Alternativamente, se plantea la opción de una ralentización intensa de la actividad en la primera mitad de 2024, en línea con la situación experimentada por Alemania y la Zona Euro. No obstante, a pesar de la caída de la demanda exterior, se destaca que la evolución de la demanda interna, la relajación fiscal con la prórroga de los PGE y la decisión del BCE de mantener sin cambios los tipos de interés en octubre, podrían evitar una fuerte desaceleración y una recesión técnica en la primera mitad de 2024.
En este escenario, se destaca que el turismo y el aumento de la demanda interna desempeñarán un papel crucial al compensar la disminución en la inversión y la demanda exterior, asegurando un crecimiento del PIB en los trimestres siguientes. Con estos elementos, se proyecta que España continuará registrando crecimientos del PIB trimestral muy superiores a la media de la UE durante la primera mitad de 2024.
La mayoría de los economistas encuestados coinciden en que la fragmentación parlamentaria e inestabilidad política (93,4%) y la situación geopolítica actual, especialmente en Ucrania y Oriente Próximo, (87%) serán los factores con mayor impacto negativo en el crecimiento del PIB 2024. La evolución de los tipos de interés y de la compra de deuda española por parte del BCE son los siguientes factores de los planteados considerados que tendrán un impacto negativo en la Evolución del PIB en 2024. Entre los factores que generan más división entre los economistas aparece la evolución los precios internacionales de materias primas y energías. Por su parte, las reformas e inversiones relacionadas con los fondos NextGenerationEU son consideradas como un factor mayoritariamente positivo, considerándose mucho más relevante el impacto previsto en el PIB de la primera fase del Plan de Recuperación – transferencias no reembolsables – (87% prevén impacto positivo o muy positivo) que la segunda, enfocada en los préstamos, con un 60%. La evolución del consumo doméstico es el tercer factor que los expertos consideran tendrá una mayor aportación positiva al PIB el próximo año, manteniéndose especto a la anterior edición.
Por lo que respecta a la inflación, el 86% de los expertos consideran que la moderación de los precios continuará en 2024. El 55% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con que el repunte de la inflación es transitorio y se situará en 2025 en el objetivo del BCE. A su vez, los expertos estiman que la decisión de mantener los tipos de interés por parte del BCE responde en mayor medida a su preocupación por la desaceleración de la actividad económica (73%), que a una menor preocupación por el aumento de los precios (60%). Finalmente, la idea de que los incrementos salariales pactados hasta la fecha se sitúan en niveles aceptables para evitar espirales inflacionistas no logra la unanimidad de la anterior edición, aunque sigue siendo compartida por 3 de cada 4 expertos encuestados (73,4%). En cuanto a la percepción del esfuerzo de las empresas para evitar trasladar a precios el incremento de los costes, el 60% de los encuestados se muestra de acuerdo, mejorando la percepción respecto a la edición anterior (42,8%).
Por lo que respecta a la situación de las arcas públicas, la valoración que hacen los economistas encuestados del ritmo de consolidación fiscal ha variado considerablemente a lo largo de las ediciones. Mientras que en la edición de enero de 2023 el 53% lo valoraba positivamente, tanto en las ediciones de julio y noviembre una mayoría lo considera inadecuado. La urgencia de presentar un plan de consolidación fiscal para reducir el déficit estructural para 2024 es respaldada por el 80% de los economistas encuestados, y un 67% de los expertos considera urgente también reformar las reglas fiscales para hacerlas más simples y adaptadas a la realidad actual. La mayoría de los expertos se muestran ampliamente contrarios a eliminar del cómputo de déficit de la inversión social, y en menor medida, pero también de forma mayoritaria, los gastos en defensa y la inversión de capital en infraestructuras.
En relación a la pregunta sobre las prioridades estratégicas para la nueva legislatura, la opción más respaldada entre los encuestados es la de impulsar la competitividad de la economía a través de reformas estructurales que permitan recuperar la senda de convergencia del PIB per cápita con la Zona Euro. Los economistas coinciden en la alta prioridad de impulsar la competitividad de la economía a través de reformas estructurales que permitan recuperar la senda de convergencia de PIB pc con la Zona Euro. También consideran prioritarias la consolidación fiscal y un marco regulatorio favorable a la empresa. El mantenimiento de las medidas extraordinarias por la guerra en ucrania, el refuerzo del modelo de protección social, y la implementación de reformas en el mercado laboral que contemplen ampliación de derechos para los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral, son las medidas que los expertos consultados consideran menos prioritarias de cara a la nueva legislatura.
Esta edición de otoño del “Pulso Económico Trimestral” ha consultado a su vez a los analistas sobre su visión de la recientemente aprobada Adenda y modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español. El 80% de los economistas encuestados está de acuerdo con la modificación de los hitos y objetivos del Plan que no se iban a cumplir para facilitar la liberación de pagos pendientes. El 73% de los encuestados considera que última modificación del plan supone una ocasión perdida para agilizar la llegada de fondos a la economía real, pero un avance en la mejora de ambición de las reformas comprometidas. El 67% considera que la modificación del Plan dedica los nuevos recursos disponibles a las inversiones más adecuadas para la transición energética y transformación digital.
Esta última edición del Pulso Económico Trimestral, recabado en un contexto de desaceleración de la actividad económica y elevada incertidumbre económica y social, constata la necesidad de aprovechar el inicio de la legislatura para reactivar el despliegue de las reformas e inversiones precisas para impulsar la competitividad de la economía española, retomar la senda de convergencia de PIB per cápita con la UE y reforzar nuestra transición energética y transformación digital.