Preparen los bolsillos

Previsiblemente, nuestro país recuperará el PIB pre-covid a mediados de 2023, meses después que la mayoría de los países de nuestro entorno.

El ritmo de salida de la crisis económica generada por la pandemia -que aún sigue generando cierta incertidumbre- nos permite confirmar algo que ya conocíamos desde hace meses y es que la mayoría de los países de nuestro entorno recuperará el PIB pre-covid meses antes que nosotros -que lo haremos previsiblemente a mediados de 2023-. En su caso, entre otras cosas, por disponer de unas finanzas públicas más saneadas, que les permiten desarrollar políticas públicas de mejora de la liquidez para el emprendimiento y para las familias a través de la reducción de la presión fiscal. Lo vemos en países como Alemania, Italia y Francia de un lado, o Portugal y Grecia, de otro, confirmando la teoría de que las mismas serán un instrumento clave de la recuperación.

En ese contexto, las dificultades casi estructurales de nuestras finanzas, que se materializa cada año en los Presupuestos Generales de Estado, acentuadas desde 2018 con las políticas fiscales del Gobierno de España, nos permiten advertir que la inyección de los manidos fondos Next Gen tendrá, en el caso de nuestro país -como contrapartida exigida por las autoridades europeas- diversas reformas de contenido tributario, ya avanzadas en el plan de recuperación. Y junto a ellas, otras estructurales de mucho calado, que deberían materializarse a lo largo de 2022 y 2023 tras la presentación de las conclusiones del llamado Comité de personas expertas para la reforma fiscal. No duden, además, que pese a las promesas de nuestro Ministerio de Hacienda, las mismas afectarán a las clases medias (i) al grabar, a corto o medio plazo, los combustibles y carburantes, los consumos de plásticos y la generación de residuos, el uso de autovías y autopistas, la actividad digital, (ii) al subir las cotizaciones, (iii) al reducir los incentivos hasta ahora existentes a los planes de pensiones, determinadas plusvalías, la tributación conjunta o (iv) al eliminar tipos reducidos en el IVA, o al sujetar a tributación patrimonios o herencias familiares hasta la fecha exentas de los impuestos patrimoniales. Sin obviar el incremento de la presión sobre la empresa y, por ende, su menor competitividad.

No seré yo quien discuta, cuando no quepa reducir gasto público, orientar una mayor fiscalidad hacia la conveniencia de pagar más por determinados servicios públicos en forma de mayores tasas o de aplicar el principio “quien contamina paga” en la actualización de los impuestos medioambientales. O de una cierta armonización en la imposición patrimonial. Pero sí quien haga una clara apuesta por el multilateralismo y por el europeísmo para demandar la máxima coordinación posible con nuestros socios europeos. Anunciar a destiempo -a la velocidad del tweet- que seremos los primeros en aplicar el tipo mínimo del 15% del impuesto sobre sociedades u otras subidas de impuestos, mientras nuestros vecinos los bajan, hace que desafinen la música y la letra de la necesaria armonización.

Hace unos días, tuve ocasión de reclamar en el Comité fiscal del Parlamento Europeo el citado multilateralismo en el ámbito tributario. No debemos olvidar que la política fiscal es el mejor de los instrumentos de la política económica, y que si desentonamos de nuestros socios, el inversor se dejará seducir por otros cantos más afinados que le den más rentabilidad y más seguridad, que es -justo- lo que no damos con tantos cambios y anuncios que, en muchas ocasiones, ni siquiera se materializan.

En este punto, es justo destacar -dentro del muy limitado margen de las Comunidades Autónomas-, cómo Andalucía ha sabido -con un trabajo técnico muy bien afinado por el orgulloso equipo que dirige la Consejería de Hacienda- armonizar su mensaje, destacando durante los últimos años suaves bajadas de impuestos que van calando en el mundo empresarial. También la intención de reducir trámites burocráticos, que lamentablemente siguen siendo insuficientes para permitir la materialización de muchos proyectos de inversión, por muy estratégicos que se califiquen. Insistiendo en que los tributos propios apenas suponen el 1% de su presupuesto de ingresos y que en materia de tributos cedidos el margen es muy estrecho, Andalucía ha aprobado, con un mensaje más alineado con nuestros vecinos europeos que el del Gobierno de España, políticas fiscales favorecedoras del crecimiento económico de sectores clave. Pero también, y al mismo tiempo, potenciado en nuestro sistema elementos redistributivos contra la despoblación o políticas ambientales de retención del talento con la mejora de los tramos de IRPF o la mejora de la sucesión en la empresa familiar.

Harían bien nuestros mayores en ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales como las reformas estructurales a desarrollar en el ámbito nacional o en la mejor gestión de los Fondos Europeos, como también en la aprobación de los Presupuestos Autonómicos. Trasladarían con ello un mensaje serio, no sólo de moderación, sino también de que existe, en España y en Andalucía, un proyecto de país.

Los dos próximos años serán determinantes para nuestra generación y previsiblemente la base sobre la que tendrán que trabajar las generaciones venideras. Los fondos europeos nos ofrecen grandes oportunidades que, por supuesto, también tendrán importantes sacrificios -y entre ellos muchos de carácter fiscal-. Nada es gratis, pero el esfuerzo merecerá la pena si lo hacemos entre todos y para todos.

Artículo publicado en ABC de Sevilla