PERTE del vehículo eléctrico y conectado: a la espera de la convocatoria clave

"PERTE" es un término habitual en los medios de comunicación, aunque no siempre se utiliza de forma correcta

Mucho se ha hablado desde el 2020 de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del propio Plan español que aplica esos fondos en nuestro país. De tanto oír y leer sobre ello, hay toda serie de expresiones vinculadas a este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se han ido incorporando a nuestro vocabulario sin que nos diésemos cuenta. Y quizás el principal de estos nuevos vocablos es el del “PERTE”, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, creados por el Real Decreto ley 36/2020, elaborado por el Gobierno para tratar de agilizar la ejecución del PRTR y para dar consistencia a la gobernanza del mismo.

En efecto, desde ese momento, PERTE ha pasado a ser un término habitual en los medios de comunicación, aunque no siempre se haya venido usando de forma precisa o bien acotada. Esta falta de concreción ha hecho que, alrededor de esta figura y de su alcance, se haya generado una cierta confusión que tiene riesgos en la medida en que pueda disparar unas expectativas que es necesario acotar a su justa medida.

Las primeras aproximaciones a la figura del PERTE (una figura surgida por analogía a los IPCEI comunitarios), animaron a una consideración de esta figura como una herramienta para aportar grandes sumas de financiación a grandes proyectos, liderados por grandes empresas, en algunos casos identificadas previamente. No ayudó a ello la aparición de algunas informaciones que señalaron nominalmente posibles perceptores de esas ayudas. Sin embargo, la redacción final del RD Ley 36/2020 y una más cuidada comunicación política posterior, han hecho hincapié en que los PERTE seguirán los procedimientos legales establecidos para asegurar la libre concurrencia, dentro del marco de ayudas estatales que impone la Comisión Europea. Y todo ello, promoviendo, también la participación de las PYMES en las agrupaciones y proyectos.

Se ha hablado de varios PERTE y ya en el propio texto del PRTR se citaban hasta seis diferentes. Sin embargo, en el momento actual, solo uno ha sido formalmente aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 13 de julio, el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Es cierto que, recientemente, el Gobierno ha manifestado su interés en aprobar otros PERTE (agroalimentario; salud; aeronáutico y aeroespacial; o el que se centra en la lengua española), pero el PERTE del VEC se configura como el más relevante de todos ellos, y de ahí el indicador de que haya sido el primero en aprobarse.

Como decíamos, conviene detenerse y tratar de acotar el alcance de esta figura. Un PERTE, como el del VEC, no evitará a las empresas tener que responder a las convocatorias públicas a través de las cuales se concederán las ayudas, ni tener que acomodarse a los procedimientos administrativos propios de las mismas o estar sujetas a la normativa de ayudas públicas y al principio de libre concurrencia. Eso no deja de ser una buena noticia ya que asegura oportunidades para todas aquellas empresas con buenos proyectos y capacidades.

Lo relevante de la atribución de un PERTE a un sector concreto, como pues ser este del VEC, está, por ejemplo, en que con esta etiqueta el Gobierno le significa sobre otros y le concede la condición de ámbito estratégico prioritario de actuación. En una vertiente más práctica (y de mayor interés empresarial), la mayor virtualidad del PERTE estaría en las implicaciones positivas, tanto en términos presupuestarios como en la intensidad de las ayudas. Elevar los umbrales de ayuda requiere un complejo proceso de “notificación” a la Comisión Europea, que el Ministerio comenzó ya hace meses y en el que está poniendo mucho esfuerzo.

El PERTE del VEC (como el resto de posibles PERTE) será un andamiaje del que cuelguen múltiples convocatorias e iniciativas a través de la cuales se movilice esa inversión prevista total de 24.000 millones (de ellos, 4.295 millones de euros, públicos) entre 2021 y 2023.

Es importante señalar que el PERTE-VEC ya ha comenzado y lleva algunos meses de vigencia. Esto es así, pues algunas de las Convocatorias vinculadas al mismo ya se han lanzado, como en el caso del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible (PTAS), MOVES III, o MOVES Singulares, todas ellas ya publicadas estos últimos meses.

Cuando oímos que el sector está a la espera de que se lance el PERTE-VEC, se está tomando una parte por el todo ya que lo que se espera es la publicación de las Bases Reguladoras y de la Convocatoria de la gran medida de ese andamiaje que señalábamos, la Convocatoria de ayudas para la actuación integral de toda la cadena industrial del VEC. Esta actuación acapara el grueso de la financiación del PERTE lo que explica la expectación generada. A estos efectos, hay que señalar que, según consta en la Memoria Descriptiva del PERTE-VEC, se prevé que sea en el próximo mes de diciembre cuando se produzca esa publicación. Las solicitudes se presentarían hasta febrero de 2022 y la resolución de la concesión de ayudas se produciría en julio de ese mismo año. En este mismo sentido, el pasado 11 de octubre, Raúl Blanco, Secretario General de Industria y de la PYME, en una reunión con la Cámara de España, anunciaba que será a finales de año cuando ya estará disponible esa línea de 3.000 millones de euros, de los cuales 1.500 millones se concederán en forma de subvenciones y otros 1.500 millones a través de préstamos.

El éxito de esta próxima convocatoria entre las empresas es clave para lograr que las ayudas públicas sean capaces de movilizar el importante volumen de inversión privada que el conjunto del PERTE-VEC prevé y que asciende a más de 19.700 millones de euros. Del trabajo que desde EY estamos haciendo con muchas empresas interesadas percibimos un gran interés en esta Convocatoria. El reto está en ayudar a las empresas a traducir sus proyectos al lenguaje y procedimientos administrativos a los que las Convocatorias obligarán. Será necesario analizar y comprender de forma muy precisa los contenidos y exigencias de las Bases y de la Convocatoria, cuando se publique, para asegurar la idoneidad de los proyectos presentados.