La geopolítica marcará la reconfiguración de las cadenas de valor en base a la proximidad o la seguridad estratégica.
La economía mundial y española encara su tercer año de turbulencias, con la pandemia y la invasión de Rusia de Ucrania marcando un punto de inflexión en la senda socioeconómica, comercial y geopolítica proyectada para esta década. Así, se abren nuevas incógnitas y paradigmas sobre la configuración futura del orden mundial con la mirada puesta en las incertidumbres que condicionan a la baja las perspectivas de crecimiento en 2023 en torno a la evolución de la guerra en Ucrania, las tensiones inflacionistas, la crisis energética y alimenticia, el endurecimiento de la política monetaria y la desaceleración económica de China.
Un conjunto de riesgos superpuestos que indican que previsiblemente dejamos atrás un periodo de gran moderación surgido a partir de la década de los 90, sólo interrumpido por la Gran Recesión de 2009, para adentrarnos en un periodo de gran volatilidad ante las transformaciones socioeconómicas, geopolítica, comerciales, regulatorias y medioambientales que se vislumbran desde la aparición del covid-19 y la guerra en Ucrania.
Ante este contexto, el tejido empresarial español afronta un nuevo ciclo marcado no sólo por la necesidad de adaptar su estrategia a las incertidumbres actuales, sino también por cambios profundos asociados a las condiciones financieras, al clima, y a un mundo configurado en bloques con mayores dosis de proteccionismo. En este sentido, la pandemia y la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto la reducida diversificación de las cadenas de valor globales tanto de bienes tecnológicos y sanitarios, como de materias primas energéticas, alimenticias e industriales y fertilizantes. Una circunstancia que, unida al deterioro de la imagen de China desde la disrupción de la crisis sanitaria y el incremento de la falta de seguridad jurídica provocada por la política zero covid y el giro anunciado por su presidente Xi Jiping hacia una mayor intervención económica, continuarán acelerando la relocalización de los centros de producción hacía otros países. De esta forma, la geopolítica marcará la reconfiguración de las cadenas de valor en base a la proximidad (nearshoring) o la seguridad estratégica (friendshoring), lo que se traducirá en un previsible proceso de desglobalización y un impulso de la digitalización y la robotización para compensar el incremento de los costes laborales y la pérdida de población activa en las economías avanzadas.
Paralelamente, a pesar del compromiso adquirido entre EEUU y China en la última cumbre del G20 de reducir las tensiones entre ambas potencias, las empresas europeas y españolas no pueden ser ajenas a la aprobación de la Administración Biden de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, Inflation Reduction Act) y la Ley de Chips y Ciencia, que tienen como objetivo lograr una mayor independencia estratégica y fortalecer la industria tecnológica y medioambiental estadounidense. Medidas que señalan la clara estrategia de frenar el liderazgo de la potencia asiática, pero que también reducen el acceso al mercado de EEUU a las compañías de los Estados miembros de la UE. Todo ello en un contexto en el que un mundo fragmentado generará también intereses económicos, tecnológicos, medioambientales y políticos contrapuestos, que como ha advertido recientemente el FMI podría provocar una pérdida de riqueza mundial anual de en torno a un 1,5% del PIB mundial.
Un conjunto de retos, que unidos a las menores expectativas de ingresos que sufrirá el tejido empresarial en 2023, hacen necesario dar un mayor protagonismo a las medidas de política económica de oferta y diseñar una estrategia que garantice que España seguirá avanzado en su proceso de internacionalización. Un vector que ha sido clave en la senda de crecimiento de la economía española el año pasado, como muestra la resiliencia de las exportaciones de bienes y servicios a pesar de las elevadas presiones inflacionistas, la crisis energética y el endurecimiento de la política monetaria, entre otros factores.
Sin embargo, tras esta positiva evolución, el escenario de recesión de la Eurozona y de estancamiento en nuestro país proyectan un deterioro de las ventas y los beneficios del sector industrial y del turismo ante la menor demanda nacional y externa. Así, la persistencia de la crisis energética y de las elevadas tasas de inflación en Europa, junto al mayor repunte de los tipos de interés del BCE y de la Fed y de las condiciones financieras, continuarán erosionando la renta disponible y los márgenes empresariales y limitando la capacidad de compra, inversión y generación de empleo del sector privado. Una situación que podría agravarse, especialmente en el caso del sector turístico español, si se produce una profunda crisis económica en dos de nuestros principales socios comerciales como son Alemania y Reino Unido.
Por tanto, un 2023 lleno de incertidumbres que requiere de una combinación de medidas consensuadas tanto a nivel nacional como en el seno de la UE, que trasciendan los planes de recuperación Next Generation UE, con el objetivo de garantizar la viabilidad y competitividad del tejido empresarial español y europeo. Es tiempo de darle un mayor protagonismo a las políticas económicas de oferta con un marco regulatorio, laboral, fiscal, energético y educativo competitivo que impulse la productividad, la innovación y posicione a España como un actor clave en el diseño de las nuevas cadenas de valor. Lograr que nuestra industria y sector turístico sigan avanzando en su internacionalización y adaptación al mundo que viene es esencial para garantizar una recuperación sólida de la economía española, que previsiblemente no recuperará los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2024, y un nuevo periodo de progreso socioeconómico.