Este crecimiento se debe principalmente a la contribución de la población extranjera. Así, la tasa de crecimiento interanual de los ocupados de nacionalidad española en el tercer trimestre fue del 0,2% mientras que la de extranjeros o con doble nacionalidad fue 8,3%. Aunque se ven señales incipientes de una desaceleración en la contribución de la población extranjera, la inmigración sigue siendo uno de los factores que mejor explica el dinamismo del mercado de trabajo en España. Por el contrario, se observan señales preocupantes en la evolución del empleo en algunos segmentos de edad de la población de nacionalidad española que contribuyen negativamente al crecimiento del empleo o que aún no han recuperado los niveles prepandemía.
En cuanto a las necesidades de las empresas por cubrir su demanda de empleo, la tasa de vacantes sobre desempleo ha seguido aumentando respecto a años anteriores y se encuentra a medio camino entre una posición cíclica neutral y el máximo tensionamiento observado en 2007, poco antes de la Gran Recesión. Este tensionamiento en el mercado laboral actual podría dificultar la contratación de personal cualificado y aumentar la presión sobre los salarios, afectando tanto a la competitividad empresarial como a la inflación.
Las previsiones para 2025 de BBVA Research anticipan un crecimiento económico del 2,3 %, respaldado por una mayor demanda interna y recuperación de la inversión, particularmente en vivienda y sectores productivos. No obstante, el envejecimiento poblacional y las bajas tasas de participación entre los españoles moderarán el avance del mercado laboral. El empleo crecerá alrededor del 2,0% y la tasa de paro disminuirá al 10,7% en media para el conjunto del año.
2025 se perfila como un periodo de ajustes importantes en el marco laboral español. Entre las medidas más destacadas están el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que se espera supere ampliamente la inflación del 2,8% de 2024, alcanzando niveles cercanos al 60 % del salario medio nacional.
Asimismo, la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin ajustes de salarios supone un aumento del coste laboral, que puede dar lugar a potenciales efectos negativos sobre la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro, si no se implementan medidas compensatorias. En cualquier caso, la medida necesita contar con suficiente apoyo parlamentario. La experiencia reciente sobre la complejidad para alcanzar una mayoría que respaldara las medidas fiscales incorporadas junto con la transposición de la Directiva para una imposición mínima del 15% a multinacionales, hace prever que la tramitación no será sencilla. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la aprobación o no de la medida ya supone un lastre en los planes de las empresas sobre el aumento de sus plantillas y la negociación salarial.
Por otro lado, también se han anunciado modificaciones en las indemnizaciones por despido improcedente, con el objetivo de hacerlas más disuasorias para los empleadores y ajustadas al daño presumiblemente sufrido por los trabajadores. Esta reforma implica mayores costes para las empresas e incertidumbre sobre el coste total de despido, al tiempo que puede incrementar la conflictividad judicial.
En el ámbito de la Seguridad Social, 2025 marcará el tercer año de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya cotización aumentará del 0,7 % al 0,8 %, en línea con el objetivo de reforzar los ingresos el sistema de pensiones. Este incremento afectará a todas las nóminas y se suma al destope de las bases máximas de cotización, que en 2025 se ajustarán a 59.059 euros anuales.
Además, la introducción de una nueva "cuota de solidaridad" gravará la parte de los salarios que superen la base máxima, comenzando con tasas entre el 0,92 % y el 1,17 %. Este impuesto, aunque no generará derecho a pensiones más elevadas y reduce la contributividad del sistema, busca cubrir el creciente gasto en pensiones, cuya sostenibilidad sigue siendo un enorme desafío a largo plazo.