Abogados y ChatGPT: debemos actualizar el Código Disciplinario del Abogado en Colombia

Debemos que nuestros profesionales en derecho en Colombia estén en capacidad de responder a las exigencias del uso de tecnologías de información

En resumen

• Es hora de actualizar el Código Disciplinario del Abogado y exigir que todos nuestros profesionales en derecho, estemos a la altura de las circunstancias que nos exige el contexto actual.

Steven Schwartz es un abogado neoyorquino con más de 30 años de experiencia profesional y se hizo mundialmente famoso cuando el pasado 26 de mayo se conoció un escrito que presentó ante un juez federal de los Estados Unidos en donde argumentaba sobre la viabilidad de una demanda promovida por él como apoderado judicial de la parte demandante en contra de Avianca.

En el escrito presentado el abogado enumeraba más de seis sentencias sobre casos anteriores y que permitían justificar porque su demanda no solo no debía ser desestimada en la etapa inicial, si no que el caso completo debería ser examinado con todo el nivel de rigurosidad y el proceso debería continuar con todo el curso en la Corte.

Hasta aquí, esta historia no tiene nada de especial y podría ser simplemente la historia de una demanda más, excepto por una cosa: ninguna de las sentencias que el veterano abogado presentaba como jurisprudencia válida para su caso existían realmente.  Todas ellas habían sido inventadas por ChatGPT.

¿Qué pasó? Al haber sido reconvenido por el juez del caso y los abogados de la contraparte sobre la veracidad de las sentencias enumerabas como jurisprudencia, Schwartz confesó que usó la plataforma de inteligencia artificial para agilizar la búsqueda de información para su caso y en su defensa mencionó que le preguntó a la herramienta si estaba segura de que los casos eran reales a lo que ChatGPT posiblemente respondió algo como: “Claro que sí. Confía en mí.”

Difícilmente podríamos decir que se trata de un error por inexperiencia, aunque sí quizás por ingenuidad o, peor aún si nos queremos poner más estrictos, negligencia por desconocimiento.

Este es un ejemplo más de la distancia que aún tenemos entre, por un lado, la conversación sobre el uso de tecnologías emergentes y, por el otro, la conversación sobre el ejercicio efectivo de la profesión de abogado, ejercicio que al parecer aún se resiste a conectarse de forma ágil y eficiente con el contexto social y tecnológico actual.

Como lo mencionaba Carmen Cecilia Diz Muñoz, exvicepresidenta de Acofade, en un artículo de 2019 sobre la idoneidad de la ley que crea el examen de estado para el ejercicio de la profesión de abogado (ley 1905 de 2018) los cambios que necesitamos en el ejercicio profesional del derecho no deberían ser productos de exigencias normativas, si no más bien sobre cambios culturales impulsados desde la academia, incluso desde la etapa de formación de los abogados en derecho.

Robustecer el ejercicio jurídico actual

Lamentablemente, hemos llegado a un punto tal de desconexión entre el ejercicio profesional del derecho y el contexto social y tecnológico actual que me temo que la única forma efectiva de promover ese cambio cultural es precisamente por medio de una normatividad mucho más estricta cuando se trata del rol del abogado en la sociedad.

Necesitamos robustecer los requisitos que habilitan el ejercicio jurídico actual. Este cambio no da espera a que, desde la academia, quizás, se contextualice y enseñe a los abogados sobre el correcto uso de tecnologías de información. Y digo quizás porque aún en Colombia es raro encontrar programas de pregrado en derecho en donde la enseñanza de habilidades mínimas en tecnología sea un componente obligatorio en la formación.

El ejercicio de la profesión de abogado en Colombia se viene regulando desde 1928 con la ley 62 del 16 de octubre de ese año, posteriormente derogada por el decreto-ley 196 de 1971 y esta, a su vez, derogada parcialmente por la ley 1123 de 2007. En ninguna de estas normas se establece una obligación concreta de actualización permanente, tampoco un periodo de vigencia de la tarjeta profesional o la necesidad de tomar un examen de recertificación cada cierto tiempo para demostrar que aún se cuenta con la idoneidad del profesional en el ejercicio de la abogacía.

Se que puede sonar estricto, y sin duda lo que voy a mencionar puede traer consecuencias no deseadas como una menor oferta de abogados en el mercado, pero si queremos garantizar ahora y en el futuro cercano, que nuestros profesionales en derecho en Colombia estén en capacidad de responder a las exigencias del uso de tecnologías de información, es necesario entonces hacer más estrictas los requerimientos mínimos que deben tener nuestros profesionales para entrar al mercado laboral.

¿Por dónde empezar?

Dejo aquí algunas ideas para iniciar este debate nacional:

• Esta es la oportunidad para reglamentar el examen del que habla la ley 1905 del 2018 y que a la fecha sigue sin ser aplicado.
• El examen debe habilitar el ejercicio de la profesión por cierto tiempo (tres, cinco o seis años, por ejemplo). Pasado este tiempo, debe tomarse nuevamente.
• El examen debe considerar al menos dos partes: (i) una general de ejercicio profesional y en donde se evalúen, por ejemplo, las habilidades del profesional para entender el funcionamiento de algunas tecnologías emergentes como ChatGPT y no repetir la historia de Schwartz; y (ii) una especifica por área de práctica del derecho para asegurarnos que no estamos “midiendo a todos con la misma vara” en donde no hace sentido hacerlo, por ejemplo, si a mí me evaluaran por mis conocimientos en derecho penal me temo que pronto vería revocada mi tarjeta profesional.
• Se puede plantear como alternativa para hacer menos estricta la carga del examen de convalidación que el profesional pueda demostrar que ha tomado cursos por un número mínimo de horas y que a su vez dichos cursos deben contener las materias mínimas a evaluar en el componente general. Si ha aprobado los exámenes de estos cursos, estos podrían contar hasta cierto porcentaje de cara a la calificación mínima exigida en el examen de convalidación.

Es hora de actualizar el Código Disciplinario del Abogado y exigir que todos nuestros profesionales en derecho, los que están por graduarse y los que ya llevamos algunos años de ejercicio profesional, estemos a la altura de las circunstancias que nos exige el contexto actual.

A pesar de estos desafíos, las oportunidades que ofrece la GEN-AI para la manufactura avanzada son enormes. Las empresas que implementen esta tecnología estarán mejor posicionadas para competir en el mercado global, aumentar su productividad y ofrecer productos y servicios más innovadores y personalizados.