La transposición de la Directiva de Whistleblowing al ordenamiento español

El pasado 21 de febrero, el Congreso de Diputados aprobó el texto final de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (la “Ley”), que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (la denominada Directiva de Whistleblowing).

Tal y como se desprende de su contenido, esta norma tiene como finalidad, por un lado, otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones a que se refiere en su artículo 2 y, por otro, fortalecer y fomentar la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.

De este modo, la Ley aplicará, entre otros sujetos, a las personas físicas o jurídicas que tengan contratados cincuenta o más trabajadores, a partidos políticos y entidades que integran el sector público; y protegerá a las personas que informen a través de cualquier tipo de canal.


23 03 01 Transposición de la Directiva de Whistleblowing