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El nuevo gobierno ha de establecer como prioridad fomentar la competitividad mediante la implantación de reformas estructurales que retomen la convergencia del PIB per cápita con la zona euro.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística constataba que economía española acaba de alcanzar el nivel de actividad previo a la pandemia y supera los 21 millones de ocupados, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional publicaba su previsión de que España sea la economía avanzada que más crezca en 2024.
Sin embargo, como recuerda el Banco de España en su último informe anual, nuestra economía acumula una pérdida de 10 puntos porcentuales de convergencia con la Zona Euro en PIB pc. Una pérdida de riqueza en términos comparados con nuestros socios de la UE que se debe esencialmente a la fuerte caída entre 2007 y 2013 de los empleados totales sobre la población en edad de trabajar, además de una brusca caída de la productividad desde 1995, solo mejorada en los períodos de fuerte destrucción de empleo.
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La reactivación de la actividad económica y resiliencia que ha mostrado el mercado de trabajo español ha facilitado una mejoría de los niveles de empleo, que, sin embargo, no debería cegarnos ante el estancamiento de nuestra renta per cápita, al tiempo que enfrentamos los desafíos que tiene por delante nuestro mercado laboral; la glocalización, la digitalización, la transición energética o el reto demográfico, entre otros.
Tras una legislatura centrada en superar las consecuencias económicas de una pandemia histórica y una guerra en el corazón de Europa, el próximo 17 de agosto se inicia una nueva legislatura en España que debería centrarse desde la perspectiva de política económica en recuperar la senda de convergencia en renta per cápita con nuestros socios europeos.
Tal y como se constata en el “Pulso económico trimestral” de EY Insights en su edición de verano, que publicamos la semana pasada contemplando la opinión de los responsables de los principales servicios de estudios del país, el nuevo gobierno de España ha de establecer como prioridad fomentar la competitividad mediante la implementación de reformas estructurales que retomen la convergencia del PIB per cápita con la zona euro. A su vez, los expertos consultados consideran prioritario modificar el alcance y mecanismos de ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ampliar su impacto y agilizar su despliegue. Adicionalmente se considera prioritario presentar unos Presupuestos para 2024 que contemplen un plan de consolidación fiscal que reduzca el déficit en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales.
No hay tiempo que perder para abordar una agenda reformista responsable y ambiciosa, sustentada en amplios consensos que la haga sostenible en el tiempo. Y, lejos del estancamiento y polarización al que parecemos avocados, los programas electorales de los dos partidos que han obtenido los mejores resultados y conjuntamente han obtenido el 73% de los diputados contemplan multitud de elementos comunes que bien podrían configurar la espina dorsal de una agenda de recuperación de nuestra renta per cápita exitosa y duradera.
Por ejemplo, en materia de empleo, aparte de la continuidad en las recientes reformas, destacan objetivos comunes en materia de impulso a las políticas activas de empleo – a través de una digitalización de la gestión y el impulso del perfilado, la orientación y la intermediación laboral a través de una plataforma nacional alimentada con big data e inteligencia artificial – el avance en su vinculación con las políticas pasivas de empleo que evite la trampa de la pobreza y los incentivos al empleo joven y talento senior.
A la necesidad de abordar una agenda de política económica que recupere la convergencia en renta per cápita se une la oportunidad de acompañarla con cuantiosos fondos europeos que en su mayoría están por ejecutar. España se encuentra en la actualidad en un proceso de negociación de la modificación y adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que debería culminar antes del 31 de diciembre de 2023. Sería deseable, como indican los expertos consultados, que se aproveche la incorporación de más de 94.000 millones de euros entre transferencias y créditos para aumentar la ambición de las reformas e inversiones contempladas, al tiempo que se agilice la ejecución de los fondos, de manera consensuada, para garantizar una adecuada ejecución hasta 2026.
El retraso en la aprobación de reformas comprometidas en el cuarto y quinto tramo del Plan de recuperación por falta de consensos (como la de función pública, procedimientos judiciales, o prestaciones no contributivas por desempleo) ha impedido solicitar a la Comisión Europea 10.000 millones de euros que podrían estar ya en nuestro tejido productivo. Julio se ha cerrado sin la presentación del techo de gasto y objetivos de estabilidad para 2024, imprescindibles para cumplir las nuevas reglas de gasto europeas. Y es previsible que no tengamos Proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado antes de que empiece el próximo ejercicio a la espera de configuración de nuevo gobierno.
No es momento de bloqueos, sino de avances sustentados en amplios consensos para recuperar el tiempo perdido y aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos por delante.
Publicado en Expansión
Resumen
El Instituto Nacional de Estadística constata que la economía española acaba de alcanzar el nivel de actividad previo a la pandemia y supera los 21 millones de ocupados, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional publicaba su previsión de que España sea la economía avanzada que más crezca en 2024. La reactivación de la actividad económica y resiliencia que ha mostrado el mercado de trabajo español ha facilitado una mejoría de los niveles de empleo, que, sin embargo, no debería cegarnos ante el estancamiento de nuestra renta per cápita, al tiempo que enfrentamos los desafíos que tiene por delante nuestro mercado laboral; la glocalización, la digitalización, la transición energética o el reto demográfico, entre otros.