El mundo se encuentra actualmente más conectado que antes gracias al impulso de los avances en la tecnología de las comunicaciones y al creciente reconocimiento de nuestra interdependencia. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos, las alteraciones demográficas, la emergencia climática, el aumento de la desigualdad y la rápida evolución de los valores han contribuido a crear un entorno mucho más complejo e incierto para los gobiernos.
Justo cuando las administraciones se estaban adaptando a estos retos, la aparición de la pandemia de COVID-19 y su amplio impacto ha traído consigo una mayor inestabilidad para las personas, las comunidades y las economías. En medio de la crisis, las personas han recurrido a los gobiernos para proteger sus vidas y medios de subsistencia, lo que ha supuesto una presión sin precedentes para las administraciones y los servicios que prestan.
La situación de emergencia sanitaria mundial generada por la pandemia de COVID-19 ha supuesto uno de los mayores retos a los que se han enfrentado las Administraciones Públicas de todo el mundo. La Unión Europea, gracias a su rápida actuación, aprovechó el desafío al que nos enfrentamos como sociedad para impulsar las necesarias transformaciones energética y digital.
Esta nueva situación también ha supuesto una revolución en el Sector Público, especialmente en materia de digitalización. Los confinamientos han puesto de manifiesto la necesidad de contar con herramientas, canales y recursos para mejorar la conexión entre las instituciones y los ciudadanos. En este sentido, España ha reforzado su proceso de cambio gracias a la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la canalización de los fondos destinados a los avances de la tecnología en materia de protección de la ciudadanía e impulso de la economía.
Hoy, la transformación digital de la Administración Pública es una prioridad y así queda reflejada particularmente en el Componente 11 de Modernización de las Administraciones Públicas del PRTR. Este componente está dotado con un total de 4.315 millones de euros y supone una excelente oportunidad en lo que se refiere a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y para acometer las inversiones y reformas necesarias para acometer las revoluciones digital y tecnológica.
Para equilibrar las presiones fiscales, económicas y sociales a las que se enfrentan los gobiernos y con el fin de que se obtengan mejores resultados para los ciudadanos, es necesario tener un conocimiento profundo sobre cómo los desbarajustes de los últimos años han configurado las opiniones de los ciudadanos. ¿Cómo ven sus vidas? ¿Qué piensan de los servicios que reciben del gobierno? ¿Están preparados para que el gobierno utilice más datos y tecnología en la prestación de servicios públicos? ¿Cómo difieren las respuestas entre los distintos grupos socioeconómicos?