 2027.

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