Mirar al futuro y no quedarse atrás

Hay que ensalzar la enérgica respuesta de la Unión Europea a la crisis generada por la pandemia de 2020. La UE movilizó toda su arquitectura económica y financiera con un doble propósito: dar respuesta inmediata al desafío, apoyando a ciudadanos y empresas, e impulsar nuestras palancas competitivas, por la vía de la sostenibilidad y la digitalización, en el medio y largo plazo.

Hemos sido capaces de superar el shock del coronavirus, con algunas rúbricas que ya superan los datos de 2019, y estamos inmersos en el medio y largo plazo con la ejecución del programa Next Generation, una inyección de capital y una agenda de reformas que no tienen precedentes y que no podemos desaprovechar.

Las pymes deben ser las protagonistas centrales de este programa en lo relativo a subvenciones y créditos. Como presidente de la Cámara de Comercio de España, valoro las cifras que arroja el programa Kit Digital para pequeñas -y próximamente medianas- empresas, en el que estamos colaborando conjuntamente con la red de Cámaras de Comercio y Red.es. Sirvan dos datos para comprender la importancia y el alcance de este programa, que es solo una de las múltiples vías de ejecución de estos fondos en el ámbito de la digitalización: casi 300.000 empresas beneficiarias y casi 1.300 millones de euros concedidos hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que el Programa cuenta con un presupuesto de algo más de 3.000 millones de euros cuyo periodo de ejecución se extiende hasta 2024, y no es descartable una prórroga hasta 2026, por lo que cabe ser optimistas respecto al cumplimiento de sus objetivos.

En una fotografía más completa del estado de situación, si bien es cierto que hay fondos y reformas en el ámbito de Next Generation que apuntan en la buena dirección, también lo es que la ejecución del mismo no está exenta de dificultades.

La ejecución de los fondos se ve significativamente dificultada por la carga administrativa y cuellos de botella que limitan sus efectos sobre nuestra sociedad. No son problemas nuevos, pero son más acusados y hay que dar una respuesta cuanto antes.

En su discurso sobre el estado de la Unión, esta misma semana, la presidenta Von der Leyen ha anunciado actuaciones inmediatas por parte de la Comisión Europea para racionalizar las obligaciones administrativas y regulatorias que limitan las oportunidades y el crecimiento de las pymes.

Adicionalmente, en las últimas recomendaciones específicas para España en el marco del Semestre Europeo, la Comisión dedica una -de un total de tres- al correcto desarrollo de fondos y reformas del plan español de recuperación y resiliencia y llama a adecuar la capacidad administrativa a la solicitud de fondos adicionales, así como a iniciar rápidamente la aplicación de las medidas contempladas y actualizadas en la reciente adenda elaborada por el Gobierno de España.  

En este mismo sentido se ha manifestado también el Banco de España. En su último boletín económico advierte de la necesidad de supervisar la capacidad de absorción de los Estados dados los elevados importes de inversión previstos hasta 2026 y su igualmente importante impacto previsto en las perspectivas macroeconómicas.

Los fondos tienen que ser accesibles para las empresas en unos términos razonables y arrojar un resultado positivo en un análisis coste-beneficio. Si no llegan a la economía real y no son capaces de transformar nuestro tejido productivo, no cumpliremos los objetivos y tendremos que hacer frente a la deuda de la UE con los mercados sin ser capaces de más que compensarla por la vía del crecimiento y el empleo.

Por su parte, las reformas estructurales deben ser ambiciosas y valientes para impulsar nuestra capacidad de competir en el futuro en un escenario global donde otros bloques y grandes países, como EE.UU. y China, están aprobando estímulos y reformas tan o incluso más importantes que las incluidas en los planes europeos.  

Las instituciones públicas y privadas y las empresas tenemos que alinear todos los recursos y capacidades que sean necesarios para que esta inyección de capital europeo y esta agenda reformista, que no tienen precedentes y que no sabemos si se repetirán, impulsen la mejora de la competitividad de las empresas -sobre todo de las pymes- el crecimiento y el empleo de nuestro país y generen oportunidades para que nadie se quede atrás.