Las empresas necesitan ser más competitivas, comprometidas con la sostenibilidad, los desafíos sociales y los valores de las nuevas generaciones.
Comienza 2022. Y a falta de conocer el barómetro del CIS de enero, la mayor preocupación del año volverá a ser la pandemia y sus efectos sobre la salud, la economía y el empleo, que ya protagonizaron los resultados de la encuesta de diciembre, cuando no nos encontrábamos aún en plena sexta ola. En ese contexto, la única certeza es que -como cada uno de los últimos 22 de meses- comienza repleto de incertidumbres.
Conviene, por ello, reflexionar sobre las grandes tendencias económicas en las que Andalucía -como el resto de España-, se encontrará inmersa, y que deberían servir como retos respecto de los que nuestros candidatos en las próximas elecciones autonómicas deberían ofrecernos alternativas serias para afrontarlos. Porque 2022 será un ejercicio crucial para la nuestra, pero también para la siguiente generación, tanto por lo que nos jugamos ante la oportunidad de transformación que suponen los fondos Next Generation como por la complejidad de un escenario que no deja de convulsionar con cada nueva ola de la COVID-19.
Aun queriendo pensar que esta ola causada por la variante ómicron sea la última de la pandemia, dados los antecedentes históricos en los que una variante muy contagiosa y menos nociva ha sido siempre la que ha abierto la puerta de la fase de endemia, debemos estar preparamos. Tanto en el caso de que sea así como de que no, la respuesta desde las empresas deberá abrir una ventana de oportunidad para impulsar la recuperación y construir sociedades más equitativas y resilientes -que frenen la creciente desigualdad y ayuden con ello a rebajar los extremismos-, en un contexto de avance desigual de la vacunación a nivel mundial.
Muy relevante será el ciclo alcista de costes en el comercio internacional, alimentado por cuellos de botella en las cadenas de suministro y un extraordinario incremento de los precios energéticos y de las materias primas -con una inflación más alta y duradera de lo esperado, que han llevado los precios en el último mes de 2021 a un crecimiento del 6,7% en tasa anual, respecto de las se espera que minore su intensidad en el segundo semestre -. Un escenario que podría frenar la recuperación y elevar el riesgo de un endurecimiento prematuro de las condiciones de financiación en general, con consecuencias especialmente graves para España, dado nuestro alto endeudamiento público. Si se despejan estos frentes, el rebote de la economía podría ser intenso y sostenido, a lo que podría contribuir la aceleración del despliegue de las reformas e inversiones por la que aboga el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Si España cumple con la generalidad de los hitos y objetivos ligados a las reformas e inversiones comprometidos hasta final de año, habrá cumplido casi la mitad del Plan y agilizará sustancialmente su impacto en el crecimiento del PIB, al contrario de lo que hemos visto en 2021. Este nuevo año se estrena con la entrada en vigor de importantes reformas que determinarán nuestra capacidad de competir como país, como la laboral -que nos permitan aspirar a una mayor flexiseguridad- y de pensiones. Y con importantes proyectos en curso para el dinamismo y competitividad empresarial, como la Ley de Start Ups, la Ley de Ciberseguridad y 5G, la Ley Concursal o la de Formación Profesional.
Por el contrario, la inminente presentación de las conclusiones del denominado “Comité de personas expertas para la reforma fiscal” hará una llamada al incremento de la presión fiscal que podría llegar a poner fin a la reciente práctica desaparición en Andalucía del impuesto sobre sucesiones o proveernos, contra toda lógica, de una mayor fiscalidad para la empresa familiar, motor de nuestra economía. Incrementos que se unirían al ya vigente tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades y a próxima entrada en vigor de los impuestos ambientales sobre gases fluorados, envases de plásticos y residuos. Este esfuerzo fiscal para las compañías, el aumento de las cotizaciones sociales para sufragar la mejora de la suficiencia de las pensiones, o la presión al alza en costes salariales en la negociación colectiva, también podrían suponer un freno al impulso de la recuperación y a la capacidad empresarial de incrementar su competitividad en un contexto de glocalización. Es decir, de adaptación de los patrones globales a las condiciones locales.
Todo un reto para un tejido empresarial que en 2022 seguirá centrado en digitalizar sus procesos e innovar en sus productos y servicios -con una decidida apuesta por la inteligencia artificial-; retener y atraer el talento ante la llamada Gran Dimisión que acompaña a esta crisis; reforzar sus capacidades financieras y operativas; fortalecer sus cadenas de suministro y mejorar su logística, al tiempo que aumentar el creciente compromiso empresarial con la sostenibilidad ambiental y social.
Es clave conocer el impacto de nuevas tendencias del consumidor que demanda -además de redes omnicanal- más sostenibilidad, tanto en el sector agroalimentario como en general el retail; la descarbonización en el sector industrial; el reto del hidrógeno verde; el despliegue de las criptomonedas, las fintech, y los nuevos modelos bancarios; el nuevo modelo de oficinas y la mayor concentración del sector promotor; la movilidad sostenible, segura y conectada; o el dimensionamiento y los nuevos retos del sector turístico que primará un marco más seguro.
Las empresas necesitan incrementar su competitividad -con la digitalización e innovación como palancas-, comprometidas con la sostenibilidad, los desafíos sociales y los valores de las nuevas generaciones de consumidores. Así debemos encarar la recuperación económica, procurando, especialmente en el caso andaluz, ganar en tamaño. No hay tiempo que perder.
Publicado en ABC Sevilla