¿Es posible que, en los próximos años, las empresas deban acreditar su desempeño en materia de sostenibilidad, tanto para captar recursos propios (emisor) como para obtener recursos ajenos (deuda)?
Con esta pregunta fue lanzado el pasado 20 de abril el nuevo espacio de colaboración entre la Fundación SERES e EY, dedicado a la promoción del diálogo entre todos los actores del nuevo mercado financiero, que contempla la financiación verde y la inversión sostenible.
El punto de partida de la colaboración bilateral trata de aliviar la confusión que rodea esta nueva filosofía de inversión desde el punto de vista no solo de la nomenclatura, sino en lo relativo a los roles que cada actor ha empezado a ejercer en el nuevo marco, así como las interrelaciones que se dan entre ellos. Asimismo, las responsabilidades de cada profesional en el seno de las compañías también se han redefinido en un nuevo escenario en el que financiadores, accionistas e inversores han comenzado a integrar plenamente en sus valoraciones el desempeño no financiero de las compañías.
Este contexto se suma al complejo momento macroeconómico al que la economía mundial se enfrenta. Las previsiones de caída del PIB en todo el planeta, así como las subidas en las tasas de desempleo y la incertidumbre que rodea el futuro derivado de la crisis del Covid-19, eleva las necesidades de financiación en el corto y medio plazo. Si bien hasta ahora el aspecto medioambiental había sido el más integrado, medido y estandarizado históricamente a la hora de calificar empresas bajo criterios ESG, 2020 ya está siendo interpretado por la comunidad inversora mundial como el año en el que la S del aspecto Social de las actividades empresariales cobrará un mayor protagonismo en el análisis de inversiones.
Entre los escasos puntos de acuerdo que existen alrededor de la práctica de la financiación verde (bonos, préstamos, líneas de crédito) y la inversión siguiendo criterios responsables (que ejercen inversores institucionales, fondos temáticos y de impacto, pequeños accionistas, etc.), se encuentra la necesidad que todos detectan de promover una mayor comunión entre todos los actores involucrados, a saber: emisores, inversores, entidades financieras, regulador, verificador, proveedores de datos, etc. Solo a través de una activa colaboración multilateral, se podrá lograr un criterio común, homogéneo y riguroso a la hora de operar en este nuevo escenario.