Conviene tener en cuenta estas dos cifras: 4.000 organizaciones, públicas y privadas, y 118 billones de dólares. Conviene también saber que TCFD se constituyó en 2015 por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) como un medio para coordinar las divulgaciones entre las empresas afectadas por el cambio climático. Por último, conviene saber que su presidente es Michael R. Bloomberg y su consejo está formado por 31 miembros de todos los países del G20, que representan tanto a los preparadores como a los usuarios del reporte financiero.
Pero, sobre todo, hay que saber todo esto (cifras, origen y gestores) para entender que TCFD no nace ni en el seno de organizaciones ambientalistas (que pudieran tener un objetivo más activista), ni de la academia (que pudiera tener un planteamiento más teórico). No; TCFD nace, y se usa, por aquellos inversores que, cuando analizan una empresa, necesitan tener toda la información disponible para poder tomar sus decisiones de inversión de manera informada, porque entienden que el riesgo climático, como otros riesgos financieros, es un riesgo más de inversión y porque tienen un deber fiduciario ante sus clientes para velar por sus intereses a largo plazo.
Entendido así, el riego climático, y todos los instrumentos de gestión que hay que tener en cuenta para gestionarlo (gobernanza, estrategia, métricas, etc.) se convierte así en algo material, como bien destacaban hace unos meses Robert Eccles y Daniel F. C. Crowley. Estos autores traen a colación una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso TSC Industries v. Northway, en la que se dictaminó que algo es “material” si existe “una probabilidad sustancial de que un accionista razonable lo considere importante para decidir cómo votar”, o “una probabilidad sustancial de que la divulgación del inversor razonable habría considerado que el hecho omitido había alterado significativamente la 'combinación total' de información disponible” [1].