Next Generation EU: la transformación de la colaboración público-privada

Una inyección de liquidez sin precedentes, que podría recibir una contribución financiera no reembolsable de hasta 69.528.050 miles de euros hasta finales de 2023.

Tal como anunció el Presidente del Gobierno la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Su objetivo es acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del COVID-19 y lograr incrementar la capacidad de crecimiento del país a medio y largo plazo, llevando a cabo una profunda transformación.

Pero para lograr este objetivo, España necesita recibir Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que la UE ha puesto a disposición de los Estados Miembros en función del impacto que cada uno ha sufrido por causa de la COVID-19; de este modo, y en aras del principio de la colaboración, todos los países miembros recibirán un importante estímulo para reactivar sus economías y hacerlas más resilientes.

Se trata de un acuerdo histórico para Europa y de una inyección de liquidez sin precedentes para España, que podría recibir una contribución financiera no reembolsable de hasta 69.528.050 miles de euros hasta finales de 2023, lo que supondría recibir casi un 20% de la contribución máxima global que la UE va a realizar, convirtiéndose, junto con Italia, en uno de los países que más fondos podría recibir. 

Sin duda, lo anterior pone a nuestro alcance una extraordinaria oportunidad para superar esta crisis con un importantísimo impulso económico del que no nos hemos podido beneficiar en otras crisis del pasado; por ello, es fundamental tomar todas las precauciones para no perder esta oportunidad, lo que al mismo tiempo supone enfrentarse a un reto de dimensiones nunca vistas.

La UE, para garantizar que el Mecanismo se utilice para salir de la crisis generada por el COVID-19, nos va a exigir que el 70% del importe arriba mencionado, esté comprometido jurídicamente el 31 de diciembre de 2022, dejando el 30% restante, para finales de 2023.

Por tanto, y si bien es cierto que comprometer no quiere decir ejecutar, quedarnos atrás en el proceso de recuperación de la pandemia es un escenario que de ninguna manera nos podemos permitir. Nuestras instituciones deben asumir esta responsabilidad y actuar de forma ágil, diseñando, consensuando y ejecutando un ambicioso plan de inversiones y reformas estructurales para hacer posible que, con el apoyo de nuestro ordenamiento jurídico, estos fondos lleguen a todos los vectores de nuestra economía y propicien su reimpulso.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, introduce importantes modificaciones a la normativa general orientadas a agilizar los procesos de tramitación de todos los instrumentos necesarios para que los fondos lleguen a la economía y se materialicen en proyectos innovadores capaces de superar la situación actual; concretamente, nos referimos a importantes medidas de flexibilización en materia de contratación pública, subvenciones, regulación medioambiental o procedimientos de fiscalización.

Pues bien, de entre todos estos cambios, resulta interesante destacar el cambio de actitud de los poderes públicos en relación con un instrumento esencial para gestionar debidamente ese mecanismo transformador: la colaboración público-privada. La administración, quizás por primera vez en mucho tiempo, ha sido consciente de que, por sí sola, no dispone de los medios necesarios para afrontarlo, y de que solo dando un nuevo enfoque a la figura de la colaboración público-privada será posible maximizar esta oportunidad, utilizando esta herramienta de colaboración como elemento esencial de transformación y construcción social.

En este sentido, ya llevamos varios meses viendo cómo las propias administraciones públicas han dejado de realizar sus propuestas unilateralmente, y han optado, a través de numerosas manifestaciones o expresiones de interés, por dirigirse a la sociedad para recabar del mundo económico las ideas y proyectos que el tejido productivo valora como necesarios para lograr esa transformación; en consecuencia, esta perspectiva supone la necesidad de establecer nuestros objetivos, de definir en lo que nos queremos convertir, en cómo queremos llevarlo a cabo. Por ello, es fundamental que, sin perder el rigor, la administración agilice el ritmo de publicación de estas convocatorias de ayudas, de las licitaciones públicas o la aprobación de instrumentos como consorcios, convenios.

Solo de este modo, con esa mano tendida y esa implicación mutua, se podrá generar la confianza necesaria que nos permita emprender proyectos transformación energética y digital, una transformación que favorezca el fomento de la investigación y de la innovación, que nos haga producir con fuentes de energía más limpias y eficientes, que propicie un crecimiento y empleo más inteligentes y, en definitiva, nos conduzca a una mayor cohesión social; algo hasta ahora nunca conseguido, unas veces por falta de medios y, otras, por falta de entendimiento.

Publicado en El Periódico de Catalunya