Tiempos revueltos para la política fiscal

El año se cierra con muchos frentes abiertos, entre otras cosas en materia hacendística. En el momento de empezar a escribir estas líneas la Comisión de Hacienda del Congreso está en receso, con el grueso de la “reforma fiscal” del Gobierno en el aire ante la dificultad de poner de acuerdo a su abigarrada y no siempre bien avenida colección de socios.

Lo de “reforma fiscal”, por cierto, es un decir. Hubo en su día un Libro Blanco en el que se esbozaba un plan que podría ser un buen punto de partida para una reforma fiscal de verdad, pero que duerme el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Hacienda desde el momento de su entrega.

En su lugar, lo que ahora se ha discutido y aprobado parcialmente es una heterogénea colección de medidas de corte en muchos casos populista que el Gobierno quiere vender a Bruselas como parte de un improvisado paquete en el que la medida estrella es la no actualización con la inflación de la escala de gravamen del IRPF, esto es, una subida general de tipos por una vía poco perceptible para el contribuyente. En este paquete se incluyen la extensión de los arbitrarios gravámenes punitivos sobre las entidades financieras y (posiblemente) las empresas energéticas, seguramente inconstitucionales, junto con subidas puntuales de impuestos que afectan al tabaco y los vapeadores y a las rentas más elevadas del capital y algunas medidas de corte técnico que pueden ayudar a combatir el fraude en el IVA y a limitar el coste para Hacienda de la sentencia judicial que anula ciertos cambios en el impuesto de sociedades aprobadas por una vía cuestionable por el último Gobierno del PP. Todo ello, además, se ha introducido en el Parlamento por la puerta de atrás, a través de una enmienda a un proyecto de ley ya en tramitación, con el fin de evitar los preceptivos informes de los Ministerios competentes y otros organismos consultivos. Todo un ejemplo de lo que no debe ser una reforma fiscal y de cómo no debería tramitarse en un estado de derecho.     

Hay quien sostiene que la aprobación del paquete fiscal es un buen augurio de cara a la aprobación, aunque sea fuera de plazo, de unos Presupuestos Generales del Estado que permitan relanzar y culminar la legislatura. Pero también cabe considerarla un precedente preocupante: si se mantiene el mismo método de negociación, cabe temer la aprobación de unos Presupuestos trufados de ocurrencias ideológicas al coste de gravosas concesiones, presupuestarias o competenciales, a los partidos nacionalistas.

Otro frente abierto de par en par es el de la financiación autonómica. Con diez años de retraso, parece que finalmente se activa la reforma pendiente, pero de una forma inesperada que genera una enorme incertidumbre sobre la evolución futura del sistema. Se parte, en particular, de un sorprendente acuerdo entre el PSC y ERC que, a cambio de la mera investidura de un presidente autonómico, aspira a poner patas arriba no sólo el sistema de financiación territorial sino también toda la estructura de gestión tributaria e incluso el propio modelo de estado. Con la excusa de una infrafinanciación inexistente, el documento propone la cesión a la Generalitat de Cataluña de todos los impuestos estatales, lo que incluye tanto competencias exclusivas sobre su recaudación a través de una Agencia Tributaria Catalana independiente de la estatal como la titularidad del 100% de sus rendimientos a cambio de una especie de cupo y una indefinida cuota de solidaridad.

Esto comportaría el desmembramiento de la Agencia Tributaria Estatal, con considerables costes en términos de perdida de eficiencia, más fraude y mayores costes de cumplimiento, especialmente para las empresas que operan en toda España. Aunque los criterios de cálculo de la aportación catalana a la caja común del Estado no se especifican, puesto que uno de los objetivos centrales de la reforma es el de mejorar sustancialmente la financiación de la Generalitat, ésta comportaría también una significativa reducción de tal aportación que inevitablemente recaería sobre territorios peor financiados que Cataluña, con consecuencias muy negativas para la equidad del sistema. El acuerdo, finalmente, abriría la puerta a la generalización del sistema de concierto, hoy restringido a los territorios forales, lo que podría suponer el inicio de una deriva hacia un estado confederal poco funcional, con una administración central debilitada, carente de los recursos tributarios necesarios para ejercer eficazmente sus funciones constitucionales.