Impuestos y descuentos para carburantes

El Gobierno ha aprobado el RDL 6/2022 para evitar que la inflación ponga en riesgo la supervivencia de empresas y genere presiones en los costes y precios de la economía

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está agravando el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde 2021, fundamentalmente causada por los cuellos de botella en las cadenas de producción que se han generado con la acelerada recuperación económica causada tras la pandemia. El conflicto en Europa ha intensificado la escalada del precio del gas y del petróleo, que, a su vez, está generando una tasa de inflación que no veíamos hace décadas; algo que el consumidor español puede ver en el precio de un gasoil por debajo de un euro durante la pandemia -entonces a causa de una crisis de demanda- y que ha tocado los dos euros hace apenas unos días.

El ascenso del precio de los carburantes ha provocado que la compra de gasoil suponga ya más de un 30% de los costes para los transportistas por carretera; o que el fuel del transporte marítimo haya sufrido subidas de hasta el 30% teniendo en cuenta que supone el 80% del total de gastos de explotación de un buque.

Con objeto de tratar de hacer frente a la situación, el Gobierno aprobó la semana pasada el RDL 6/2022 que trata de evitar que las tensiones de liquidez asociadas a la inflación pongan en riesgo la supervivencia de empresas viables y generen presiones en la estructura de costes y precios de la economía.

Entre las mismas, y con un coste previsto de 1423 millones, destaca la bonificación en el precio del carburante hasta, inicialmente, el próximo 30 de junio, que lejos de aprobarse de forma selectiva para el sector del transporte, amortiguará la subida de precios a todos los consumidores, con objeto de reducir el impacto de un conflicto bélico que nos afecta a todos.

Pese a la existencia de otras vías más rápidas, como la apuración de los límites que las Directivas europeas nos dan para rebajar el impuesto sobre hidrocarburos o el IVA, con esa misma temporalidad, el Gobierno ha optado por una vía más compleja, y que no ha sido consensuada previamente con el colectivo que tiene que garantizar su viabilidad, como es el de las gasolineras.

Dicho colectivo, formado por más de 11.000 establecimientos, resulta el encargado de que todos los consumidores podamos obtener un descuento de veinte céntimos menos por litro -ya sea gasolina, gasoil, gasóleo agrícola, o incluso AdBlue -, o hasta veinticinco (o más) céntimos por litro, si los grandes operadores con capacidad de refino en España deciden ofrecer el descuento de otros 5 céntimos por litro en sus redes de estaciones de servicio que el gobierno les invita a dar, con el riesgo -en caso contrario- de que queden sujetos a una prestación patrimonial -una suerte de impuesto- de ese mismo importe, que se les exigiría en base al artículo 21 del Real Decreto-ley.

En el primer caso, la bonificación de veinte céntimos será una subvención vinculada al precio que no minorará el IVA satisfecho -al formar parte de su base imponible- ni tampoco el impuesto específico sobre los hidrocarburos. Con ello, la recaudación tributaria se mantendrá estable, si presumimos que la detracción del consumo por la crisis y las subidas de precio se compensará con este incentivo.

Por el contrario, el descuento voluntario ofrecido por los grandes operadores, adicional a esos primeros 20 céntimos, tendrá la consideración de descuento comercial y, por ello, incidirá en un menor IVA, que será proporcional a esa rebaja adicional.

Parte esencial del sistema son pues los titulares de las gasolineras, colaboradores con la Hacienda Pública, que no sólo resultan obligados a instrumentar en factura la bonificación, sino a adelantar el coste de la medida, salvo que hagan uso de la posibilidad que ya han habilitado desde la Agencia Tributaria para solicitar el anticipo a cuenta de hasta un 90% de su volumen medio mensual de ventas, antes del 15 de abril.

Además, esos mismos colaboradores deberán presentar mensualmente ante la Administración tributaria -estatal o foral-, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior con la que irán regularizando su situación. Esa devolución financiada por el Estado será en todo caso de 20 céntimos por litro, incluso en el caso de estaciones de servicio de REPSOL, CEPSA o BP que hayan aplicado, a su costa, el descuento adicional de al menos 5 céntimos por litro al consumidor final.

Para todo ello, eso sí, la norma se asegura que la devolución se efectúe solo si es perfectamente visible para el consumidor, al que hay que dejar constancia de que la rebaja aplicada es una decisión del Gobierno de España.

Publicado en Expansión