Subyacente y sequía contra la inflación

En relación con la inflación, las autoridades monetarias y fiscales coinciden en que en un entorno de reindustrialización y glocalización, las presiones inflacionistas se mantendrán todo 2023.

La extraordinaria incertidumbre en la que vivimos, como consecuencia de circunstancias que superan lo geopolítico, para adentrarse en lucha contra el cambio climático, en lo social -con el envejecimiento de la población o las demandas de una sociedad distinta tras el COVID-, o la nueva gobernanza -con la “guerra fría tecnológica” o las “guerras híbridas”- obligan, casi a diario, a diferentes instituciones a actualizar sus previsiones económicas ante una realidad cambiante.

En relación con la inflación, las autoridades monetarias y fiscales coinciden en que, tanto por la pandemia, como por la invasión de Ucrania-y con ellos el impacto del shock en la oferta-, en un entorno de reindustrialización y glocalización, las presiones inflacionistas se mantendrán, desde luego, todo 2023.

Aparte de seguir impulsando su enfriamiento desde el BCE a costa de encarecer la financiación, y de los avances de la UE en el marco de la soberanía energética, es preciso actuar de forma selectiva a nivel nacional.

Si bien se han implementado en España diferentes medidas para apoyar a hogares y empresas frente al repunte de los precios, resulta fundamental analizar su impacto distributivo y presupuestario, y asumir la necesidad de que tengan carácter temporal.

Respecto de las medidas fiscales, como indica el BdE, más del 80% de las adoptadas para hacer frente al repunte de los precios tienen un carácter generalizado, en lugar de estar focalizadas en los más vulnerables, lo que conseguiría no sólo niveles de protección similares a un menor coste presupuestario, sino además evitar un impulso generalizado sobre la demanda que pudiese agravar las presiones inflacionistas y afectar negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pese a ello, acierta el Gobierno con las rebajas del IVA a alimentos, electricidad y gas, al suponer un mayor ahorro como porcentaje de su gasto total para los hogares de renta baja, como también al concluir con la bonificación a los carburantes que habría beneficiado en mayor medida a los hogares de renta alta.

Así las cosas, ayer conocimos el IPC adelantado de marzo que nos ha llevado a una rebaja mensual sin precedentes en la serie histórica hasta el 3,3% -frente al 6% de febrero- motivado principalmente por el efecto base, coincidiendo con la implosión de la inflación que se produjo hace ahora un año con la invasión de Ucrania y la elevada subida entonces de los precios de la energía que hoy se contraen.

Sea como fuere y si bien la inflación es, además, en términos absolutos la mejor desde agosto de 2021, la noticia se acompaña de una temida inflación subyacente que se mantiene en el 7,5%-. Esa cuestión nos lleva a una triple reflexión y es que, de un lado, al afectar a los productos menos volátiles visualizamos que los altos precios se podrían mantener enquistados un largo periodo-, de otro, que cuanta más inflación subyacente, más posibilidades hay de nuevas subidas de tipos por el BCE, y por último. que las rebajas del IVA de los productos de primera necesidad se mantendrán en el 0% al menos hasta el 30 de junio, según disponía el RDL 22/2022, al no haber bajado la subyacente a 31 de marzo del 5,5% como preveía el Gobierno.  

Ante este contexto, que podría iniciar una montaña rusa en los próximos meses – con acontecimientos incluso meteorológicos, como el calor y la enorme sequía que terminarán trasladándose a los precios de los alimentos- y la necesidad de que el indicador se acerque al 2% a la mayor velocidad posible, el Gobierno de España debería apostar con facilitar la mejora de la productividad, eliminando todas las barreras posibles.

Lo que empezó siendo una crisis energética que ya ha impregnado a todo el sistema requiere de reflexionadas respuestas al shock de oferta con reformas estructurales, que dinamicen nuestros mercados, y contribuyan a reducir costes en un entorno donde uno de los tres componentes del precio de cualquier producto -como son los insumos- se ha desbordado, a diferencia de los costes laborales y márgenes empresariales.

Sería recomendable, por ello, alcanzar un pacto de rentas que distribuya de manera equitativa entre todos los agentes la pérdida de renta, evitando que aumentos de precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista.

Y todo ello dentro de una estrategia sólida de consolidación fiscal que España debe abordar, para compensar el fuerte incremento del gasto desde la pandemia y corregir el elevado nivel de deuda pública. La vuelta a las reglas fiscales europeas y las menores compras de deuda por el BCE restringirán nuestro margen como país, lo que unido al aumento de los costes de la deuda nos obliga a ser especialmente precisos a la hora de adoptar medidas, que deben ser necesariamente selectivas y temporales. 

Publicado en Expansion