En este nuevo entorno, el pasado 14 de diciembre se aprobaba en trílogos la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, que puede considerarse como uno de los grandes hitos de la Presidencia Española de la UE, ya que ha sido una negociación muy compleja, que había varios temas de difícil consenso e implica la modificación de dos directivas y dos Reglamentos.
Por otra parte, la administración española ha elaborado por parte un nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030 -PNIEC-, que implica importantes retos y oportunidades para nuestro país.
En cuanto a la reforma del mercado eléctrico, destacaría la importancia de haber preservado la no retroactividad y los principios esenciales de seguridad jurídica y confianza legítima de los inversores, cuestión esencial para atraer el importante volumen de inversión exigido para la transición energética en la UE, especialmente en un entorno cada vez más complejo y competitivo.
En segundo término, se pretende evitar la segmentación de mercados, velando por medidas homogéneas que no pongan en peligro el mercado interior en la UE y especialmente en el caso de posibles intervenciones del mercado cuando una especial coyuntura lo pudiera requerir.
En tercer lugar, los mecanismos de capacidad, esenciales para asegurar la seguridad de suministro, se configuran como un elemento más del diseño del mercado, incidiendo en su carácter estructural y en que su aprobación siga un procedimiento más ágil.
En cuarto lugar, se pretende potenciar la contratación a plazo y los PPAs (Power Purchase Agreements) como elemento tractor de inversiones en transición energética, evitando la retroactividad y promoviendo mayor estabilidad en los precios para los consumidores.
Y, por último, que se pone en valor el papel esencial de las redes de transporte y distribución para hacer frente a los importantes retos a los que se enfrentan los sistemas eléctricos: mayor descentralización/democratización, mayor descarbonización y digitalización, y un entorno de incorporación muy significativa de renovables intermitentes. De este modo, la planificación de las redes deberá anticipar las necesidades de los sistemas energéticos para no obstaculizar los procesos de electrificación y descarbonización industrial y, además, la metodología de retribución deberá tener en cuenta el nuevo entorno de elevados tipos de interés y mayor inflación y ser lo suficientemente clara y concisa para que los gestores de redes puedan conocer de antemano las inversiones que serán retribuidas por el sistema.
En lo que concierne al PNIEC 2023-2030, es preciso tener en cuenta el aumento de la ambición en los tres objetivos básicos: rReducción de emisiones ETS respecto a 2005, que aumenta del 61 al 70%, por encima del objetivo de la UE del 62%; eficiencia energética, que se eleva del 39%, al 42 %, superando el 40,5 exigido en Europa; y participación de las energías renovables, que se incrementa del 74 al 81% en generación eléctrica y del 42 al 48% en consumo final, por encima del 42,5% de la UE.
Para su logro, el nuevo PNIEC contempla un incremento muy significativo de la capacidad renovable instalada, pasando de 113 GW a 160 GW para el año 2030, de modo que la capacidad instalada total se incrementa de 161 GW a 214 GW. En particular, en el nuevo escenario se mantiene la potencia base de respaldo (nuclear y ciclos combinados) y se aumenta la ambición eólica (en un 23%), solar fotovoltaica (en un 95%) y el almacenamiento (en un 54%, hasta los 22 GW).
Por lo que respecta a los gases renovables, se duplica el objetivo de producción de biogás para 2030, aumentando hasta 20 TWh, así como en hidrógeno renovable, en el que se incrementa significativamente la capacidad instalada de electrolizadores para 2030, desde los 4 GW (establecidos en la Hoja de Ruta) a 11GW.
En cuanto a la electrificación, si bien en el caso del transporte se eleva en un 10% la proyección del número de vehículos eléctricos a 2030, el uso de las bombas de calor disminuye su aportación un 25% y el consumo industrial se reduce un 2%.
En su conjunto, esta nueva ambición del nuevo PNIEC lleva consigo diversos retos, tanto físicos y técnicos, como económico-financieros y regulatorios. Desde un punto de vista físico y técnico, para cumplir el objetivo a 2030, será necesario incorporar en promedio anual en torno a 6,6 GW, frente a los 3,83 GW de media anual durante el periodo 2019-2022, lo que supondrá un importante desafío para el sector y las administraciones y exigirá una ágil adecuación de la red. También será necesario que se cuente con una demanda suficiente (nuevos procesos de electrificación, despliegue del vehículo eléctrico, interconexiones, etc.), así como un adecuado desarrollo de las tecnologías de almacenamiento, con el fin de evitar los vertidos de energía.
Desde la perspectiva económico-financiera y regulatoria, el reto se deriva de la necesidad de atraer una ingente cantidad de inversiones ―-casi 300.000 millones de euros―-, principalmente del sector privado, en un entorno cada vez más complejo, debido al incremento de los tipos de interés y a una mayor competencia entre países, lo que exige una regulación estable y predecible, que garantice una adecuada rentabilidad para los proyectos. En el ámbito regulatorio, destacaría la necesidad de aprobar cuanto antes la normativa que establece las subastas de capacidad, con el fin de promover inversiones en almacenamiento y evitar problemas de seguridad de suministro como los identificados para 2025 por los transportistas europeos, ENTSO-E.
En definitiva, 2024 será un año crucial para encauzar el cumplimiento de los ambiciosos objetivos a 2030 de nuestro país en reducción de emisiones, despliegue de renovables e incremento de la eficiencia energética. Se requieren cuantiosas inversiones en un entorno internacional cada vez más competitivo y cambiante, por lo que resulta esencial la colaboración público-privada.
Publicado en Cinco Días