Una reforma fiscal teórica e irrealizable

El texto se basa en la presión fiscal y no en el esfuerzo fiscal, descuidando la necesidad de reforzar la competitividad de nuestro país en un momento de crisis y alta inflación.

Debo comenzar alabando el trabajo desarrollado por los expertos nombrados por el Gobierno para diagnosticar, con claridad, el estado de situación de nuestro sistema tributario español, y al mismo tiempo ofrecernos unas alternativas -difícilmente materializables- para procurar el objetivo marcado de incrementar nuestra presión fiscal.

Efectivamente, el Libro Blanco nos da una batería de propuestas, sin votos particulares en su texto,  que podrían incrementar la recaudación del Estado incluso hasta el objetivo del 43% señalado por el Presidente Sánchez en la presentación del informe España 2050, pues los planteamientos superan los 50.000 millones de euros.

Teniendo como objetivo la elevación de la presión fiscal, se observa en el texto la obsesión por la mejora de la “recaudación”, que cita en casi 400 ocasiones, versus las apenas 50 en las que se refiere a la “competitividad”, cuestión que debería haber sido verdaderamente nuclear. En ese examen semántico las referencias a la necesidad de más compensaciones, transferencias y subsidios superan de largo las 200 menciones, lo que nos permite reflexionar sobre la tendencia del informe hacia un Estado más intervencionista y menos liberal.

Lástima que el informe no se analice desde la óptica del esfuerzo fiscal, esto es, la incidencia que la presión fiscal tiene sobre la capacidad económica del contribuyente, que en el caso de España, y partiendo de nuestra renta disponible per cápita en paridad de poder de compra nos deja ya en el dudoso ranking de los más agraviados. Una pena también que no se hubiese encargado un ejercicio que, partiendo de esa capacidad de pago, estableciese el nivel de gasto público que nos podemos permitir, para, con posterioridad, decidir qué ingresos se precisan para sufragarlo.

Pero es estudio es el que es, e incluso analiza figuras que no tenía por qué hacerlo con la Resolución de creación, como es el caso del IRPF – del que apenas se plantean ajustes técnicos, al tiempo que se configura como gran catalizador de la batería de subsidios con las que compensar a las rentas más bajas tras las subidas propuestas de impuestos indirectos- obviando de partida la enorme curva de progresividad que nuestro impuesto tiene en comparación con los alabados nórdicos.

En el Impuesto sobre Sociedades se realizan pocas sugerencias, y todas pasan acertadamente por participar de los debates en el seno de la OCDE y UE-, y por un fortalecimiento de las deducciones por I+D+i, con gestos favorables a una mayor compensación de BINs, a cambio de mayores restricciones en las exenciones del artículo 21.

Sí demuestra empíricamente el informe nuestro problema con el IVA, recomendando la solución danesa del tipo único, algo difícilmente realizable en España, tanto desde un punto de vista social -la cesta de la compra y una inflación a la que siquiera se alude-, como económico -ante sectores como la hostelería que concentran un porcentaje de empleo muy elevado-. 

También se destacan nuestras escasas tasas -un punto por debajo en presión fiscal- y, sobre todo nuevos impuestos medioambientales, cuyo principio “quien contamina, paga” debería llevar no a presumir de una recaudación de hasta 15.000 millones más, sino de la reordenación de nuestros comportamientos, y de su necesaria afectación para acelerar el cambio climático como pauta general. Curiosamente, cuando existen 82 tributos autonómicos que distorsionan la unidad de mercado, no se insiste en su armonización.

Sí se asume el paquete climático Fit for 55 de la UE, en lo que se refiere a los nuevos impuestos al diésel o transporte aéreo y marítimo; y de acuerdo con el PRTR, pero con una motivación escasa, se apuesta por nuevos impuestos para los billetes de avión, residuos o plásticos, áridos, fertilizantes nitrogenados, emisiones industriales y ganaderas, por extracción de recursos hídricos, por el pago por uso de infraestructuras y por tasas municipales de residuos. Sin embargo, se obvian los consolidados planteamientos respecto de la integración de los impuestos sobre matriculación y circulación para apostar por una subida de los dos, a los que sumaría un nuevo tributo sobre la congestión en ciudades.

El capítulo de las “economías emergentes” se convierte en una descripción de youtubers y economía colaborativa -obviando otras con mucho más potencial económico -con una invitación a nuestros mayores para su regulación. Sí desarrolla la necesidad de incentivar las empresas emergentes, confiando en los parabienes del Proyecto de Ley de Startups presentado ya en el Congreso.

La guinda la encontramos en la última propuesta, la número 118, en la que después de hacer un examen doctrinal de los impuestos sobre patrimonio y sucesiones -que apenas recaudan un 0,2% sobre PIB-, y en un país cuasi federal con principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal consolidados, se apuesta por coartar las competencias de las CCAA, respecto de tributos que paradójicamente no afectarían a la unidad de mercado.

La Ministra dejará sus efectos en stand by, ante tanta subida irrealizable, y mantiene la tradición de enviar los Libros blancos a dormir en los hermosos cajones del Ministerio, donde años atrás se albergó la Real Casa de la Aduana. Ya en aquella época Napoléón dijo que “si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. 

Publicado en Expansió