2025, de la disrupción digital a la eliminación de barreras

Este 2024 ha sido el año de irrupción de la IA generativa, y la primera vez que se otorga un premio Nobel por una investigación científica realizada con IA y computación. David Baker, Demis Hassabis y John Jumper recibieron el nobel de química por revelar los secretos de las proteínas gracias a la inteligencia artificial y a la computación. Los premiados han conseguido resolver un problema científico de más de 50 años y predecir las complejas estructuras de las moléculas básicas de la vida para crear nuevas proteínas que no existen en la naturaleza. Este hallazgo tendrá aplicación en numerosos procesos: desde el desarrollo de vacunas, pasando por el tratamiento de cáncer, hasta la evolución hacia una industria química más verde.

No creo que sea casual que también este año el nobel de economía recaiga en académicos que estudian la relación entre las instituciones y la prosperidad, y denuncian que innovación tecnológica no necesariamente coinciden con prosperidad, como señala en sus trabajos Daron Acemoglu, premio nobel de economía 2024 junto a Simon Johnson y James A. Robinson. Daron pone aún más el acento en el monopolio que pueden ejercer las grandes tecnológicas y plataformas, fortalecido por el desarrollo de los modelos de lenguaje como ChapGPT, en su intención de obtener ingresos publicitarios mejorando los algoritmos que programan para captar nuestra atención. Teniendo en cuenta lo anterior, este académico reclama que se desarrollen mecanismos políticos que “ayuden a modificar el modelo de negocios pernicioso de las grandes tecnológicas, impidiendo así que las plataformas les inflijan tanto daño emocional a sus usuarios, especialmente a los jóvenes vulnerables”.  

Podríamos decir que a estos “mecanismos políticos” demandados por el nobel ha respondido la Comisión Europea en la legislatura que acabamos de cerrar. Europa está intentando avanzar hacia el Mercado Único Digital con el desarrollo de la Ley de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales, que han entrado en vigor en 2024. Será en 2025 cuando se produzca su implementación junto al desarrollo de los aspectos pendientes de regular, como la Ley de Redes Digitales (DNA).  Estas leyes europeas imponen obligaciones a las plataformas digitales en cuanto a moderación de contenidos y prácticas de competencia, exigiendo una mayor transparencia en su funcionamiento.  

A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será clave en la supervisión de estas plataformas y las posibles sanciones para asegurar que se cumplan las normativas.  

¿Que esperamos entonces para 2025?  Quizá la respuesta esté en el discurso de Ursula Von der Leyen en la presentación de sus 26 comisarios para la legislatura 2024-2029. La presidenta de la Comisión Europea perfiló la “Brújula de Competitividad” que guiará los trabajos de la nueva Comisión de cara a avanzar en sus tres prioridades: cerrar la brecha de innovación, avanzar en la descarbonización y reforzar la competitividad, y aumentar la seguridad y reducir las dependencias.  

La hoja de ruta ya quedó bien establecida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo: “Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030” en marzo de 2023 (COM/2023/168 final), donde se fijaban las condiciones adecuadas para permitir a las empresas europeas seguir innovando y creando empleo.  

Estas condiciones necesarias para la mejora competitiva han sido revisadas por Mario Draghi, quien destaca que la competitividad de la UE dependerá de la digitalización de todos los sectores, y de la adopción de infraestructuras de última generación y mayores competencias digitales.  

Frente a los otros grandes bloques económicos el modelo industrial de la UE no refleja el ritmo actual del cambio tecnológico y depende de terceros países para más del 80% de sus productos, servicios, infraestructura y propiedad intelectual digitales. Las empresas tecnológicas de la UE carecen del tamaño necesario para aumentar sus esfuerzos en I+D y desplegar inversiones en telecomunicaciones, servicios en la nube, IA y semiconductores. Para solventar estas carencias serán clave los estímulos a la innovación y la desregulación. 

Y en este contexto España afronta 2025 con la mirada puesta en el Plan de la Década Digital de la Comisión Europea, un programa ambicioso que sitúa la digitalización como un pilar esencial para el crecimiento inclusivo y sostenible.  

España tiene la oportunidad de consolidarse como líder en digitalización, aprovechando sus fortalezas y superando retos históricos para garantizar un progreso que beneficie a todos. 

Los objetivos para 2030 se estructuran en cuatro dimensiones: competencias digitales para el 80% de la población; digitalización de las empresas con al menos el 75% de las mismas utilizando cloud, inteligencia artificial y big data; infraestructuras digitales con cobertura del 100% de la población; y 100% en digitalización de los servicios públicos (https://espanadigital.gob.es/indicadores/DESI).  

En este marco, España tiene un gran potencial para liderar áreas específicas como la digitalización de los servicios públicos, la aplicación de tecnologías verdes y el desarrollo de soluciones innovadoras en sectores clave como la salud y el turismo. 

Para abordar estos desafíos es imprescindible acelerar el ritmo de la transformación digital a través de acciones concretas. La consolidación de infraestructuras digitales debe ser una prioridad, garantizando que las redes de alta velocidad lleguen a todas las regiones, incluidas las zonas rurales. Una conectividad universal y de calidad, que se conseguirá gracias a las actuaciones del programa UNICO (programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión), financiado por los fondos Nextgeneration, permitirá a empresas y ciudadanos de toda España acceder a las oportunidades que brinda la digitalización.  

Además, para intensificar la formación en competencias digitales, es prioritario diseñar e impulsar programas inclusivos que faciliten la adquisición de habilidades básicas para colectivos vulnerables, como personas mayores y desempleados, y ofrecer capacitación específica para empleados de pymes, de manera que integren herramientas digitales avanzadas en sus actividades diarias.  

España se encuentra por encima de la media de la UE en competencias digitales salvo en el porcentual de especialistas en TIC en el que nos encontramos ligeramente por debajo (4,4% frente al 4,8%). Necesitamos 1,5 millones de especialistas TIC para incorporar a empresas y administración; todo un reto para universidades, centros de formación, y conjunto de la sociedad, que requerirá un aumento de vocaciones STEM. algo que además debería permitir reducir la brecha de género en el sector. 

En paralelo, es crucial extender iniciativas como el Kit Digital con actuaciones que fomenten la adopción de tecnologías avanzadas por parte de las pymes. El desarrollo de programas de acompañamiento puede facilitar a estas empresas la implementación de soluciones adaptadas a sus necesidades particulares.  

Otro aspecto fundamental tiene que ver con promover la innovación tecnológica a través de colaboraciones público-privadas que conecten a grandes empresas, startups y centros de investigación. Este enfoque colaborativo no solo acelerará el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas al mercado español, sino que también impulsará la creación de modelos de negocio disruptivos. 

Por último, un marco regulatorio equilibrado será esencial para garantizar que la digitalización se traduzca en beneficios reales para toda la sociedad. Esto implica establecer un entorno normativo que fomente la competencia, la inclusión y un mercado único digital, asegurando que todos los actores del ecosistema, desde los grandes operadores hasta las pymes y los usuarios finales, puedan participar en igualdad de condiciones.