EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
Las decisiones políticas deben basarse en la sostenibilidad y la previsión, asegurando que las acciones de hoy beneficien a las generaciones futuras.
En los albores del segundo cuarto del siglo XXI, las administraciones públicas de todo el mundo y, en concreto, las españolas, se enfrentan a retos de profundo calado que requerirán enfoques innovadores y sostenibles, como el envejecimiento de la población, la inmigración o el sostenimiento del estado de bienestar. Todo ello en un contexto en el que también tienen que abordar una serie de medidas a corto plazo que no pueden esperar.
España 2025. Un año por delante
Uno de los mayores desafíos a largo plazo es el cambio demográfico, especialmente el relativo al envejecimiento de la población. Con una mayor proporción de personas mayores, los gobiernos deben abordar el importante incremento en el gasto sociosanitario y las pensiones al que ya estamos asistiendo; los efectos de la despoblación del entorno rural y la propia organización del modo de vida en las ciudades. Es previsible que los efectos mentales de la soledad se convertirán en un problema creciente que deberá ser abordado con políticas adecuadas.
Otro reto crítico es la gestión de los movimientos migratorios. La inmigración es, sin duda, un elemento esencial del crecimiento económico y la diversidad cultural en una sociedad con bajísimas tasas de natalidad. Es esencial que las administraciones desarrollen estrategias efectivas para integrar a los inmigrantes en la sociedad, así como garantizando su acceso a oportunidades económicas y educativas.
La educación es otro pilar fundamental para el desarrollo a largo plazo. Mejorar la calidad educativa es crucial para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su origen socioeconómico. Invertir en educación no solo fomenta el crecimiento económico, sino que también fortalece los cimientos de una sociedad justa y equitativa. La desigualdad económica conduce a tensiones sociales y, a la larga, a la desaceleración del crecimiento económico.
El sostenimiento del estado de bienestar es un desafío continuo. Las administraciones deben asegurar que los servicios públicos, como la salud y la educación, se mantengan accesibles y de alta calidad. Esto también incluye la inversión en infraestructuras de transporte, telecomunicación, investigación y desarrollo, educativas, etc., que deben ser continuamente mejoradas y adaptadas a las necesidades cambiantes de la economía y la población.
Finalmente, la protección de las democracias occidentales y el modo de vida europeo en un mundo con mayor peso de las autocracias es un reto significativo. Las administraciones deben estar vigilantes y proactivas en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, asegurando que estos principios no sean erosionados por influencias externas.
A corto plazo, las administraciones españolas deben centrarse en el despliegue completo de los fondos europeos, que incluyen importantes reformas e inversiones, así como la ejecución del tramo de préstamos recientemente adjudicado a España. Estos fondos están siendo cruciales para la recuperación económica y la implementación de proyectos que impulsen la innovación y la sostenibilidad. Por ejemplo, se espera que en 2025 comencemos a observar los resultados de los planes e inversiones ejecutados en el ámbito de la formación profesional, por citar uno de los campos de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos NextGenerationEU.
La recuperación de los daños causados por la DANA en Valencia es otro desafío inmediato. Las administraciones deben actuar rápidamente para reparar la infraestructura dañada, apoyar a las comunidades afectadas e implementar medidas de prevención que minimicen futuros impactos de desastres naturales. En 2025 seremos testigos de importantes paquetes de ayuda dirigidos a la recuperación de este territorio.
Mejorar la competitividad de la economía y las empresas es esencial para asegurar el crecimiento sostenible. Las administraciones españolas deben promover un entorno empresarial favorable, que fomente la innovación, la inversión y el emprendimiento. Veremos en 2025 movimientos en esta dirección. Todo ello, con especial atención a las medidas que la Comisión Europea impulsará en 2025 en relación con las reglas de competencia y la autonomía estratégica europea, de acuerdo con el camino señalado por el informe Draghi.
La reducción de las tasas de desempleo, especialmente el juvenil, es un reto prioritario. Las administraciones deben desarrollar políticas laborales que fomenten la creación de empleo y proporcionen formación y oportunidades a los jóvenes, asegurando que puedan contribuir de manera significativa al desarrollo económico.
Para encarar estos cambios, es crucial fomentar la colaboración público-privada. Las administraciones deben trabajar de la mano con el sector privado para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles.
Aprovechar las enormes mejoras que introduce la digitalización en la agilización de los procedimientos administrativos y la gestión pública es esencial. La digitalización puede mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos, beneficiando a toda la sociedad. En 2025 y 2026 se finalizarán los proyectos de transformación digital previstos en el Componente 11 del PRTR y veremos el comienzo de la adopción de nuevas tecnologías para la gestión pública, como la Inteligencia Artificial.
Racionalizar el entorno regulatorio es también una recomendación clave. Las administraciones deben simplificar las normativas y eliminar las barreras innecesarias, facilitando así el desarrollo económico y la innovación.
Adoptar una visión a medio plazo, en lugar de centrarse únicamente en el corto plazo, es fundamental. Las decisiones políticas deben basarse en la sostenibilidad y la previsión, asegurando que las acciones de hoy beneficien a las generaciones futuras. Todo esto debe hacerse con respeto a las normas establecidas de concurrencia, publicidad y protección de los intereses de la Unión Europea, para evitar problemas futuros y garantizar la transparencia y equidad en todas las acciones administrativas. Enfrentar los retos del segundo cuarto del siglo XXI requerirá un esfuerzo de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad en su conjunto, y 2025 no será diferente en cuanto a esta necesidad.
Resumen
En el segundo cuarto del siglo XXI, las administraciones públicas, especialmente en España, enfrentan retos significativos como el envejecimiento de la población, la inmigración y el sostenimiento del estado de bienestar. A corto plazo, deben desplegar fondos europeos para la recuperación económica y abordar daños causados por desastres naturales. Mejorar la competitividad, reducir el desempleo juvenil y fomentar la colaboración público-privada son esenciales. La digitalización y la simplificación regulatoria también son claves para una gestión eficiente y sostenible. Las decisiones deben enfocarse en la sostenibilidad y el beneficio a largo plazo.