Retos regulatorios del sector energético para 2023: la importancia de la descarbonización y de las hojas de ruta

No debemos permitir que esta coyuntura adversa desvíe el rumbo de la necesaria transición energética.

Tras dos años de extrema volatilidad y encarecimiento muy significativo de los precios energéticos, nos enfrentamos a un 2023 con grandes retos.

En primer lugar, habrá que seguir tomando medidas para reducir los impactos de esta coyuntura adversa sobre las familias y sobre la competitividad de las empresas. En este último ámbito, destacaría la importancia que tendrá la puesta en marcha del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación (PERTE) de descarbonización industrial que, además de conceder ayudas de actuación integral para la descarbonización, incluirá medidas facilitadoras de innovación y sostenibilidad (gestión energética integral, reducción de uso de materias primas, aprovechamiento de residuos, etc.).

Las medidas ante esta coyuntura, sin embargo, no debe desviar la atención de otros desafíos de carácter más estructural, ligados a la transición energética, que nos permitirán a medio plazo reducir la dependencia energética de fuentes fósiles importadas y promover la competitividad de nuestro país, aprovechando la abundancia relativa en recursos renovables. Por ello, deberá seguir avanzándose en la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y las hojas de ruta aprobadas.

En el ámbito de las renovables, es preciso tener en cuenta que ya se han ejecutado tres subastas, asignándose una cantidad de 6GW, a unos precios muy por debajo de los del mercado. Sin embargo, para cumplir el calendario establecido en la Orden TED/1161/2020, es necesario poner en marcha nuevas subastas, que permitan alcanzar los 20GW previstos para 2025. Entre ellas, destacaría, por su importancia, las relativas a la cogeneración, que ya cuentan con una propuesta de normativa y están orientadas a impulsar la renovación del parque existente, mejorando la competitividad y la eficiencia de este sector, con impactos positivos en emisiones, crecimiento económico y empleo.

En relación con las hojas de ruta del hidrógeno verde y el biogás, es preciso destacar el gran avance conseguido con la aprobación de la normativa básica que regula las garantías de origen, pero es preciso seguir tomando medidas. Se trata de tecnologías que jugarán un importante papel en la descarbonización de aquellos sectores de difícil electrificación, permitiendo reducir nuestra dependencia energética del exterior, tal como ha puesto de manifiesto la iniciativa RepowerEU, que ha incluido entre sus metas potenciar y acelerar su despliegue.

En el caso del hidrógeno verde, la hoja de ruta prevé un objetivo de 4GW de electrolizadores para 2030 y ya se cuenta con un PERTE, pero será necesario promover su competitividad en costes, lo que constituye uno de los principales problemas para su desarrollo. Por ello, potenciar un mayor apoyo público será necesario para lograr una mayor escala de los proyectos. Así lo ha entendido la Administración americana, que ya ha aprobado diversas medidas, tanto en la producción (especialmente esquemas fiscales) como en el transporte.

En el ámbito del biogás, la hoja de ruta prevé que, al menos, se multiplique por cuatro la producción actual, alcanzando un mínimo de 10,4 TWh en 2030. Sin embargo, muchos estudios destacan el gran potencial de España, pudiendo sobrepasar significativamente esa cifra. La propia Comisión Europea ha señalado a España como uno de los tres países con más potencial de residuos convertibles en biometano, junto a Francia y Alemania. Se trata de una tecnología ya madura y que puede ser utilizada en las actuales infraestructuras.

En cuanto a la hoja de ruta de la eólica marina flotante, que pretende alcanzar un objetivo de entre 1 y 3 GW a 2030, será necesario publicar los planes de ordenación del espacio marítimo (para que el sector sepa dónde podrá instalar sus aerogeneradores), actualizar el Real Decreto 1028/2007, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, así como adaptar la normativa para el acceso y conexión al sistema eléctrico y aprobar el marco retributivo.

En lo que respecta a la hoja de ruta del almacenamiento, que establece un objetivo de 20GW para 2030, sería recomendable aprobar el proyecto de Orden ministerial por la que se regula el mecanismo de capacidad, como complemento al mercado de energía, que ya fue informada por la CNMC. Esta regulación, diseñada mediante subastas, es importante porque garantiza la seguridad de suministro del sistema eléctrico en un contexto de aumento progresivo de las tecnologías renovables intermitentes. En particular, se dan señales retributivas para el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda, lo que permitirá el despliegue de las tecnologías de almacenamiento, tanto baterías como bombeos hidráulicos.

Por último, destacaría el papel que deberán tomar las redes, tanto de electricidad como de gas, para afrontar todos estos retos y que se constituyan en aliados del sistema para acelerar la transición energética, para lo que será necesario adoptar nuevas medidas regulatorias, en línea con la propuesta de orden ministerial que establece las bases reguladoras para otorgar ayudas a proyectos de nuevos modelos de negocio, como los sandboxes regulatorios o los agregadores de demanda.

En definitiva, no debemos permitir que esta coyuntura adversa desvíe el rumbo de la necesaria transición energética, y podamos, con el esfuerzo de todos, tornar todos estos grandes desafíos en oportunidades, no sólo en términos de menor dependencia energética del exterior, abaratamiento de la electricidad y mayor competitividad, sino también en creación de empleo, integración de las pymes en las cadenas de valor y vertebración del territorio.

Publicado en El Correo Vasco