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Los Estados miembros de la Unión Europea tenemos un compromiso con la democracia y con el estado de derecho en nuestro ordenamiento jurídico
Son ya varias las décadas en que la Unión Europea lidera la transición ecológica a nivel mundial. Lideramos también la cooperación con el desarrollo de los países terceros, en gran medida, mediante la apertura de nuestro mercado al comercio internacional, con acuerdos bilaterales y, también, especialmente, a través del multilateralismo.
A este respecto, conviene recordar que la última ronda de negociaciones para avanzar en las reglas internacionales de comercio, establecidas por la Organización Mundial del Comercio, (OMC), se lanzó en 2001 y se denomina, precisamente, Ronda de Doha o Ronda para el Desarrollo. Hay que recordar también que la UE ha sido su gran impulsora; y que, en 2001, y tras largas y complejas negociaciones, China entraba a formar parte de la OMC, y con ello, a compartir reglas y procedimientos comunes en el orden del comercio mundial, con un balance ciertamente positivo.
El compromiso de la Unión Europea con el cambio climático se traslada a una ingente legislación. Normativa que obliga a ciudadanos y empresas europeas a implementar medidas que nos lleven a ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050, e incluso yendo más allá, a partir de ese año, a que las absorciones de gases de efecto invernadero superen a las emisiones. En beneficio del planeta, en beneficio de todos.
No será posible lograrlo sin la necesaria descarbonización de la economía. Dejar de quemar combustibles fósiles es un imperativo. En todos los ámbitos. Especialmente en el del transporte que es uno de los sectores que peor balance tiene de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
No cabe duda de que es ésta una ingente, compleja y costosa tarea que, aun debiendo hacer todos lo posible por acortar los tiempos al máximo, es carrera de largo plazo. Requiere de todos y precisa del comercio internacional. De hecho, la UE es uno de los mercados más abiertos a las importaciones de vehículos eléctricos en comparación con otros países, debido también en parte a los objetivos establecidos de electrificación y descarbonización. En esta transición habrá beneficios y daños colaterales, hay intereses, riesgos y oportunidades en juego. Por ello, para garantía de un éxito que, o será de todos o perderemos todos, el respeto a las normas internacionales es indispensable.
Los Estados miembros de la Unión Europea tenemos un compromiso con la democracia y con el estado de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Es algo determinante de nuestra esencia, de lo que somos. Supone acordar reglas de juego para todos, según procedimientos establecidos que son también parte del elenco normativo, y a cumplir por todos; y supone acordar también cómo y quién dirime si se está produciendo el debido respeto a esta legislación común y qué hacer si esto no se produce; y supone también respetar el papel de quien debe llevarlo a cabo y acatar sus decisiones. Y ello, es extrapolable al orden mundial.
La OMC, a la que pertenecen 157 países, tiene como cometido impulsar el comercio, reduciendo obstáculos, elaborando normas que los regulen y dirimiendo desacuerdos entre las partes conforme a las mismas, mediante la solución de diferencias. Circunstancia ésta que se sucede cada día, para muy diversos productos y entre los múltiples países integrantes.
El Reglamento relativo a la defensa contra las importaciones subvencionadas por parte de países no miembros de la Unión Europea establece el procedimiento antisubvenciones, y por el que se invita a todas las partes interesadas que así lo soliciten, a alegar en contra. La UE tiene un compromiso con la transparencia, también parte esencial de la democracia. El pasado 4 de octubre se anunció el inicio de un procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de vehículos eléctricos de batería nuevos para transporte de personas importados de China. La Comisión Europea está en contacto con las autoridades y con empresas chinas con el objetivo de resolver la situación detectada de manera compatible con la OMC y sus reglas. De hecho, toda empresa puede solicitar un cálculo individualizado, una investigación específica.
La UE debe también y fundamentalmente, mantener un compromiso con sus ciudadanos que pasa por cumplir el Acuerdo de París, y pasa también por promover el progreso y el bienestar, que lo es tanto económico, como social y medioambiental.
La crisis derivada de la Covid-19, la invasión rusa a Ucrania, nos han advertido a los europeos de la necesidad de que, para cumplir con los propios compromisos internacionales de los que el conjunto del planeta se beneficiará, garantizar unas cadenas de valor sólidas es determinante.
En este contexto, alcanzar los objetivos en juego, todos de enorme transcendencia, requiere de diálogo entre poderes públicos y con las empresas, requiere de mucha transparencia y de respeto de las reglas de juego. La historia reciente nos demuestra que el comercio mundial redunda en beneficio mutuo cuando se sustenta sobre prácticas leales, sobre prácticas debidas, y es lo que debemos perseguir, pues sólo a perder este mutuo beneficio nos conduciría lo contrario.
Resumen
El compromiso de la Unión Europea con el cambio climático se traslada a una ingente legislación. Normativa que obliga a ciudadanos y empresas europeas a implementar medidas que nos lleven a ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050, e incluso yendo más allá, a partir de ese año, a que las absorciones de gases de efecto invernadero superen a las emisiones. En beneficio del planeta, en beneficio de todos.