Cómo agilizar la llegada de los fondos europeos

La voluntad política de poco sirve sin una Administración bien articulada que lleve a cabo las políticas de manera eficiente.

Una vez aprobado definitivamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se plantea el reto de su ejecución. Ese desafío tiene dos facetas principales: por una parte, la política, consistente en la aprobación de las reformas comprometidas y en el impulso estratégico de las ayudas a las inversiones; por otra parte, la de gestión, centrada en que la Administración tramite los procedimientos adecuados para incentivar las inversiones de una manera rápida y eficaz.

En este ámbito, la gestión administrativa resulta clave, aunque suele recibir menos atención dado su carácter rutinario. Así, no puede obviarse que, en un Estado de derecho, la voluntad política de poco sirve sin una Administración bien articulada que lleve a cabo las políticas de manera eficiente y conforme con la legalidad.

Por ello y con el fin de que los fondos Next Generation EU sean una verdadera palanca de cambio, debe partirse de la magnitud cuantitativa del reto que supone la implementación de las inversiones y reformas previstas.

En este sentido, prácticamente las mismas estructuras administrativas con las que ya contábamos van a tener que tramitar un volumen relevante de actuaciones adicionales a las cotidianas durante varios ejercicios seguidos.

Todo apunta a que será necesario un esfuerzo hercúleo por parte de las estructuras administrativas. Al respecto, cabe señalar que la Administración central se dotó de reglas de flexibilización y agilización mediante el Real Decreto-ley 36/2020 y varias administraciones autonómicas también han adoptado iniciativas similares.

Sin embargo, las previsiones abstractas en ningún caso son condición suficiente para que una Administración ejecute de manera rápida y eficaz la tarea que se le encomienda. Por ello, resultará necesaria audacia en la búsqueda de soluciones que permitan sacar el mejor partido a las estructuras de las que dispone el sector público.

Para poder canalizar el mayor volumen de fondos posible, resulta razonable prever que las convocatorias busquen tener muchos beneficiarios o un gran importe por beneficiario.

Con carácter general, cabe señalar que otorgar subvenciones cuantiosas plantea problemas derivados de las limitaciones a las ayudas de Estado y de la necesidad de seleccionar las iniciativas que más merezcan la ayuda, mientras que otorgar subvenciones masivas plantea problemas derivados del volumen de documentación que resulta necesario producir y procesar.

En este sentido, la tramitación de los procedimientos masivos es la mejor opción para mejorar en términos de eficiencia si se logra a través de una organización que supere las limitaciones tradicionales. En particular, nos referiremos a las iniciativas relativas a la automatización y al otorgamiento de subvenciones en especie.

La vía evidente para lograr una tramitación eficiente y con pocos errores de los procedimientos masivos de otorgamiento de subvenciones consiste en su automatización.

Para ello, resulta imprescindible que tal circunstancia esté presente desde el diseño de las convocatorias, tanto en los requisitos exigidos como en la forma de acreditarlos. No en vano, la velocidad de tramitación de un procedimiento vendrá dada por el trámite más lento. Por lo tanto, la automatización parcial, aunque descargue un gran volumen de trabajo manual, no permite mejoras tan llamativas en la velocidad de tramitación del proceso completo.

En este sentido, se aprecia la necesidad de una reforma legislativa que permita primar las autorizaciones de comprobación de requisitos mediante la consulta de registros administrativos. Así, podría establecerse una excepción a la regla de despacho según el orden de incoación, de manera que las solicitudes que habilitan comprobaciones automatizadas pudieran resolverse primero, sin necesidad de esperar a que una solicitud anterior sea revisada manualmente, al haberse optado por la acreditación de requisitos mediante la aportación de documentación.

En relación con la ejecución y acreditación de la actividad subvencionada, la gestión tradicional pasa por entregar el importe subvencionado a una multitud de beneficiarios, a cambio de una justificación de la actividad subvencionada, que reclama el análisis de documentación voluminosa y heterogénea.

Obviamente, esta vía presenta dificultades para la administración en el caso de procedimientos masivos, en tanto que exige la interlocución con muchos administrados, en relaciones poco susceptibles de automatización, así como un número de flujos financieros muy relevante.

Por ello, cabe pensar en alternativas más eficientes. En particular, las subvenciones para la adquisición de bienes permiten la interposición de intermediarios que reduzcan drásticamente el número de interlocutores con la Administración. Así, a través de intermediarios, las subvenciones masivas para la adquisición de bienes pueden entregarse a los beneficiarios en especie. Con este modelo, la única relación entre la Administración y el beneficiario consiste en la confirmación, por parte de éste, de haber recibido la actividad subvencionada prestada por el intermediario.

En otro orden de cosas, la posibilidad de elegir a los intermediarios permite a la Administración comprobar su solvencia, obteniendo mayores garantías de la ejecución fiel de la actividad subvencionada. En el mismo sentido, la reducción de los ejecutores de la actividad subvencionada permite incrementar el control sobre ellos y reducir, a su vez, las posibilidades de fraude.

Por otra parte, el modelo de las subvenciones en especie permite evitar ciertos fallos del mercado gracias a la imposición de cargas al intermediario. Por ejemplo, puede imponerse a los éstos el deber de atender, con criterios de servicio público (igualdad, objetividad, no discriminación, no rechazo), todas las solicitudes recibidas en una determinada circunscripción, evitándose así que las zonas rurales tengan un acceso más desfavorable a la actividad subvencionada que las zonas urbanas.

En conclusión, tras la definición de las grandes líneas de actuación, se ha iniciado el tiempo de la gestión administrativa y el tiempo apremia.

Para la optimización de la oportunidad que confieren los fondos europeos, resulta necesario que- su implementación y su gestión administrativa se agilicen y reciban la atención que merece, superando así las dificultades tradicionales con imaginación y audacia.

Publicado en El Español