Bajo la primera categoría, la económica, el reto es la absorción de los fondos como tal, un total de 163.000 millones de euros, de los cuales 48.000 millones ya han sido desembolsados, un 60% del total de subvenciones, cubriendo un total de 181 hitos y objetivos del total de 595 que el plan contiene, esto es, el 36%. Será crítico que todas las administraciones públicas sigan demostrando altas competencias tanto en la asignación como en el uso de estos recursos financieros extraordinarios, cumpliendo con los requerimientos que el plan solicita. El progreso en la ejecución del plan de recuperación y resiliencia está condicionado además a dos factores clave. El primero de ellos es la adopción de las últimas reformas estructurales en áreas clave como se espera con la ley de industria, la ley de familia y la consecución de las recomendaciones tributarias e impositivas.
Estas reformas son a menudo políticamente sensibles, requiriendo encontrar un equilibrio entre distintos agentes sociales y fuerzas políticas. El segundo factor es el despliegue exitoso del gran número de instrumentos financieros bajo el capítulo de préstamos, que supondrán hasta 76.000 millones de euros para 14 nuevos instrumentos en total. Dichos instrumentos financieros estarán ejecutados por organismos con amplia experiencia y reconocido prestigio, como el ICO (con ICO verde, ICO pyme, ICO vivienda o ICO Next Tech), el grupo BEI así como otros organismos, incluyendo de reciente creación, como SEPIDES, COFIDES y SETT.
La segunda categoría engloba los desafíos sociales. A nivel regional, es sabido que España presenta notables diferencias regionales en términos de desarrollo económico. Una implementación desequilibrada del plan de recuperación y resiliencia podría agravar estas disparidades, por lo que será esencial asegurar una distribución equitativa de los fondos y proyectos en todo el territorio. A nivel de inclusión social, el plan debe seguir demostrando su capacidad en generar oportunidades para todos, especialmente para los colectivos más golpeados por la crisis, como los jóvenes y las mujeres o áreas del país afectadas por desgracias climatológicas. El plan de recuperación y resiliencia debe seguir demostrando sus efectos reduciendo el desempleo y creando empleo de calidad, así como seguir la lucha contra la pobreza como objetivos transversales en su ejecución.
La última de las categorías incluye los retos provenientes de la conocida como transición económica dual, esto es, la transición hacia una economía verde y digitalizada. El plan de recuperación y resiliencia español prioriza de un modo claro, con un 40% del total de las inversiones y reformas del plan destinada hacia la transición a una economía verde. Sin embargo, la transformación del modelo productivo hacia prácticas más sostenibles implica superar la resistencia de sectores tradicionales y garantizar que la inversión en tecnologías verdes se traduzca en resultados tangibles, a través, entre otros, de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTEs), proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española y con un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones. En paralelo, los efectos del cambio climático se hacen más evidentes tal y como, lamentablemente hemos comprobado en primera persona con la peor DANA del siglo afectando a la Comunidad Valenciana. Ahí, el plan de recuperación y resiliencia seguirá contribuyendo a crear resiliencia y mejorar la adaptación climática a desgracias climatológicas como la sufrida en noviembre del pasado año. Este proceso tiene ramificaciones que incluyen la gestión del agua, la prevención de incendios forestales y la adaptación de la infraestructura. La otra cara de la transición dual implica responder a los desafíos tecnológicos y digitales de nuestra sociedad y continente.
En ese sentido, la digitalización es el segundo gran pilar del plan de recuperación y resiliencia, representando el 26% del plan. En 2025, España deberá seguir avanzando significativamente en la digitalización de su economía y administración pública. Esto incluye, por un lado, la mejora de la conectividad, la formación digital de la población y la transformación digital de las empresas, y del otro, mejorar su competitividad en el escenario europeo e internacional mejorando la capacidad de innovar, fomentando la investigación y el desarrollo así como la colaboración entre universidades, centros de investigación y el sector privado.
**The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the European Commission.