España en el panorama geoestratégico global

Complejo es el adjetivo que mejor define el tablero geoestratégico global en 2025. Un escenario que vuelve a estar marcado por la incertidumbre y en el que España parte de una posición destacada por el buen desempeño de los últimos años. La recuperación post-pandemia y el cambio de modelo productivo en el que estamos inmersos hacen que nuestro país sea un actor de peso, relevante y respetado en el ámbito europeo e internacional.

Los retos que se vislumbraban en el horizonte se han agudizado por múltiples factores. Lejos de solventarse, los conflictos geopolíticos regionales están aumentando: a la invasión de Ucrania por Rusia y el conflicto en Medio Oriente, se suma la incierta etapa que se abre en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad y se mira de reojo a los riesgos potenciales en el Mar de China y Taiwán. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus anuncios generan incertidumbre. Por otro lado, está creciendo el cuestionamiento del sistema multilateral puesto en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Estos son algunos de los desafíos que afrontamos desde el Gobierno de España con una acción decidida. Apuntamos a lograr tres objetivos a priori difíciles de compatibilizar, pero que creemos se pueden reforzar mutuamente para competir en el difícil contexto mundial en el que estamos inmersos: (i) lograr la seguridad económica, que implica garantizar la autonomía estratégica; (ii) financiar la transición verde; y (iii) alcanzar la sostenibilidad fiscal. 

El primero de estos objetivos es inherente a incrementar la competitividad. Se trata de la prioridad más acuciante para España y los socios europeos, dado que hemos visto cómo se ha perdido terreno en las últimas décadas frente a EE.UU. y China. Baste como ejemplo algunas conclusiones extraídas del informe Draghi para entender la hoja de ruta que estamos implementando desde 2021. El 70% del gap en el PIB per cápita de Europa con EE.UU. se debe al menor crecimiento de la productividad, principalmente, por el diferente crecimiento del sector tecnológico y la menor adopción de las nuevas tecnologías.  

Draghi apunta que se necesitan en torno a 800.000 millones de euros de inversión anuales para aumentar la productividad y ganar competitividad en Europa. En este contexto y con el foco puesto en el sector tecnológico, España viene impulsando con fuerza la transformación digital del país desde hace cinco años. Así, el 25% de los fondos Next Generation se están invirtiendo en el ámbito de la digitalización. Hemos destinado más de 2.000 millones de euros para la transformación de las pymes nacionales y se han creado cerca de 350.000 plazas de FP, siendo una cuarta parte en ámbitos ligados a la digitalización.  

Con una perspectiva a medio plazo, hemos adoptado medidas que redundan en el incremento de la autonomía estratégica española como la creación de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT). Desde este organismo, que gestionará cerca de 20.000 millones de euros, se está apoyando el desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial, la fotónica integrada e industrias como la microelectrónica y los semiconductores a través de participaciones en capital y préstamos. Además, a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) se está promoviendo el desarrollo de industrias clave para la seguridad económica como son la del vehículo eléctrico y conectado, la de las energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento o la del sector agroalimentario, entre otras. 

A nivel europeo, la seguridad económica debe implicar también una política comercial abierta, buscando nuevas alianzas y acuerdos estratégicos, tal y como muestra el recientemente alcanzado de Mercosur (donde España ha jugado un papel de apoyo crucial) y cuyos flecos se siguen negociando. También, la iniciativa Global Gateway centrada en la inversión en el Sur Global ha de estar muy presente. 

El segundo objetivo para alcanzar la autonomía estratégica está ligado a la agenda verde y a la reducción de la dependencia energética. Europa debe continuar liderando la descarbonización de la economía, apostando por una reindustrialización limpia. En los últimos años, el despliegue de las renovables ha dado un salto notable en España. La generación de electricidad renovable con datos de finales de 2024 alcanza el 56%, 24 puntos más que en 2017 y aspiramos a llegar al 81% en 2030, como nos comprometimos en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). 

En este sentido, el nombramiento de Teresa Ribera como Vicepresidenta Ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea es una clara señal de que la defensa del Green Deal va a seguir activa en Bruselas. España seguirá empujando desde luego por que así sea.  

Estas metas tienen que ser compatibles con la sostenibilidad fiscal, el tercero de los objetivos mencionados previamente. Desde el Gobierno de España nos tomamos esto muy en serio, y prueba de ello es que en los últimos años la deuda pública ha caído 15 puntos. Nuestro país ha salido del procedimiento por déficit excesivo de la UE y está firmemente comprometido con las nuevas reglas fiscales. En paralelo a la mejora de las cuentas públicas, tenemos que ser ambiciosos en la defensa de los bienes públicos europeos. Ahí la UE ha de jugar un papel clave. Es necesaria una reforma que flexibilice y adecúe las ayudas de Estado a los nuevos retos, vinculada a la existencia de un Fondo de Competitividad que evite una desventaja para los Estados miembros con espacio fiscal limitado. 

Además de los objetivos citados, es oportuno señalar que las ingentes inversiones requeridas para ser competitivos necesitan del sector privado. Hemos de avanzar en la creación de un mercado de capital europeo y culminar la Unión Bancaria, que facilite la financiación privada necesaria para proyectos innovadores, así como mejorar la competitividad potenciando el mercado interior y la reducción de trabas administrativas. Desde España, promovemos un sandbox regulatorio que actúe de catalizador de la cooperación entre los estados miembro.  

Con todo ello, lograremos que Europa siga siendo un destino atractivo para la inversión. España ha hecho los deberes en este ámbito. En 2023, el flujo de Inversión Extranjera Directa ascendió a 28.074 millones de euros y atrajo más de 7.000 millones de fondos soberanos entre enero de 2023 y junio 2024. Seguiremos trabajando en esa dirección.