La vivienda es un derecho, no una cuestión política

Es preciso impulsar de una vez por todas el desarrollo de un parque de vivienda de alquiler asequible bajo régimen concesional, de manera que nuestros políticos puedan generar confianza a nuestros empresarios

En los 24 años de experiencia como analista del mercado inmobiliario en España he vivido ciclos alcistas y bajistas. Del mismo modo, también he sido testigo de políticas de vivienda de todos los colores y signos antagónicos y, aunque todo esto parezca una experiencia enriquecedora, la verdad es que nada ha debido servir de mucho al final del día, pues cuando visitan nuestro país los grandes fondos de inversión de origen anglosajón siempre nos dicen lo mismo: “no se entiende que los españoles nos contéis que en España hay escasez de suelo cuando a los 30 segundos de despegar nuestro avión para volver a nuestro país desde el aeropuerto de Madrid lo único que vemos por la ventana son latifundios de norte a sur y de este a oeste. Vaya, será que algo estáis haciendo mal como país”.

Probablemente algo estamos haciendo mal en España cuando nuestro Gobierno proclamaba hace tiempo a los cuatro vientos su compromiso de construir 183.000 viviendas para “alquiler asequible” y, de momento, sólo se han entregado 11.000 unidades. Además, cabe destacar que estas 11.000 viviendas pertenecen en su totalidad a la Sareb, organismo participado por el Estado, lo que evidencia que, por alguna razón, es un negocio que por el momento no consigue atraer al capital privado. Pero si hay un aspecto realmente preocupante de estos datos es que, de estas 11.000 viviendas, tan sólo se han construido 244 unidades, lo que supone el 0,13% de las 183.000 que se prometieron; mientras que el resto de serían “la herencia” de promociones terminadas y fallidas adjudicadas por nuestros bancos y cajas de ahorros durante la crisis financiera que finalmente terminaron en nuestro “banco malo”.

Estos datos ponen de manifiesto que de nada sirve hacer política nacional sobre vivienda cuando las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de un país tan maravilloso como poliédrico que es nuestra querida España. Muchas veces nos gusta “sacar pecho” de nuestra diversidad y seguramente tenemos muchas razones para hacerlo, pero, en materia de vivienda, no podemos presumir demasiado. Lo que estamos haciendo es generar un caldo de cultivo para el conflicto social que pagarán las generaciones que vendrán después de nosotros porque no estamos sabiendo sentar a trabajar juntos a los políticos y a los empresarios para pensar en el bien común de la ciudadanía.

La solución pasaría por impulsar de una vez por todas el desarrollo de un parque de vivienda de alquiler asequible bajo régimen concesional, de manera que nuestros políticos puedan generar confianza a nuestros empresarios, así como garantizar un marco legal estable durante un tiempo razonable y una demanda de arrendatarios recurrente y segura. A cambio de todo esto, los empresarios se conformarán al final del día con un precio de alquiler notablemente más bajo que el actual, cosa que podrán hacer ya que no tendrán que comprar nunca el suelo, al tratarse de un régimen concesional. 

El hecho de que el capital privado esté “huyendo” del mercado de alquiler asequible y se esté centrando en el mercado de alquiler de lujo nos deja inevitablemente ante una situación en la cual la vivienda de menor precio dependerá totalmente del Estado, quien independientemente de su signo político, correrá el riesgo de utilizar la vivienda con fines electorales y populistas en lugar de como un derecho de la ciudadanía, que es su verdadera razón de ser desde la Revolución Industrial en Occidente.  

A fecha de hoy, en España sólo hay planes específicos para desarrollar bajo cooperación público- privada en los 10 próximos años un total de 79.600 viviendas de alquiler asequible bajo régimen de concesión. Este volumen no significa más del 10% de la obra nueva total prevista por el sector privado y del 43% de las 183.000 unidades prometidas por nuestro Gobierno actual. Por esta razón de mera “insuficiencia” es preciso actuar con inmediatez. ¿Cómo hacerlo? Utilizando la política fiscal y aplicando una gestión urbanística eficaz de forma sinérgica.

Con la primera conseguiríamos racionalizar nuestro exceso de turismo en las zonas más tensionadas, utilizando la recaudación del impuesto a los turistas en beneficio de la mejora de las infraestructuras de las ciudades. Esta fórmula permitiría urbanizar con dinero público nuevos ámbitos de suelo que puedan ponerse en carga posteriormente para incrementar la oferta de vivienda de las zonas más saturadas, cooperando con empresarios locales y extranjeros en régimen concesional. Una política urbanística eficaz también consiste en facilitar la reconversión al uso residencial de los cerca de dos millones de metros cuadrados de superficie alquilable de oficinas que se encuentra desocupada de forma “crónica”, tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña. Esto podría generar 28.000 viviendas nuevas en Madrid y Barcelona, lo que ayudaría bastante a contener una espiral alcista de los precios de venta y de alquiler. Y sólo hemos puesto dos ejemplos.

Recordemos que el sector inmobiliario es un aspecto vertebrador de nuestra sociedad cuyo objetivo es hacer mejor la vida de las personas favoreciendo la inclusión y el bien común. España tiene los fundamentales para tener un parque inmobiliario inclusivo y moderno mediante la colaboración público-privada y posiblemente estemos ante una de nuestras ultimas posibilidades de hacerlo real sin llegar al conflicto social. No desaprovechemos el año 2025, por favor.

Publicado en El Economista