Depende de todos implementar un plan de acción a largo plazo de manera eficaz.
La contundente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales americanas, dotándole de un control reforzado del Senado y Congreso, añade tensión al contexto de creciente competencia y rivalidad entre grandes potencias, el deterioro del multilateralismo, el retorno de la política industrial y la búsqueda de la reducción de dependencias estratégicas en medio de una transición energética y digital.
Europa, en este contexto, es cada vez más consciente de sus dependencias y vulnerabilidades externas en diversos ámbitos. En materia energética, la UE tiene una dependencia exterior del 62,5%. En el ámbito digital, el mercado de la nube europeo se ha multiplicado casi por cinco mientras el peso de sus proveedores locales en él se ha reducido más de la mitad. En el ámbito sanitario, China concentra el 80% de las importaciones extracomunitarias de activos para antibióticos. O en materia militar, EEUU es el destino del 62% del gasto europeo en material de defensa. Estas vulnerabilidades se han visto agravadas debido al estado de la Unión, donde la falta de avances en materia de integración, el exceso de burocracia y el aumento de fuerzas centrífugas, han limitado la capacidad de respuesta.
La UE, habituada a funcionar en un mundo cooperativo y basado en reglas, venía ya tratando de adaptarse a esta nueva realidad internacional que podría agravarse en este nuevo contexto americano. Así, las instituciones comunitarias han impulsado varias iniciativas para reducir los principales riesgos asociados a este contexto, asegurar la competitividad económica y mantener el liderazgo en sectores estratégicos, promoviendo un proceso de de-risking (diversificación y reducción de los riesgos de una excesiva interdependencia), pero evitando el llamado decoupling (desacople o disociación brusca), que podría agravarse en adelante.
De entre estas iniciativas, enmarcadas en la agenda de lo que denominamos Autonomía Estratégica Europea (uniendo así los términos de Autonomía Estratégica Abierta y Estrategia Europea de Seguridad Económica), destaca el impulso a la producción nacional (o diversificación geográfica) de bienes, servicios y materias primas; la limitación del control de actores rivales en compañías o sectores estratégicos; las restricciones a la exportación de productos sensibles a determinados mercados; la mejora de la eficiencia de recursos energéticos, agrícolas o sanitarios; la sustitución de materias primas y componentes por alternativas más sostenibles (y el fomento de su extracción, procesamiento y reciclaje en la UE); y la reorientación de la estrategia comercial europea, entre muchas otras.
Estas medidas tienen un evidente impacto potencial en el tejido productivo de la Unión, y a su vez requieren de su implicación para poder ser desplegadas de manera efectiva, por ejemplo, sin que estas iniciativas contribuyan a la fragmentación del Mercado Único o impacten negativamente en la competitividad externa de la UE.
De entre los desafíos que suponen estas iniciativas, destacan las disrupciones en las cadenas de suministro, el incremento de costes de producción que conllevan y la dificultad para acceder a financiación y talento cualificado para hacer frente a la doble transición energética y digital. Pero este nuevo contexto geoestratégico también presenta oportunidades como la diversificación de proveedores, el acercamiento de proveedores en el marco de los procesos de friendshoring y nearshoring, los nuevos instrumentos de financiación y defensa comercial o el despertar de una conciencia europea para avanzar en la integración de los mercados estratégicos (telecomunicaciones, energía, defensa y capitales) en la relajación de la regulación en materia verde y digital o en el impulso de una política industrial inteligente que potencie nuestra escala europea.
Ante la nueva configuración parlamentaria tras las elecciones europeas del pasado junio, y con numerosos debates a nivel nacional y comunitario sobre cuestiones trascendentales decidiéndose en los próximos meses, es necesario construir una posición robusta en relación con la Autonomía Estratégica Europea.
De acuerdo con el reciente estudio La empresa española ante la Autonomía Estratégica Europea de EY Insights, las mayores demandas de las empresas al sector público se centran en la consolidación de una mayor consciencia estratégica (con una serie de pactos de Estado que permitan una mejor planificación a medio y largo plazo), la reducción y armonización de la carga regulatoria europea, nacional y autonómica, y el incremento y mejora de la efectividad de la colaboración público-privada, clave para impulsar la transformación en todos los ámbitos de nuestro país, desde la industria y la energía hasta la innovación y el capital humano. A pesar del creciente grado de preparación por parte de todas las empresas entrevistadas, muchas señalan que la falta de un proyecto país que ponga de manifiesto nuestras prioridades e intereses nacionales dificulta la planificación estratégica, sobre todo en sectores que requieren un aumento paulatino de sus capacidades como la defensa, la energía y las tecnologías digitales. Además, muchas de ellas se enfrentan a un entorno regulatorio muy restrictivo, lleno de complejidades difíciles de entender para las empresas más pequeñas y duplicidades e irregularidades que aumentan a nivel autonómico.
La lista de demandas al sector público es larga y compleja, y las empresas también tendrán que formar parte de ese impulso transformador. En esencia, en el nuevo contexto mundial, la autonomía estratégica consiste en hacerse imprescindible para los demás como país y como empresa, pretendiendo no solo profundizar nuestras ventajas competitivas existentes sino también desarrollar nuevas en sectores de vanguardia que nos hagan imprescindibles para los demás.
De todos depende afrontar este nuevo panorama de manera eficaz y urgente implementando un plan de acción de largo plazo compartido entre los principales agentes políticos, económicos y sociales con una visión estratégica europea.
Publicado en elEconomista.