Otro aspecto relevante de este estudio tiene que ver con el establecimiento de prioridades a la hora de consumir los presupuestos. En este aspecto, el 95% de los ejecutivos encuestados a nivel global (y el 78% de los encuestados en España) se está planteando reasignar, durante los próximos dos años, parte del presupuesto que dedican a actividades rutinarias (como el cumplimiento tributario) a actividades más estratégicas (como la planificación fiscal y la gestión de la controversia).
Estamos ante un momento de máxima tensión por la captura y retención del talento
Todas las áreas de la compañía, y la financiera y fiscal no son una excepción, se enfrentan al gran reto de atraer y retener el talento adecuado para gestionar la complejidad del panorama actual.
Por un lado, la pandemia ha obligado a ofrecer flexibilidad logística para trabajar desde cualquier sitio, y esta necesidad se ha convertido en un derecho del que muchos empleados no quieren prescindir.
Por otro, es cada vez más complicado encontrar personas con la combinación adecuada de conocimientos técnicos y de gestión de datos, procesos y uso de tecnologías emergentes. En este sentido, el 95% de los encuestados a nivel nacional cree que sus equipos financieros y fiscales necesitan aumentar sus habilidades técnicas con las habilidades y formación anteriormente mencionados. Por ello, en muchos casos identifican que es más fácil trabajar con un proveedor que invierta de manera intensiva en el desarrollo de sus propios profesionales y de esta manera complemente las carencias que actualmente se identifican en sus propias plantillas.
Los cambios legislativos y regulatorios se están acelerando y sofisticando
La legislación y la regulación son áreas que también se han visto modificadas significativamente como consecuencia de la pandemia. Los gobiernos han aprobado más de 33,6 billones de dólares en programas de apoyo y estímulo, o lo que es lo mismo, el equivalente al 39% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En muchos casos, estas ayudas adoptaron la forma de medidas fiscales, muchas de ellas temporales.
Los proyectos de peso político más significativos han sido impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre cómo abordar los desafíos fiscales de la globalización y la digitalización de la economía, incluido el acuerdo en octubre de 2021 sobre nuevas reglas impositivas mínimas globales a una tasa de al menos el 15%.
Al margen del constante cambio regulatorio, la mayoría de los países, España incluido, están sofisticando y demandando información a las empresas de una manera más ágil, haciendo uso de nuevas plataformas y reduciendo los tiempos de reporting. En este sentido, el 77% de los encuestados a nivel nacional creen que cumplir con los requisitos emergentes de presentación de impuestos digitales aumentará el coste de su función financiera y fiscal en los próximos años.