Suministro, precios de la energía y transición energética

2023 comienza con un despliegue de medidas temporales destinadas a mitigar y paliar los efectos adversos de la crisis energética.

2022 ha sido el año la crisis energética. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, las tensiones en las cadenas de suministros, la fuerte expansión de la demanda, la creciente preocupación por el cambio climático y finalmente la invasión de Ucrania han provocado perturbaciones globales sin precedentes en los mercados energéticos, principalmente en los europeos.

Desde el estallido del conflicto, se ha intensificado la agenda europea en materia de energía, más aún a medida que el impacto se iba haciendo patente en los mercados energéticos de los distintos Estados miembros y el alza de precios energéticos se ha ido propagando al resto de mercados de bienes y servicios, amenazando el crecimiento.

La situación energética en 2023 estará altamente condicionada por lo ocurrido durante el pasado año y por la sucesión de acciones, propuestas y medidas aprobadas en el ámbito europeo y nacional.

Las primeras acciones se centraron en la oferta de energía y en garantizar el suministro. Por un lado, se aprobó el Plan «REPowerEU» con el objetivo de acelerar la transición hacia una energía limpia y reducir de la forma más rápida posible la dependencia de los combustibles fósiles rusos, para lo que se insta a una mayor ambición en la consecución de los objetivos de generación eléctrica con energía renovable y se impulsa el desarrollo del hidrógeno verde y la expansión del biometano para contar con fuentes energéticas alternativas. Por otro lado, se hizo patente la necesidad de diversificar las fuentes de suministro de gas natural y de evitar la falta de aprovisionamiento para afrontar los inviernos, por lo que por primera vez se obliga a los Estados miembros al llenado de los almacenamientos subterráneos en un 80% para el invierno de 2022 y en un 90% durante los siguientes hasta 2025.

Ante la probabilidad de que se produjera un corte de suministro de gas ruso, se actuó con mayor contundencia sobre la demanda, haciendo participes a los consumidores de la necesidad de intensificar el ahorro energético. Así, hasta abril de 2023, los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos para reducir la demanda de gas en un 15% y la demanda eléctrica en un 10%, además de reducir de forma obligatoria el consumo en un 5% en horas punta.

Las medidas adoptadas no han podido contener el aumento de precios, por lo que por primera vez los socios europeos están autorizados a intervenir el mercado hasta julio de 2023, pudiendo establecer el límite de 180 €/MWh a los ingresos de los productores de electricidad con costes marginales más bajos (energías renovables, nuclear o lignito), y trasladando los excedentes a los consumidores y empresas más afectados. De hecho, se permite también fijar un precio para el suministro de electricidad a las pequeñas y medianas empresas, incluso por debajo de coste. Además, bajo el paraguas de la solidaridad, desde diciembre de 2022 está vigente una contribución obligatoria temporal sobre los beneficios de las empresas de los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y la refinería.

Por tanto, 2023 comienza con un despliegue de medidas de carácter temporal y transitorio destinadas a mitigar y paliar en lo posible los efectos adversos de la crisis energética.

Todo apunta a que los precios seguirán altos en 2023, a la espera de la coyuntura económica y de la situación climática. A pesar de que los almacenamientos de gas están casi a su niveles máximos, la incertidumbre sobre el suministro se está trasladando al próximo invierno en un contexto de escasez mundial, lo que no ayuda a rebajar las tensiones de precio y podría hacer necesario prolongar las medidas adoptadas hasta la fecha, principalmente en materia de ahorro energético y reducción de la demanda.

En cualquier caso, el año que empieza vendrá marcado por la reordenación del escenario energético y un refuerzo de la Unión de la Energía. Se espera un año intenso condicionado por una mayor ambición en los objetivos para la transición verde y la lucha contra el cambio climático, la garantía del suministro y la revisión de los parámetros de funcionamiento del mercado de electricidad y de gas.

Cada Estado miembro deberá presentar antes del 30 de junio el proyecto de actualización de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, contemplando las medidas para alcanzar el objetivo intermedio de reducción de emisiones del 55% para 2030. Simultáneamente, es previsible que la Comisión Europea proponga medidas de acompañamiento a la transición energética y adaptación a las capacidades reales que doten de impulso y velocidad a la consecución de los objetivos marcados, como ya lo hiciera en 2022 con las medidas para agilizar los trámites para el despliegue de energías renovables. En el mismo sentido, se sentarán las bases para que en el futuro pueda suministrarse hidrógeno verde a gran escala y se reforzarán las acciones para asegurar la competitividad de la industria y la protección de los consumidores vulnerables.

Una de las reformas más esperadas para inicios de 2023 concierne al rediseño del mercado eléctrico europeo. El reto de la propuesta para la Comisión Europea será encontrar el adecuado equilibrio entre las necesidades de corto plazo, caracterizadas por las medidas temporales y transitorias, y las proyecciones de volatilidad y bajada de precios a largo plazo, si bien no es probable que se modifiquen los principios fundamentales del funcionamiento del mercado, sino que se perfeccionen, creando un marco que permita retribuir la firmeza y flexibilidad del suministro, al tiempo que se asegura el desarrollo de nuevas inversiones y se garantiza la viabilidad de las existentes.

En el ámbito nacional, la intensidad no será menor. A la revisión del PNIEC se añadirá la finalización del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (“tope al precio del gas”), el 31 de mayo. Si los precios del gas se mantienen en los niveles actuales, es previsible que en el primer trimestre se refuercen las acciones negociadoras con Bruselas para evitar su traslado a los precios eléctricos. En paralelo, se espera la modificación de la fórmula de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, para evitar los efectos adversos de su alta volatilidad actual, pero es poco probable que tenga impacto en la moderación de precios. 2023 supone también el inicio del segundo semiperiodo regulatorio en materia de retribución de las energías renovables y de la distribución eléctrica, que actualizará los costes regulados del sistema eléctrico, principalmente a la baja, debido a que los precios eléctricos previstos permiten garantizar la rentabilidad de las instalaciones, lo que, en principio, podrá mantener bajo control los desajustes del sistema eléctrico junto con los ingresos adicionales derivados de las subastas de derechos de emisión y los superávits de ejercicios anteriores.

Por tanto, 2023 se presenta algo menos convulso, pero no menos intenso en materia energética. La situación extraordinaria que atravesamos requerirá desligar bien las medidas temporales y transitorias destinadas a paliar la crisis energética de las acciones orientadas a garantizar un correcto funcionamiento de los mercados energéticos en un contexto de transición energética, para evitar dañar la confianza, la inversión y el crecimiento.