Trabajar por la estabilidad

El mundo empresarial concluye el año 2023 con la mirada puesta en el futuro y en la planificación de lo que vendrá en un 2024 que, de entrada, viene cargado de incógnitas e incertidumbre.

Sin embargo, la buena noticia es que conseguir avanzar en lo económico y lo social a través de ese escenario falto de certezas depende de cómo lo afrontemos desde las empresas y, sobre todo, como sociedad. Es decir, más allá de los condicionantes exógenos, que 2024 sea un año próspero para todos depende, en gran parte, de nosotros.

Por convicción y por necesidad, ya que sólo en momentos de calma y predictibilidad puede desarrollarse una actividad económica generadora de empleo y en beneficio de todos.

Por eso, ese momento que supone todo cambio de año debería ser en esta ocasión, más que nunca, un instante al menos de reflexión por parte de todos, para buscar la manera de retornar a ese clima de estabilidad que tanto necesitamos y propiciar grandes consensos. Está en nuestra mano.

Así es que, si en lo económico el mundo empresarial asume que tendrá que hacer frente este año que comienza a un escenario condicionado, por ejemplo, por los impactos geopolíticos de la guerra de Ucrania o en la franja de Gaza; la evolución, un año más, de los precios; o, incluso, el resultado de las elecciones al Parlamento europeo del próximo mes de junio, también somos conscientes de la necesidad de trabajar, desde el diálogo, por volver a la estabilidad institucional.

Por nuestra parte, antes de hacer nuestra particular carta de demandas al nuevo Gobierno, que antes o después se pondrá encima de la mesa, debemos hacer, una vez más, una defensa de la mayor infraestructura del país, que es el diálogo social.

Ya avanzamos que vamos a defender ese diálogo social como la base de lo que deberían ser todas las decisiones legislativas de trascendencia económica y social. Si salvaguardamos ese espacio de diálogo –no necesariamente de entendimiento ni de acuerdo-, estaremos creando un importante espacio de moderación. Si además contamos con la lealtad institucional y el sentido de Estado de los poderes públicos, haremos de España un lugar en el que trabajar, invertir y con el que comerciar. Un país preparado para afrontar lo que venga.

Y lo que tiene que venir pasa, inevitablemente, por las dos grandes transformaciones sistémicas en las que ya estamos inmersos a nivel global (la transición digital y la transición ‘verde’ o de sostenibilidad) y la capacidad que tengamos para integrarlas de forma estratégica en la actividad del tejido productivo y su propuesta de valor, en nuevas posibilidades de negocio y como catalizador de cambios.

Para ello, necesitamos seguir impulsando reformas estructurales que nos permitan construir una economía más sólida, moderna y sostenible y que favorezcan que el tejido productivo español pueda mejorar su competitividad.

Reformas que deben ir destinadas, principalmente, a aumentar la capacidad de adaptación de nuestra economía, algo cada vez más necesario en un entorno, como el actual, marcado por la incertidumbre y la volatilidad.

Se trata de avanzar en asuntos que van desde el saneamiento de las finanzas públicas, la sostenibilidad del sistema de pensiones o la mejora de las ineficiencias del mercado laboral hasta una modernización del sistema fiscal que favorezca la actividad empresarial. Todo ello en un marco de diálogo social, como he citado anteriormente, y de colaboración público-privada.

Las empresas necesitamos un entorno institucional que impulse y crea, de verdad, en la colaboración público-privada. Porque la cooperación entre Administraciones y sector privado tiene un papel irremplazable y es garantía de una gestión más eficiente y eficaz para todos, como pudimos comprobar de forma muy clara durante la pandemia.

También resulta crucial que podamos asegurar un entorno de libertad económica como elemento clave para el desarrollo y el progreso, para favorecer el avance de una economía abierta e impulsar la iniciativa privada.

Un entorno en el que se refuercen los principios de unidad de mercado, seguridad jurídica y libertad de empresa, en un contexto de libre competencia y sin injerencias ni tentaciones intervencionistas por parte de los poderes públicos.

Para lograr esto, se pueden dar pasos concretos en línea con algunos de los puntos que, desde CEOE, venimos reclamado hace tiempo. Como una simplificación de trámites administrativos y cargas burocráticas; la configuración de un modelo fiscal competitivo y eficiente; la consolidación de un marco que favorezca tanto el emprendimiento como los procesos de fusión y compra de empresas para ganar tamaño o la segunda oportunidad para los emprendedores y el relevo en las empresas familiares; o dar facilidades de acceso a la financiación para que las empresas puedan crecer, invertir e innovar.

En definitiva: en un momento complicado e incierto como el actual, debemos dar pasos para salir fortalecidos de esta encrucijada. Y en este camino, las empresas deben tener un papel fundamental. Apostamos por un país en el que haya estabilidad política y calidad normativa que genere un clima de inversión favorable para que los empresarios podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer: crear empleos y generar riqueza para todos.