En la reunión de Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, que pretende establecer los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. La reforma surge de la necesidad de transponer dos directivas comunitarias, la 2018/851, que modifica la Directiva marco de residuos, y la 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
El Gobierno ha aprovechado además para promover la creación de un nuevo impuesto indirecto sobre los envases de plástico no reutilizables que entraría en vigor el 1 de julio de 2021. El impuesto proyectado tiene un ámbito objetivo de aplicación muy amplio, un tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo de envase y pretende recaudar 724 millones de euros al año. Se trata de una figura similar a las que planean establecer Reino Unido o Italia, y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.