Un paso atrás en la sostenibilidad de las pensiones

El acuerdo alcanzado ayer en el marco del diálogo social supone un paso atrás en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Independientemente de si la carga se traslada de la Seguridad Social al Estado, y pese a los avances en el retraso en la edad efectiva de jubilación, en ausencia de medidas compensatorias adicionales, las próximas generaciones tendrán que asumir el coste de la mejora de la suficiencia de las pensiones que se acuerda hoy.

El documento de Recomendaciones Específicas que emitió el Consejo Europeo en 2019 a España en el marco del Semestre Europeo establece en materia de pensiones que “las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo” y añade que, “no obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento (previsto) del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”.

En febrero de 2020, y en revisión de los avances que en la materia se habían dado desde España, el Staff Working Document de la Comisión Europea dedicado a España, constataba que “no se han dado progresos en la sostenibilidad del sistema de pensiones” e indicaba que “la eliminación de ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, a menos que se adopten medidas compensatorias”.

Pese a que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pretende facilitar recursos a los países como incentivo al cumplimiento de estas recomendaciones, sorprende que la primera reforma que se presenta en cumplimiento del Plan vaya claramente en contra de ellas. No en vano, el documento de la CE que acompañaba la propuesta de decisión de aprobación del Plan español, destaca que “la reforma del sistema de pensiones prevista como parte del componente 30 (Reforma del sistema de pensiones) incluye medidas que vuelven a vincular las pensiones al índice de precios al consumo de forma permanente y que disocian los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida” que “ incrementarían el gasto en pensiones a medio y largo plazo, a menos que su repercusión se viese suficientemente equilibrada por medidas compensatorias”.

Esas medidas compensatorias que menciona la Comisión, esencialmente la definición de un factor de equidad generacional que sustituya el Factor de Sostenibilidad aprobado en 2013, el refuerzo de los ingresos, o la modificación del período de cómputo de la pensión no se incorporan en el mismo y se postponen para el 15 de noviembre. En consecuencia, en vez de acordar de una vez medidas coherentes de refuerzo de la suficiencia del sistema al tiempo que las que garantizan su sostenibilidad, se prioriza lo primero y confía en que en unos meses se darán las condiciones para acordar los ajustes para los cuales evidentemente no hay consenso hoy, porque de haberlo se habrían acordado también.

De mantenerse esta situación, y nada hoy permite prever que los elementos que impiden avanzar ahora en la sostenibilidad del sistema vayan a cambiar en unos meses -prueba de ello es la confusión en torno a futuros ajustes generada tras la firma- es evidente que el acuerdo no solo no afronta los retos que tiene nuestro sistema público de pensiones, sino que los agrava. De hecho, el citado informe de la Comisión es claro al respecto al decir que “en caso de que las medidas compensatorias y complementarias no fueran suficientes para cumplir las Recomendaciones Específicas a España en el Marco del Semestre Europeo relacionadas con la sostenibilidad fiscal, el impacto presupuestario global del aumento del gasto en pensiones tendría que amortiguarse todavía más mediante ajustes presupuestarios proporcionales en el futuro”.

Postponer esas medidas compensatorias, además de poner en riesgo la llegada de los fondos NextGenerationEU supone, paradójicamente, un agravio más para la próxima generación que, tras atravesar una carrera laboral más volátil y peor retribuida que la generación que la precedió, tendrá que hacerse cargo de esos ajustes salvo que quienes ayer no quisieron acordarlos cambien pronto de opinión y las Cortes actúen en consecuencia.

Urge construir consensos para hacer de NextGenerationEU una auténtica oportunidad de transformación. El acuerdo de ayer, si no se complementa pronto, desgraciadamente supone un paso atrás.

Publicado en Expansión