La importancia de las redes de distribución eléctrica en la transición energética: análisis de la nueva regulación

La inversión prevista en redes y electrificación en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima asciende 58.579 millones de euros hasta 2030.

La publicación del Real Decreto 1125/2021 y la Circular informativa 8/2021 de la CNMC el pasado mes de diciembre ha supuesto un importante impulso para que las empresas de distribución de energía eléctrica puedan acometer las inversiones que deben desempeñar como agentes clave de la transición energética.

Dentro de los objetivos que nos hemos marcado como país, las redes eléctricas deben jugar un rol muy relevante como agente integrador, a través de la realización de inversiones digitales y de automatización, así como del desarrollo de nuevas infraestructuras. Esto permitirá adaptar el sistema eléctrico a los retos a los que se enfrenta, como la incorporación de casi 60 GW de nuevas instalaciones de generación renovable, el fomento de una gestión más activa de la demanda en diversos sectores, una mayor integración de la generación distribuida o el impulso del vehículo eléctrico. De hecho, la inversión prevista en redes y electrificación en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima asciende 58.579 millones de euros hasta 2030.

Esto supone que la actividad de distribución eléctrica, que responde a los principios de red única y monopolio natural, tal como establece la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y, como tal, cuenta con una retribución regulada, tenga que hacer frente a un importante ciclo inversor durante la presente década, donde el peso de las nuevas tecnologías y la innovación se incrementará respecto al modelo histórico.

En este contexto, la nueva normativa ha sido bien acogida, ya que supone dar continuidad a la Circular 6/2019, de revisión de la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad para el periodo regulatorio de 2020 a 2025, que incluía como principal novedad el reconocimiento de ciertas inversiones en digitalización y automatización de las redes como elementos retribuibles, así como la posibilidad de solicitar al regulador la inclusión en el régimen de proyectos piloto.

La Circular informativa 8/2021 de la CNMC, por una parte, especifica la tipología definitiva de inversiones en digitalización y automatización de las redes para la transición energética que tendrá derecho a retribución y, por otra, habilita la remisión de las propuestas de proyectos piloto basados en soluciones innovadoras no contempladas en las tipologías descritas, para valorar su inclusión en la retribución de la actividad. Para ello, se requiere, entre otras cuestiones, que los proyectos ofrezcan soluciones innovadoras, que no se estén implantando actualmente en las redes y que generen beneficios cuantificables para el sistema en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad y transparencia. De esta manera, se clarifica la tipología de inversiones que deben acometer las empresas en este ámbito, dando un mayor espacio al reconocimiento a la innovación dentro del modelo retributivo. Estos pilotos dinamizarán el proceso de adaptación de las redes eléctricas a nuevos requerimientos de flexibilidad, integración de generación distribuida y gestión de la demanda.

Adicionalmente, la publicación del Real Decreto 1125/2021 involucra a las empresas de distribución eléctricas en la aceleración de la transición energética que plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, se ha aprobado para el trienio 2021-2023 una ayuda de hasta 525 millones en subvenciones a las empresas distribuidoras para inversiones en proyectos innovadores de digitalización de redes e infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico de acceso público superiores a 250kw de potencia, dado que se espera que estas inversiones tengan un impacto significativo sobre la actividad económica, la creación de empleo, el impulso de cadenas de valor industriales locales, así como la digitalización y el proceso de descarbonización de nuestro país.

Además, se permite que las empresas distribuidoras aumenten su volumen de inversión en un monto similar al que representen las inversiones realizadas a través de las ayudas, generándose así un efecto arrastre que beneficiará a un gran número de sectores y empresas. Para ello, se exigen dos condiciones importantes.

Por un lado, como parte esencial de las inversiones, será necesario contar con programas de mejora de la calidad de atención al consumidor mediante el empleo de herramientas digitales incluyendo, al menos, una sede electrónica que permita la gestión de expedientes (como los permisos de acceso y conexión para instalaciones de autoconsumo e infraestructura de recarga de vehículo eléctrico).

Por otro, la elaboración de un plan estratégico con las estimaciones de impacto sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a una mayor penetración de nueva generación renovable. Además, en este nuevo contexto regulatorio, se abre una clara oportunidad para que las empresas de distribución de menos de 100.000 clientes desarrollen proyectos comunes, que sería difícil que se pusiesen en marcha de manera individual.

En definitiva, la regulación publicada supone un impulso para la digitalización de las redes y su modernización, que se espera tendrá un importante efecto positivo para la sociedad, en términos económicos, sociales y medioambientales.

Por ello y dado el significativo monto de inversiones en redes que España debe acometer para cumplir el PNIEC a 2030, habría que analizar con detalle la conveniencia de flexibilizar la senda de ayudas aprobada, de manera que ésta sea creciente en el tiempo, con el objeto de que las empresas, sus contratistas y proveedores puedan adaptarse mejor a la misma, así como valorar la revisión al alza del límite máximo las inversiones anuales en redes en términos del PIB, dado que dicho límite se impuso en 2013 en un contexto que ha cambiado sustancialmente.

Publicado en El Economista