A vueltas con la inmigración

El actual contexto de policrisis, tensiones geoestratégicas y transformaciones económicas está impulsando la movilidad internacional de personas, elevando a niveles máximos los flujos anuales de inmigrantes permanentes a los países de la OCDE.

En cuestión de días han confluido varios asuntos de actualidad vinculados con la inmigración: la aprobación por el Parlamento Europeo del ‘pacto migratorio’, la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de inmigrantes irregulares, y el anuncio del Ejecutivo de su intención de eliminar los permisos de residencia por compra de vivienda. Es normal que así sea. Quizá lo extraño sea que las cuestiones vinculadas a la inmigración no estén más presentes en el debate público español.

En 2022 se concedieron 680.000 autorizaciones de residencia a extranjeros, un 30% más que el año anterior, y, de acuerdo con el INE, ese año la población en España aumentó en 598.634 personas (580.574 extranjeras). El actual contexto de policrisis, tensiones geoestratégicas y transformaciones económicas está impulsando la movilidad internacional de personas, elevando a niveles máximos los flujos anuales de inmigrantes permanentes a los países de la OCDE, bien sea por motivos humanitarios, familiares o laborales.

Por lo que respecta a los motivos laborales, la transición energética y la transformación digital, así como la creciente ambición de autonomía estratégica en las economías desarrolladas, están requiriendo de perfiles especializados que, sin embargo, los mercados laborales domésticos y envejecidos de buena parte del mundo desarrollado no son capaces de proveer. Por ello, las diferentes autoridades migratorias y laborales a nivel mundial están impulsando reformas normativas para favorecer la atracción de talento e inversión que hagan posibles tales objetivos.

En Estados Unidos y Reino Unido se están aprobando visados específicos para agilizar la atracción de trabajadores especializados en Inteligencia Artificial; en Alemania para trabajadores en sectores estratégicos; o, en los países del Este de Europa, para inversores en empresas tecnológicas, etc. España no es una excepción, y tras impulsar ya en 2013 un relevante conjunto normativo destinado al impulso de la atracción de personal altamente cualificado, investigadores e inversores –en el que se encontraba la llamada golden visa, entre muchas otras figuras– ha aprobado recientemente varias medidas para facilitar la incorporación a nuestro mercado laboral de personas que ya se encuentran en nuestro país (arraigo por formación), para reforzar vías para la migración regular (catálogo de ocupaciones) y diversas mejoras de gestión (creación de la Utex).

Más cotizaciones a la Seguridad Social

Estas medidas persiguen facilitar el acceso a fuerza de trabajo que nuestro mercado laboral no es capaz de proveer, al tiempo que se espera que sus aportaciones al sistema de Seguridad Social en forma de cotizaciones puedan contribuir a limitar sus desequilibrios financieros. La Iniciativa Legislativa Popular para impulsar una regularización de los extranjeros en situación irregular recientemente admitida a trámite añade una visión humanitaria que, a su vez, contribuirá a las dos anteriores también.

El anuncio de la voluntad de retirar los permisos de residencia por inversión en vivienda, sin materializar aún, así como el de ceder las competencias migratorias no transferidas aun a las autonomías, parece responder más a motivos coyunturales de agenda política que a causas económicas y sociales, como las anteriores. Facilitar el acceso a mano de obra cualificada que requieren las empresas, al tiempo que aflorar economía irregular aportando nuevos recursos a las arcas públicas, son dos objetivos oportunos siempre que se alcancen con todas las garantías jurídicas y el requerido consenso con los agentes implicados en el ámbito económico, social y de seguridad. Pero ello no debe impedir seguir avanzando en la mejora del funcionamiento de nuestro mercado laboral y el necesario refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema de protección social.

Urge impulsar la integración activa de los más de 2,8 millones de desempleados que sitúan nuestra tasa de paro en el entorno del 12%, facilitando a su vez la cobertura de vacantes sin cubrir. Ello exige priorizar su incorporación al empleo a través de un marco de relaciones laborales flexible y seguro, un modelo de intermediación y formación profesional para el empleo eficaz, y un marco de protección social y desempleo que aporte recursos suficientes. Éste –cuya reforma está pendiente y comprometida con Bruselas– debe incentivar la transición al empleo y evitar la trampa de la pobreza a la que se someten los desempleados que dejan de buscar activamente empleo. Al tiempo, urge reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social, que se está viendo ya fuertemente tensionado por el creciente gasto en pensiones, y más aún lo estará cuando las generaciones del baby boom alcancen la jubilación. Ello, además de facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo, exige –como acaba de recordarnos el FMI– adoptar nuevas reformas estructurales que garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema, sin confiar el grueso del proceso de consolidación a subidas de cotizaciones que afecten a la competitividad de la economía nacional y, en definitiva, a nuestro mercado laboral.

Aflorar economía sumergida puede ser útil en el corto plazo para generar recursos y aportar mano de obra necesaria en este momento extraordinario que vive nuestro mercado laboral, al tiempo que para abordar necesarios compromisos humanitarios. Pero los grandes retos de medio y largo plazo de nuestro mercado de trabajo y del sistema de protección social, así como para facilitar el acceso a la vivienda, lejos de anuncios de medidas coyunturales para completar la agenda política, exigen mucho más.