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El fondo Next Generation EU permite a empresas y autoridades contribuir a la sociedad y crear un Plan Nacional de recuperación y resiliencia.
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Coronavirus están alcanzando dimensiones históricas. La Unión Europea y sus Estados miembros se han visto obligados a adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Sin haber dado por concluida aún la crisis sanitaria, es preciso hacer frente a la crisis económica y social y sentar las bases del crecimiento y la prosperidad de la próxima generación.
Para ello, más allá de las medidas implementadas a nivel nacional, y de los recursos que se han puesto en marcha a través del Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones y el recientemente creado fondo SURE para financiar medidas de flexibilidad interna y mantenimiento de empleo (500.000 millones de euros entre los tres), a propuesta de la Comisión Europea, el Consejo Europeo aprobó la madrugada del pasado martes un paquete de medidas de gran alcance que aúna el futuro marco financiero plurianual (MFP) - dotado con 1.074,3 millones de euros - y medidas específicas de recuperación post covid 19 en el marco del Fondo «Next Generation EU». Dotado con 750.000 millones de euros desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022, este fondo se crea con el objetivo de impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea (140.000 millones para España, el equivalente al 11% de nuestro PIB).
Para la obtención de los citados fondos, de acuerdo con las conclusiones aprobadas el pasado martes, los Estados miembros deberán elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para el periodo 2021-2023.
La Comisión evaluará estos planes en un plazo de dos meses a partir de su presentación, en función de su coherencia con las recomendaciones específicas por país establecidas por el Consejo en el marco del procedimiento de coordinación macroeconómica conocido como Semestre Europeo, así como de su contribución al crecimiento económico, la creación de empleo, la resiliencia económica y social, y la contribución efectiva a la transición ecológica y transformación digital.
De acuerdo con las recomendaciones específicas para España aprobadas en 2020 y anteriores pendientes de implementar, nuestro país debería centrar en el citado plan sus esfuerzos en materia de reformas en la consolidación presupuestaria, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la mejora de la gobernanza de la contratación pública, la garantía de unidad de mercado, la mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas y el refuerzo de la eficiencia del mercado de trabajo y sistemas de protección social. A su vez, de acuerdo con dichas recomendaciones, España debería destinar su esfuerzo inversor a la transición energética y transformación digital, el fomento de la investigación e innovación, la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, el transporte sostenible, el desarrollo de cualificaciones y el acceso al aprendizaje digital.
Los dirigentes políticos de los países europeos y de las instituciones comunitarias han estado a la altura de los retos planteados. Los acuerdos alcanzados han sido muy positivos y permitirán a España beneficiarse de estos fondos. Pero como en cualquier ámbito, las estrategias han de implantarse para tener éxito. Es necesario prepararse en todos los ámbitos, en un marco de colaboración público privada, para la adecuada absorción de estos fondos. Instituciones públicas, académicas, de investigación, empresas (pequeñas, medianas y grandes), agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro han de prepararse para poder gestionar todas estas medidas de impulso económico y social.
La canalización de estos fondos hacia la economía productiva ha de pasar, necesariamente, por la puesta en marcha de las oportunas estructuras de planificación, gestión y aseguramiento del destino de los fondos, así como la evaluación de su impacto ex post y la adopción rápida de medidas correctoras de forma ágil y eficiente; junto con el necesario reporte a Bruselas que mantenga la confianza, en todo momento, sobre el uso efectivo de los fondos en España. Las acciones a acometer tienen que ver con los objetivos estratégicos, las estructuras de gestión y el adecuado aseguramiento del uso de esta financiación.
Las orientaciones establecidas por los acuerdos, junto con las estrategias definidas para el nuevo período europeo presupuestario en ciernes, 2021-2027, están perfectamente alineadas con los asuntos a abordar en nuestro país: creación de empleo, digitalización, industria 4.0, ciberseguridad, transición justa, etc. Hemos de ser capaces de definir los proyectos y políticas transformadoras de nuestra economía y tejido productivo contando, necesariamente, con el concierto del sector público y el privado.
Por otra parte, el uso de este dinero público exigirá la puesta en funcionamiento de estructuras de gestión, autorización, control y auditoría que cumplan con los estrictos requisitos comunitarios, y que requieren de la adecuada preparación individual por parte de todas las entidades que vayan a acceder a estos instrumentos europeos. Errores de gestión en el pasado han provocado el reintegro de los fondos a la Comisión Europea, algo que en el futuro no nos podemos permitir. No debe subestimarse este esfuerzo.
Por último, la alineación de estas actividades con el adecuado marco regulatorio, laboral y fiscal en España contribuirá a mantener y mejorar la confianza de nuestra capacidad para recuperarnos de la crisis y cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos por Europa. Los primeros pasos se han cumplido con éxito, pero faltan hitos importantes para la aprobación definitiva de este paquete; así como la conformación de los presupuestos del período 2021-2027, donde se librará otra apasionante batalla clave para nuestro país y la profundización del modelo europeo.
Cuatro millones de trabajadores siguen teniendo su contrato suspendido, su jornada reducida o han cesado temporalmente su actividad a consecuencia de la pandemia, y más de 50.000 empresas han desaparecido desde que irrumpió en nuestro país. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia agravarán los desequilibrios persistentes de nuestra economía y tardarán tiempo en revertirse.
Por todo ello, es urgente configurar un robusto y completo Plan Nacional de recuperación y resiliencia, alineado con las recomendaciones del Semestre Europeo, adaptado a las necesidades y oportunidades identificadas por empresas y administraciones, consensuado con interlocutores sociales y grupos parlamentarios, que permita al tejido productivo español absorber eficientemente la totalidad de los recursos europeos asignados a España, y con ello, contribuir a superar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, dar un impulso definitivo a la transición energética y transformación digital, y en definitiva, construir un futuro mejor para la próxima generación. Una gran oportunidad para que empresas y autoridades demuestren una vez más su propósito compartido de contribuir a la sociedad.
Publicado en Expansión
Resumen
Es necesario prepararse en todos los ámbitos, en un marco de colaboración público-privada, para la adecuada absorción de los fondos europeos. Instituciones públicas, académicas, de investigación, empresas (pequeñas, medianas y grandes), agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro han de prepararse para poder gestionar todas estas medidas de impulso económico y social.