La UE ha articulado un ambicioso plan de ayudas para apoyar a los Países Miembros en su recuperación y, sobre todo, en su transformación.
Decía Phil Jackson, uno de los mejores entrenadores de baloncesto de la NBA, que los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando sus integrantes confían tanto en sus compañeros como para que prevalezca el "nosotros" sobre el "yo". Y traigo la cita a colación por el gran reto que la UE en general, y España en particular, tiene ante sí para salir de la profunda crisis que el COVID19 ha causado.
No hay referentes cercanos de un evento que haya generado un impacto tan devastador en nuestras vidas durante tanto tiempo y en tantos países, y donde la incertidumbre sigue siendo la tónica dominante a medio y largo plazo. La UE, en una decisión que no tiene precedentes cercanos, ha articulado un ambicioso plan de ayudas para apoyar a los Países Miembros a que la recuperación pueda ayudar también a transformar nuestras economías en torno a los grandes ejes definidos por la CE: transición justa y digitalización, fundamentalmente.
El Gobierno español, siguiendo las directrices fijadas por la CE, ha definido un plan de inversiones bien estructurado, ambicioso, y que representa una gran oportunidad para que España pueda transformar sus Administraciones Públicas e impulsar la transformación de sectores productivos de gran relevancia para nuestra economía; aprovechando un volumen de inversión nunca visto previamente (hasta 150.000 millones de euros en cinco años), y que inteligentemente gestionado supondría un antes y un después para nuestra economía y nuestra sociedad.
No obstante, pareciera que el foco y el debate se han centrado en las inversiones que se van a realizar, y hay aspectos adicionales, algunos de los cuales también se han incluido en el plan que el Gobierno remitirá a la CE, que son clave si queremos maximizar el impacto que estos fondos generen en nuestro país.
El primero de ellos es el conjunto de reformas legislativas que, deberían ser impulsadas por el Gobierno, y que garantizarían, por un lado, la sostenibilidad de las cuentas públicas, y por otro, la competitividad de la economía española. Y este es el primer aspecto en el cual la reflexión de Phil Jackson es oportuna. Solamente desde un amplio consenso parlamentario, privilegiando el “nosotros” sobre el “yo”, es factible que hagamos las reformas que nuestra economía necesita, y que trasciendan más de una legislatura.
Cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, de unidad de mercado, de reducir la dualidad del mercado laboral, de acercar la formación al entorno laboral, de mejorar la cualificación y la productividad de nuestro capital humano, nos referimos a reformas de calado que requerirían de un ejercicio de generosidad por parte de todos. Solamente desde un amplio consenso sobre el diagnóstico, pero también sobre las medidas a tomar, aseguraremos que el paquete de reformas que acompañen al plan tenga la misma vigencia que el periodo de ejecución de este, es decir, que perdure como mínimo hasta agosto de 2026. La capacidad de consenso en las áreas anteriormente mencionadas será determinante, también, para fraguar una política económica adecuada que nos permita competir con las economías de nuestro entorno.
El segundo aspecto sobre el que me gustaría llamar la atención es la necesaria colaboración entre el Gobierno, las Autonomías y los entes Locales en el despliegue de las iniciativas que, incluidas en el plan que el Gobierno enviará a Bruselas, necesitarán ser trasladadas a licitaciones concretas de compra pública de bienes y servicios, o convocatorias de ayudas y subvenciones. De nuevo debiera prevalecer el “nosotros” sobre el “yo”. España es un país altamente descentralizado, pero nuestras prioridades estratégicas como país deben ser fijadas por la Administración General del Estado, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le otorga de determinación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Eso sí, en el marco de un leal y constructivo diálogo con las CCAA y CCLL, quienes están llamados a ejecutar buena parte de los fondos.
La proliferación de proyectos de giga factorías de baterías es un buen ejemplo de la necesidad de articular mecanismos de coordinación y alineamiento “fuertes” a nivel central, para evitar dilapidar miles de millones satisfaciendo los intereses de los diferentes gobiernos regionales que tenemos en España. Esto no significa que las CCAA y entes locales, no jueguen un rol relevante, pero siempre alineado y coordinado con los Ministerios que han elaborado el plan.
Por último, y acordándonos de nuevo de Phil Jackson, la ejecución del plan y de las reformas solamente tendrá éxito si profundizamos en los mecanismos de comunicación y colaboración entre el Estado y los diferentes sectores empresariales. Desde EY nos consta que ha habido un diálogo muy fluido entre Ministerios y sectores de actividad en la elaboración del plan, que ha ido además adquiriendo carácter más formal con las diferentes manifestaciones de interés que se han lanzado desde los ministerios.
Esos mecanismos de comunicación y colaboración seguirán siendo fundamentales en un plan cuya ejecución se va a extender durante cinco años. Porque es clave asegurar que los impactos de todas las inversiones que estos fondos van a incentivar nos sirven para seguir desarrollando y transformando los sectores estratégicos para nuestra economía, para ir incrementando el tamaño medio de nuestras empresas, y para asegurar el correcto desarrollo y formación de nuestro capital clave: el capital humano.
Nos estamos jugando la España que dejaremos a las generaciones futuras. No podemos fallar.
Publicado en Cinco Días
