Nos encontramos en un momento altamente complejo de la economía internacional
En los últimos meses hemos sido testigos de cómo la crisis energética internacional, que ha desembocado en un significativo encarecimiento de los precios energéticos, ha supuesto consecuencias macroeconómicas y microeconómicas inesperadas y con alcance mundial.
Desde el punto de vista macroeconómico, se ha generado un importante incremento de las tasas de inflación en los distintos países y regiones (muy por encima de los objetivos de los bancos centrales), que ha producido un cambio de signo de las políticas monetarias, pasando de ser muy expansivas para hacer frente a la crisis (tipos cero y “quantitative easing” o super expansión monetaria), a eliminar la expansión monetaria y comenzar a aplicar subidas de tipos de interés relevantes.
Desde el punto de vista microeconómico, el encarecimiento de los precios de la energía ha afectado negativamente sobre la competitividad de las empresas y sobre el bienestar de las familias.
Por su parte, la subida de tipos de interés también ha afectado negativamente sobre la competitividad de las empresas, en la medida que les ha supuesto un aumento de los costes de la financiación, y sobre las familias con hipotecas a tipo variable.
Los motivos de esta crisis energética están muy ligados a factores de oferta y demanda y, muy en particular, al mercado de gas natural.
En particular por el lado de la oferta, además de la reducción de inversiones en plantas de gas natural, se han producido acontecimientos geopolíticos que han afectado de lleno al suministro de gas, con especial impacto el conflicto bélico de Ukrania. Por el lado de la demanda, se produjo un aumento muy significativo de la misma tras la reactivación económica ligada a la finalización de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia.
La Unión Europea ha sido una de las regiones más afectadas, por su elevada dependencia energética de fuentes fósiles importadas y, en el caso del gas, más de un 40% de Rusia.
Por ello, tanto los países miembros (España con antelación en muchos casos) como la Unión Europea en su conjunto han reaccionado poniendo en marcha diversas medidas encaminadas a minimizar estos impactos sobre la competitividad empresarial y la sociedad (especialmente los consumidores vulnerables).
Entre esas medidas destacan las encaminadas al ahorro energético, que constituyen un eje clave, ya que contribuye a los tres ejes de la política energética: la sostenibilidad (al reducirse el consumo de energía y las emisiones asociadas), la competitividad (ya que, al disminuir la demanda se reduce la presión sobre los precios ante una oferta tensionada) y sobre la seguridad de suministro (al reducirse las necesidades de importación).
En las dos últimas semanas hemos sido testigo de algunos paquetes de medidas que van en este sentido.
Por parte de la Unión Europea, destacaría el Reglamento de 6 de octubre, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, la Comunicación de la Comisión de 18 de octubre, de emergencia energética y acciones en el mercado de gas, así como las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de octubre, que incluyen la importancia de la reducción de la demanda de energía.
Por parte del gobierno español, destacaría el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)".
Dentro de este paquete de medidas, destacaría dos directamente relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética: la simplificación de trámites para el autoconsumo y una mayor exigencia de eficiencia en el alumbrado público.
En definitiva, nos encontramos en una coyuntura mundial y europea muy compleja, en la que el ahorro y la eficiencia energética juegan un papel clave, por lo que las medidas emprendidas por el sector público, junto con una mayor concienciación ciudadana y de las empresas resulta esencial.