Las pensiones de la próxima generación

Preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones no es sólo cuestión de necesaria disciplina presupuestaria, sino es una obligación moral.

Una de las pocas oportunidades que ha traído consigo la pandemia está siendo una declarada intención de atender los retos a los que se enfrenta la próxima generación. Al tiempo que se pretende atender y vacunar a la población y proteger al tejido productivo y los trabajadores de las consecuencias económicas y sociales del Covid-19, las instituciones comunitarias pretenden impulsar la transformación de la economía europea a través de reformas e inversiones de la mano de NextGeneationEU. Sin embargo, de poco servirá a las próximas generaciones una Europa más renovable y digital, si no tienen un empleo adecuado hoy y una pensión suficiente mañana.

Por ello aciertan las Instituciones Comunitarias al establecer en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia una clara condicionalidad de la asignación de fondos para financiar inversiones a la aprobación de reformas estructurales que aborden los principales retos identificados en el marco del proceso de coordinación de políticas económicas denominado Semestre Europeo. Regar con fondos europeos hoy a los estados miembros sin exigir que al tiempo implementen reformas que mejoren nuestra capacidad de competir, generar riqueza y financiar nuestro modelo de bienestar, es como llenar de agua unas cañerías repletas de agujeros.

Es hora de reparar las cañerías que configuran nuestra estructura económica y social y permitir que los fondos europeos que transiten por ellas sirvan para financiar inversiones productivas en un mercado competitivo y un modelo de bienestar que podamos sostener. NextGenerationEU es una oportunidad para ello que no podemos dejar pasar. Quizá la última que tengamos en lustros.

El citado reglamento exige que los estados miembros comprometan reformas conducentes al cumplimiento de las Recomendaciones Específicas emitidas por el Consejo Europeo a cada Estado miembro desde 2019 que sigan incumplidas a día de hoy. Dos de ellas afectan de manera directa la próxima generación; reducir la excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, que afecta de manera especial a los jóvenes en nuestro país, y preservar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

Abordaremos en un próximo artículo con precisión qué medidas concretas recomienda el Consejo a España en materia laboral, y qué ha comprometido el gobierno en el Plan de Recuperación. En este nos enfocaremos en qué demanda en materia de pensiones.

El documento de Recomendaciones Específicas que emitió el Consejo Europeo en 2019, y que fue asumido por el propio Gobierno de España, establece en materia de pensiones que “las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo”. Pero añade, “no obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”. Lo cual lleva a recomendar a España “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

En febrero de 2020, y en revisión de los avances que en la materia se habían dado desde España, el “Staff Working Document” de la Comisión Europea dedicado a España, constataba que “no se han dado progresos en la sostenibilidad del sistema de pensiones” e indicaba que “la vinculación de las pensiones a la inflación anunciada por el nuevo gobierno de coalición en su programa podría conducir a un aumento del gasto en pensiones para 2050 de alrededor del 4% del PIB”. Añadía, a su vez que “el nuevo gobierno también ha anunciado su intención de eliminar el mecanismo de sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 destinado a ajustar el nivel inicial de pensiones a los cambios en la esperanza de vida”, lo cual, “según estimaciones preliminares de los servicios de la Comisión, añadiría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones a largo plazo”. Todo ello llevaba a la Comisión a concluir que “la eliminación de ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, a menos que se adopten medidas compensatorias”.

No implementar hoy esas medidas compensatorias recomendadas por el Consejo – e, insisto, comprometidas en 2019 por el propio Gobierno de España, el mismo que tenemos hoy, que las respaldó – no sólo en el corto plazo pondría en riesgo la llegada de los fondos NextGenerationEU prometidos, y comprometería la credibilidad de nuestras finanzas, sino que en el largo plazo supondría un agravio más para la próxima generación.

Tras atravesar una carrera laboral más volátil y peor retribuida que la generación que la precedió, tendría que hacer frente a la carga de la deuda heredada de aquella recibiendo una pensión menor.

Así, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones no es sólo cuestión de necesaria disciplina presupuestaria, sino es una obligación moral con la próxima generación.

Publicado en ABC Sevilla