Las finanzas sostenibles trascienden el ámbito del discurso y se plasman en realidades concretas de la actividad y gestión bancaria
En el primer semestre de 2024 los bancos españoles han publicado detallados informes de sostenibilidad que concretan en números, métricas y objetivos la integración de la sostenibilidad en la actividad bancaria. Basado en lo publicado por los 10 mayores bancos de España revisamos cifras en cuatro ámbitos: financiación sostenible, gestión de riesgos, compromisos en sostenibilidad y métricas de gobierno.
En cuanto a la financiación sostenible, las entidades concedieron en 2023 más de 120.000 millones de financiación ligada a objetivos de sostenibilidad, destinándose fundamentalmente a proyectos de energía sostenible, apoyo a la transición de sectores más contaminantes e hipotecas sostenibles entre otros fines. Los informes han incluido por primera vez la “Ratio de Activos Verdes” (porcentaje de activos alineados con la taxonomía europea de sostenibilidad) que, en promedio, se ha situado ligeramente por debajo del 4% con un máximo de 7,6%. No obstante, esta cifra infraestima la financiación sostenible de la banca ya que no considera elementos importantes como los préstamos a PYMES ni incluye todos los préstamos que ayudan a la transición verde. Por el lado del pasivo, los 10 bancos han emitido en los últimos años bonos verdes y/o sociales, por importe total de 25.946 millones de euros -con el compromiso de dedicar los recursos obtenidos a la financiación de proyectos verdes o sociales. Finalmente, según datos de INVERCO los fondos de inversión sostenibles (gestionados por banca o por entidades de servicios de inversión) alcanzan a fines de marzo de 2024 los 123.327 millones de euros, lo que supone un 33,8% del total.
En lo que se refiere a riesgos, la banca ha integrado el análisis de los riesgos climáticos, identificando y gestionando el “riesgo físico” y el “riesgo de transición” (riesgo de que los créditos bancarios pierdan valor porque los deudores sufran eventos climáticos adversos o deban hacer más sostenible su actividad). Los “marcos de apetito al riesgo” por su parte están introduciendo explícitamente métricas de sostenibilidad como intensidad de emisiones financiadas por sector y la exposición de la cartera crediticia a riesgos de transición y riesgos físicos.
En materia de compromisos en sostenibilidad los más generalizados son los objetivos de descarbonización, dirigidos a reducir las emisiones propias y de los agentes financiados. Los objetivos de reducción de emisiones para 2030 varían entre el 10% y el 60% según los sectores. Las principales industrias cubiertas para las que se plantean esos objetivos son la generación eléctrica, petróleo y gas, acero, automovilística, aviación y cemento diseñándose para ellas planes de transición sectoriales (con objetivos, protocolos de interacción con los clientes, análisis de impacto en negocio, etc.). Además, varias entidades definen objetivos de descarbonización para las carteras hipotecarias.
Los compromisos alcanzan también al impacto social de la banca, incluyendo el de la propia actividad bancaria (financiación de la economía, creación de empleo cualificado y contribución fiscal) así como las actuaciones específicas de apoyo a colectivos y comunidades vulnerables, iniciativas de inclusión financiera, atención a personas mayores y programas de educación financiera.
Por último, en cuanto a la gobernanza, la mayoría de entidades de crédito cuenta con departamentos específicos de sostenibilidad así como expertos integrados en las distintas áreas (negocio, riesgos, cumplimiento, etc.). Siete de las entidades citadas cuenta con Comisiones del Consejo dedicadas explícitamente a la sostenibilidad. En materia de remuneraciones, la totalidad de las entidades liga la remuneración variable (entre el 5% y el 20%) al desempeño en sostenibilidad medido por el avance en la financiación verde, la reducción de emisiones o el posicionamiento en índices de sostenibilidad de referencia.
La transparencia ha aumentado considerablemente con la publicación de numerosos informes en materia de sostenibilidad, cubriendo riesgos y métricas ESG. Esta transparencia se reforzará a partir de 2025 con el reporte CSRD que incluye más de 1.000 indicadores sobre temáticas ambientales, sociales y de gobierno. Las entidades deberán focalizar su reporte en aquellos temas ESG que les sean materiales (bien porque las entidades impacten sobre ellos con su actividad, bien porque esos temas generan riesgos u oportunidades sobre las entidades).
Este conjunto de cifras permite apuntar dos conclusiones. La primera es que las finanzas sostenibles trascienden el ámbito del discurso y se plasman en realidades concretas de la actividad y gestión bancaria. A través de esas acciones concretas la banca aporta su contribución al esfuerzo colectivo, público y privado, hacia la transición verde. La segunda es la gran capacidad de adaptación y transformación de la banca. Hace tan solo unos años estos temas no eran parte de la agenda bancaria, ni de las entidades ni de los reguladores. Hoy, sin embargo, existe una copiosa y exigente regulación al respecto y el sector ha realizado un gran esfuerzo corporativo para integrar la sostenibilidad en los elementos más esenciales de la actividad bancaria: estrategia, objetivos, negocio y riesgos.
Publicado en Expansión