¿Cómo se reactiva la actividad económica luego de la pandemia?
El pasado 29 de julio se publicaron los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de este año, marcado por una intensa recuperación de empleo. La reactivación de la actividad económica gracias a la flexibilización de restricciones sanitarias, el impacto de las medidas de impulso económico, unido a la estacionalidad positiva propia del este periodo del año en España, ha facilitado una mejoría de los niveles de empleo, que, sin embargo no debería eclipsar los desafíos que tiene por delante nuestro mercado laboral; digitalización, transición energética, reto demográfico, entre otros.
La digitalización de procesos productivos, mejora sustancialmente su eficacia y eficiencia e impulsa la creación de nuevos puestos de trabajo, pero aumenta la segmentación de trabajadores a consecuencia de la automatización de tareas de bajo valor añadido que hasta la fecha venían realizando trabajadores con menor cualificación y renta y pone en riesgo su ocupación.
La transición energética hacia un sistema productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, supondrá a su vez una sustitución de roles y capacidades requeridas por el mercado de trabajo que debe ser atendida.
Y, entre otros retos, el progresivo envejecimiento de la población, unido a los reducidos niveles de natalidad limita la oferta de trabajadores en el mercado, al tiempo que supone un desafío a la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones.
La pandemia del Coronavirus ha traído consigo una aceleración de buena parte de los procesos antes mencionados. Para que estos retos asociados a ellos se materialicen en oportunidades de empleo, un reciente informe de COTEC denominado “El trabajador del futuro, versátil, seguro y conectado” propone diversas líneas de acción en la conciencia de que enfrentar estas disrupciones y sacarles el máximo partido es responsabilidad de todos.
Por lo que respecta a las políticas públicas, el citado informe, que he tenido el honor de coordinar, destaca la necesidad de invertir en mejorar la calidad de la educación española a todos los niveles. A este respecto es particularmente oportuna la apuesta del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en sus componentes 19, 20 y 21, dedica 7.317 millones de euros a formación en competencias digitales, impulso de la Formación Profesional y modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana. Una inversión histórica que sin embargo, debe ir acompañada por una regulación adecuada, que garantice la calidad de la educación y lo más consensuada posible para asegurar su estabilidad en el tiempo.
En materia laboral el citado informe plantea avanzar en la reducción de la dualidad laboral así como evaluar la utilización de recursos de Fondo de Recuperación y Resiliencia para facilitar la introducción gradual de mecanismos individuales de protección al trabajador a lo largo de toda su vida laboral. Si bien es cierto que el citado Plan avanza en la reducción de la temporalidad de nuestro mercado laboral, no se contemplan avances en la introducción de las cuentas individuales de capitalización (mochila austríaca), y la propuesta de regulación en materia laboral que ha sido presentada en el marco del diálogo social incorpora limitaciones a la flexibilidad interna, externa, contratación temporal con causa y subcontratación que, de ser finalmente aprobados, lejos de suponer un avance podría implicar un paso atrás en competitividad y creación de empleo.
En materia de políticas activas de empleo, el informe plantea impulsar la modernización funcional de las oficinas de empleo con la introducción de los avances tecnológicos garantizar la mejor provisión de servicios de perfilado, orientación y determinación de itinerarios formativos para los demandantes de empleo. Una línea en la que ya están trabajando CCAA como Andalucía, y en la que avanza claramente el componente 23 del citado Plan, destinado 2.363 millones de euros, que ya han comenzado a distribuirse a las regiones, cuya gestión es esencial, pese a que hasta la fecha no han participado activamente en su diseño.
Estos y muchos otros avances en las políticas públicas son necesarios para conseguir convertir los citados desafíos que afectan al mercado de trabajo se puedan convertir oportunidades de desarrollo económico y social. Pero ello no será suficiente. La sociedad entera está convocada a esta tarea. Por ello, es preciso que estas políticas sean acompañadas de prácticas empresariales de gestión de personas comprometidas y responsables con la promoción del talento – apostando por la inversión permanente en formación, planificación estratégica de plantillas y previsión social complementaria, por ejemplo – y conductas individuales responsables de los trabajadores, comprometiéndose con la recualificación permanente, reforzando las habilidades que les complementan con robots, IA y algoritmos, en vez de reemplazarlas, en definitiva, reforzando con ello su empleabilidad, que es el mejor seguro con el que pueden contar.
Afortunadamente nuestro mercado de trabajo está reponiéndose del impacto de la pandemia, pero los desafíos siguen ahí y los tenemos que afrontar entre todos sin dilación, ni pasos atrás. No hay tiempo que perder.