Las reglas fiscales y los acuerdos de investidura: un círculo muy difícil de cuadrar

Aunque la guerra sigue su curso, los efectos económicos de la crisis de Ucrania se han ido suavizado durante 2023 gracias a una cierta normalización de los precios de la energía y otras materias primas. Animada por esta mejoría, la Comisión Europea recordó en sus orientaciones de política fiscal que la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará en 2024, poniendo así fin al período de excepcionalidad iniciado con la llegada de la pandemia en 2020. Durante este período, la UE ha ofrecido barra libre fiscal a sus países miembros para hacer frente a los fuertes shocks de estos últimos años y esto se ha traducido en incrementos significativos tanto del gasto público cómo del déficit. Según datos de Eurostat,[1] entre 2019 y 2022, el gasto público aumentó en 3 puntos de PIB en el conjunto de la UE27 y en 5,1 puntos en España, hasta el 47,4 y el 49,6% del PIB respectivamente. En 2022, el déficit público español se situaba en el 4,8% del PIB, frente al 3,3% del conjunto de la Unión. Así pues, la reactivación de las normas fiscales europeas exigirá un cierto esfuerzo de consolidación que en España tendrá que ser superior a la media europea.

La forma final de estas normas está actualmente en discusión en las instituciones europeas. No hay acuerdo todavía sobre el ajuste mínimo anual del déficit o el stock de deuda que se exigirá a los países con déficits considerados excesivos, o sobre la posibilidad de excluir del cómputo del déficit ciertos gastos considerados estratégicos. Parece claro, sin embargo, que se volverá al límite de déficit público del 3%, por encima del cual será necesario presentar algún tipo de plan de ajuste, y que éste podrá “personalizarse” en alguna medida según las circunstancias de cada país. En el caso de España, además, la primera de las recomendaciones específicas de país aprobadas en junio por el Consejo Europeo se centra en la vuelta a la disciplina fiscal. Nos insta, en particular, a eliminar las ayudas extraordinarias para suavizar los efectos de la inflación, o al menos a concentrarlas en los hogares y sectores productivos más vulnerables, con el fin de reducir el déficit público lo antes posible, a limitar el crecimiento nominal del gasto primario en 2024 a un máximo del 2,6% y a continuar trabajando en los años siguientes para mejorar nuestra posición fiscal.

El Gobierno español no parece muy preocupado por la reactivación de las reglas fiscales. Según el Programa de Estabilidad (PE) 2023-26, España cerraría 2023 con un déficit del 3,9%, que se reduciría al 3% exigido por la UE ya en 2024 y seguiría bajando hasta alcanzar el 2,5% en 2026, mientras que el nivel de gasto caería en un punto en 2024 hasta el 46,3% del PIB y se estabilizaría después. Estas cifras, sin embargo, se calculan bajo un escenario macroeconómico tirando a optimista, con tasas de crecimiento del PIB real de entre el 1,7 y el 2,4% entre 2023 y 2026 y una caída de tres puntos de la tasa de paro. Más importante aún, las proyecciones se construyen bajo un escenario “inercial” sin nuevas medidas de política que tiene muy poco que ver con lo pactado por el PSOE con sus socios para la nueva legislatura, o con lo anunciado por el Presidente Sánchez en su discurso de investidura. Cuadrar estos acuerdos con las exigencias de las reglas fiscales y la senda de ajuste prevista en el PE va a ser muy complicado.

Mientras que el escenario inercial del PE preveía la retirada de las medidas extraordinarias contra la inflación, el Presidente ya ha anunciado su extensión parcial al menos durante el primer semestre de 2024. Los Acuerdos firmados con sus socios, además, apuntan a un significativo incremento del gasto público que hará muy difícil cumplir con lo anunciado en el PE. A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de pensiones ya generará en los próximos años, se suman el compromiso de abordar una reforma de la financiación territorial que incluirá una fuerte inyección de recursos adicionales y planes para mejorar numerosas prestaciones sociales. Se ha acordado también incrementar el gasto educativo para financiar, entre otras cosas, la universalización de la educación infantil, la reducción del número de estudiantes por aula y el incremento de las becas universitarias. Así mismo, se prevé invertir en el reforzamiento del sistema sanitario para reducir las listas de espera y ampliar la cartera de servicios, así como en la ampliación del parque público de vivienda. Todo esto y mucho más se pagará, en principio, mediante un aumento de la presión fiscal, especialmente sobre las grandes empresas y patrimonios y las rentas más elevadas y del capital.

Es difícil no compartir en términos generales los objetivos de mejorar la protección de los que más lo necesitan, reforzar los sistemas sanitario y educativo y facilitar el acceso a la vivienda, pero algunas de las medidas anunciadas plantean serias dudas y parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse en pocos años sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, o sin fuertes subidas de impuestos para todos, y no sólo “los ricos”. El nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo.