El empleo de la próxima generación

Urge construir un seguro individual de empleo en beneficio de los más vulnerables, en especial los jóvenes.

Concluíamos hace semanas en esta misma tribuna que tenemos la obligación moral de tomar medidas para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones para evitar que, tras atravesar una carrera laboral más volátil y peor retribuida que la generación que la precedió, los jóvenes tengan que hacer frente a la carga de la deuda que heredan de aquella recibiendo una pensión menor.

Y ya avanzábamos también entonces que, al tiempo que abordamos el futuro de los jóvenes, urge atender también su presente. Y, por ello, es prioritario corregir las anomalías persistentes de nuestro mercado de trabajo, que impactan con especial crudeza en los más jóvenes.

La tasa de paro juvenil duplica la general y más del 50% de los jóvenes que trabajan lo hacen en el marco de una contratación temporal, casi el doble de la tasa general. A su vez, el salario medio de los jóvenes ya era antes de la pandemia un 12% inferior del registrado 10 años antes, y la duración media de sus contratos se ha reducido durante ese mismo período en un mes.

En ese contexto, que, lejos de mejorar, se ha deteriorado con el paso del tiempo, difícilmente los más jóvenes pueden diseñar, y menos aún construir, un proyecto propio de vida.

Los fondos europeos del nuevo periodo de programación suponen una nueva oportunidad para enfrentar esta situación, que quizá no volvamos a tener en las próximas décadas. Europa pone a disposición de España casi cuatro veces más fondos que en la anterior programación. Y exige a cambio de los 140.000 correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad de nuestro país y reducir la brecha de desempleo con el resto de países de la UE.

De acuerdo con el Reglamento del citado fondo, y las Recomendaciones Específicas para España en el marco del semestre europeo, España debe favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en beneficio de los colectivos más vulnerables, en especial los jóvenes, que tienen menos derechos a la percepción de prestaciones sociales y están expuestos a un mayor riesgo de pobreza.

Y por ello, acertadamente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno de España a Bruselas contempla inversiones para atajar el desempleo juvenil que superan los 750 millones de euros, un Plan de empleo juvenil, y, entre otras medidas, una simplificación de la regulación de los contratos de trabajo.  Sin embargo, el propio informe España 2050, presentado recientemente, destaca que “las diferencias en términos de costes extintivos entre contratos temporales e indefinidos, y las dificultades para establecer las causas objetivas de despido en las relaciones laborales indefinidas también han incentivado el recurso a la contratación temporal”. Así, más allá de seguir avanzando en la mejora de la flexibilidad del marco de relaciones laborales, como indica el propio documento, y en contra de los compromisos de derogar los elementos nucleares de la reforma laboral de 2012, procede abordar medidas más ambiciosas que las contempladas para reducir esta dualidad.

Con ese propósito, en su último Informe Anual, el Banco de España instaba a reducir urgentemente la temporalidad del mercado de trabajo, entre otras medidas, a través de la implantación de un mecanismo de cuentas individuales – asimilable al denominado «fondo austríaco»  - que permita acercar las condiciones laborales en la extinción de contratos de los trabajadores temporales e indefinidos entre sí. Una dualidad que implica que los ajustes de empleo tiendan a recaer hoy, fundamentalmente, en aquellos trabajadores con menores derechos adquiridos, esencialmente los más jóvenes, al corresponderles una menor indemnización por despido, como consecuencia de la antigüedad que han acumulado en su puesto de trabajo y del tipo de contrato que mantienen. Bajo este sistema, las empresas contribuyen todos los meses a un fondo a nombre del trabajador, que este puede recuperar cuando se produce una pérdida involuntaria del empleo —ya sea como consecuencia de un despido o de la finalización del contrato—.

Más de 10 años después de la firma del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones firmado el de 2 de febrero de 2011, que mandataba la constitución antes de junio de 2011 de un fondo de capitalización para los trabajadores, similar al propuesto por el Banco de España, la necesidad de cumplir ese mandato es más evidente aún. Y, a diferencia de entonces, concurre una circunstancia adicional, de gran relevancia, que podría facilitar su aprobación; recursos comunitarios para acompañar reformas estructurales, procedentes del Fondo Next Generation EU y otros fondos comunitarios, que podrían utilizarse para financiar, al menos transitoriamente, las aportaciones empresariales necesarias para equiparar los costes de indemnización.

Toda una oportunidad que no debemos dejar escapar. Urge ampliar la ambición de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de empleo juvenil, considerando, entre otras medidas, la constitución de ese fondo de capitalización o seguro individual de empleo, que refuerce la protección de los trabajadores y reduzca la dualidad de nuestro mercado laboral, en beneficio de los más vulnerables, en especial, los trabajadores jóvenes.

Publicado en ABC Sevilla