La descarbonización de España es un imperativo

Tanto la ley europea del clima como la ley española de cambio climático y transición ecológica nos obligan a alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

La descarbonización no es sólo un reto, es un imperativo. Y se hace visible cada día en medio de las circunstancias que nos asolan: la invasión rusa de Ucrania, la ola de calor incesante, los incendios que arrasan vidas, esperanzas y nuestro más rico patrimonio natural, el precio de la electricidad marcado por el del gas, importado en gran medida de Rusia, que ahoga a familias y empresas.

La descarbonización -proceso para lograr reducir las emisiones de carbono asociadas al uso de combustibles fósiles- es un imperativo legal. Tanto la ley europea del clima como, en consecuencia, la ley española de cambio climático y transición ecológica nos obligan a alcanzar la neutralidad climática -emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las absorciones de los mismos- no más tarde de 2050, y para lograrlo, la descarbonización es imprescindible.

Es un imperativo medioambiental, primordial en la lucha contra el cambio climático.

Es un imperativo económico. El pasado 13 de julio IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, publicaba su estudio sobre los diferentes costes de generación de electricidad, que concluye que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables sigue ganando en competitividad.

Y la descarbonización es también un imperativo geopolítico, para poder desconectarnos de las importaciones de gas ruso y lo que ello implica. De hecho, el citado estudio de IRENA destaca cómo la generación de electricidad eólica y fotovoltaica en Europa, sólo de enero a mayo de 2022, supuso ahorrar 50.000 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles. Dicho de otro modo, sin el desarrollo alcanzado de renovables, el impacto de la invasión rusa sería mucho peor y mayores las importaciones de su gas. Y, por tanto, a contrario sensu, si hubiéramos avanzado más en el desarrollo de renovables, especialmente en estos últimos años de enorme caída de sus precios (desde 2010 un 88%, un 68% y un 60%. Respectivamente, la fotovoltaica, eólica terrestre y eólica marina), estaríamos importando menos.

La ley de cambio climático establece en su artículo 3.1 a) que en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española deben reducirse en al menos un 23% respecto a 1990.

El ministerio para la transición ecológica publicó recientemente que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España en 2021 con respecto a 2020 un 5,1%; y que se han reducido las absorciones, por lo que las emisiones netas aumentaron un 6,1%, y el nivel de las emisiones globales se sitúa en un -0,5% respecto a 1990. La falta de agua para generación hidroeléctrica o los incendios especialmente graves que impactarán nuestra capacidad de absorción no facilitan los datos para 2022. Significa esto que el tiempo pasa, nos acercamos a 2030 y no parece que avancemos al ritmo comprometido.

El año pasado la Unión Europea acordó establecer objetivos intermedios al de alcanzar en 2050 la neutralidad climática: reducir un 55% las emisiones en 2030 respecto a las de 1990 y establecer otro objetivo para 2040. La motivación: no se puede dejar todo para el final. La misma lectura debemos hacer dentro de cada hito temporal. No puede repetirse lo sucedido en 2012, en que, en un solo año, hubo que solucionar el más que previsible y así advertido por la Comisión Europea, incumplimiento de España con el Protocolo de Kioto para 2008-2012, pues en 2011 estábamos bastante lejos del objetivo acordado.

El ministerio dice que las emisiones han aumento de forma pareja al PIB. Todos esperamos y deseamos el mayor crecimiento económico para España. Pero las emisiones no pueden seguir el mismo ritmo o no cumpliremos con este imperativo legal, medioambiental y ético de descarbonización. Tampoco lograremos el reto de disociar crecimiento económico y emisiones sin inversiones milmillonarias y sin crear el entorno que las posibiliten.

En estos momentos, y por razones diversas y en diversas administraciones, como en otros Estados de la Unión Europea, se acumulan solicitudes para instalar del entorno de 126 GW de energías renovables en España -para hacerse una idea, Red Eléctrica publicaba que nuestro parque de generación con energía renovable a finales de 2021 ascendía a 64 GW, y produjo el 46,7 % de la generación eléctrica total- que faciliten la descarbonización de nuestra economía y la reducción de importaciones de gas ruso para bajar la tarifa de la luz y posibiliten cumplir la senda de reducción de emisiones… Descarbonizar es más que un reto. Es un imperativo de tal magnitud que nada debiera dificultar el avanzar en la dirección debida de manera urgente y prioritaria.

Publicado en El Economista