El reto de reducir los precios de la electricidad

Nos encontramos en un momento altamente complejo, en el que la transición energética no debe entenderse como la causa sino como la solución del problema. 

Nos encontramos en un momento altamente delicado para nuestra economía. El dramático encarecimiento que se ha ido produciendo en los mercados internacionales de gas en los últimos meses, rozando los 250 €/MWh el pasado 8 de marzo, ha tenido un impacto directo sobre el precio de la electricidad, alcanzándose un máximo de 544€/MWh ese mismo día.

El encarecimiento del gas, el petróleo, la electricidad y, en general, las materias primas, ha desembocado en un shock de oferta, que afecta muy negativamente a los mercados más vulnerables desde el punto energético, como es el caso de España y la Unión Europea en su conjunto.

En un contexto donde la política monetaria debe ser progresivamente más restrictiva, para hacer frente a la presión de los precios, y la política fiscal ya está al límite de sus posibilidades, tras su acción hiper-expansiva tras el COVID-19, las medidas que deben aplicarse son principalmente por el lado de la oferta.

Por ello, la Comisión Europea la semana pasada publicaba su nueva Comunicación, “RepowerEU”, en la que abre diversas opciones para que los países puedan tomar medidas de emergencia en ámbitos que afectan directamente a la oferta. Entre ellas, destacaría tres: las que limitan el efecto contagio de los precios del gas sobre los mercados de electricidad, tales como límites temporales de precios; las que buscan una mayor protección de los consumidores vulnerables (permitiendo, por ejemplo, la utilización de los mayores recursos derivados de las subastas de CO2), y aquéllas encaminadas a reducir la dependencia energética del gas importado, destacando la necesidad de multiplicar los esfuerzos en el despliegue de tecnologías renovables (solar, eólica, hidrógeno, biometano, etc), así como las bombas de calor.

En este contexto, será clave que el Consejo Europeo de finales de esta semana decida conjuntamente algunas medidas que permitan a los Estados Miembros afrontar esta situación de emergencia con la adecuada seguridad jurídica, clave para atraer las inversiones necesarias para dichos esfuerzos de descarbonización.

En el caso español, en el ámbito de los precios y de cara a mejorar la protección de los consumidores, destacaría la importancia que tendría revisar la regulación de la tarifa regulada (PVPC), en tres sentidos. En primer lugar, evitar su indexación a los precios horarios del mercado mayorista, que es el que está más afectado por el encarecimiento del precio del gas. En segundo lugar, eliminando la exigencia de que para poder ser beneficiario del bono social el consumidor debe estar acogido a la tarifa regulada. Y, por último, revisar el IPC para que éste no recoja en el capítulo eléctrico, que es muy relevante, exclusivamente los precios de la tarifa regulada, pudiendo considerar también los precios eléctricos del mercado libre, significativamente más reducidos en la coyuntura actual (ya se está trabajando en ello).

En este contexto, resulta muy relevante potenciar los contratos a plazo a precio fijo, así como los PPAs, con el fin de evitar la volatilidad y aplanar los costes energéticos de los consumidores, tanto domésticos como industriales. Es relevante mencionar la nueva normativa que tendrá que publicar la CNMC en cumplimiento de los cambios que el Real Decreto ley 23/2021 introdujo en la ley del sector eléctrico para mejorar la transparencia de los mercados. En el caso de los mercados minoristas, será muy relevante dar una mayor publicidad y aplicabilidad al comparador de precios de la CNMC para que los clientes puedan decidir entre las diferentes ofertas del mercado libre. Y ello permitiría gradualmente incentivar a los consumidores a tomar decisiones más proactivas en sus contratos de suministro en el mercado libre, con la garantía de una adecuada y estricta supervisión de la CNMC.

En el ámbito de actuación de la reducción de la dependencia energética, a través de la promoción de las energías renovables y la electrificación, podemos decir que España está bien posicionada, ya que, tanto la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 (PNIEC), así como las hojas de ruta y los proyectos estratégicos (PERTE) que se han ido aprobando, permitirán un despliegue de estas tecnologías, clave para reducir nuestra dependencia de fuentes fósiles importadas.

Sin embargo, es preciso incidir en la importancia que tienen las interconexiones, que en el caso de la península Ibérica con el resto de Europa -a través de Francia- están muy por debajo del objetivo del 15%, por lo que debería aprovecharse esta coyuntura para que la Unión Europea acelere el fortalecimiento del mercado interior de la energía, que es esencial para reducir la vulnerabilidad energética de la región. Teniendo en cuenta que las interconexiones resuelven un problema común (la dependencia energética), su financiación deberá ser solidaria.

En definitiva, nos encontramos en un momento altamente complejo, en el que la transición energética no debe entenderse como la causa sino como la solución del problema y más aún en el caso de España, dada su abundancia de recursos renovables, que nos permitirá a medio plazo mejorar significativamente nuestra competitividad, así como una mayor vertebración del territorio.

Publicado en Expansión