Mercado de trabajo y sistema de pensiones en 2023

2023 será un año de transición y elevadas incertidumbres en términos de crecimiento económico.

En un contexto de elevada incertidumbre por la guerra en Ucrania, el shock energético y una inflación más elevada y persistente de lo esperado a lo largo del último año, las previsiones para España apuntan a una desaceleración económica en 2023, con un crecimiento del PIB del 1,2%. Previsiblemente, 2022 habrá cerrado con un crecimiento del PIB en el entorno del 4,6% y del 3,3% para el empleo de la Encuesta de Población Activa (EPA). Aunque el PIB habrá crecido ligeramente por debajo de las previsiones de esta publicación de EY Insights hace justo un año, la evolución del empleo ha estado en línea, por lo que el comportamiento de la productividad ha sido algo peor de lo esperado. Con los datos disponibles al escribir este artículo, tanto la afiliación a la Seguridad Social como el número de ocupados equivalentes a tiempo completo se encontraban ya por encima de sus niveles anteriores a la pandemia (un 3,8% y 3% respectivamente por encima de 4T2019), aunque el número total de horas trabajadas se situaba prácticamente un punto por debajo. De acuerdo con las previsiones de BBVA Research, el crecimiento del empleo EPA para 2023 será del 1,1% (1,1% en términos de empleo equivalente a tiempo completo), por lo que la mejora prevista de la productividad por ocupado sería prácticamente nula.    

Sin duda, la novedad más importante para el mercado de trabajo en 2022 ha sido la puesta en marcha de la reforma laboral aprobada a finales de 2021 (RDL 32/2021). Como se esperaba, las restricciones a la contratación temporal han dado lugar a un aumento significativo de la contratación indefinida (tanto ordinaria a tiempo completo y parcial como fija discontinua), de manera que la tasa de temporalidad ha disminuido hasta el 19,6% CVEC en 3T2022, fundamentalmente por la reducción en el sector privado, puesto que en el público se ha mantenido constante. La tasa de paro (13,1% CVEC en 3T2022) también se ha comportado de acuerdo con las previsiones de hace un año y la incidencia del desempleo de larga duración se ha reducido a los niveles de 2019. A medida que la tasa de paro ha ido disminuyendo, la tasa de vacantes ha ido aumentando. A finales de 2022, la relación de vacantes sobre desempleo se encontraba a medio camino de una situación cíclica neutral y del máximo de la expansión en 2007, lo que apunta a que el mercado de trabajo se ha tensionado por la falta de mano de obra, fundamentalmente cualificada, necesaria para cubrir la demanda que requieren las empresas. 

Los retos para el mercado de trabajo en 2023 son fundamentalmente cinco. En primer lugar, afrontar la posible materialización de riesgos económicos (internacionales o nacionales) que den lugar a un crecimiento económico inferior al previsto, incluso con algunos trimestres de recesión económica. Segundo, evitar efectos de segunda ronda que generen una espiral de precios, salarios y márgenes, de manera que el actual problema de inflación importada se convierta en uno de inflación doméstica. Hasta octubre de 2022, la inflación salarial estaba contenida, con tasas alrededor del 3%, pero los convenios colectivos que incluyen cláusulas de garantía salarial van en aumento y el grueso de convenios se negociará en los próximos meses. Tercero, diseñar y adoptar nuevas políticas activas del mercado de trabajo, integradas con las políticas pasivas, con la finalidad de aumentar las tasas de empleo, su intensidad y su calidad, y reducir el desempleo de larga duración. En este sentido, será también importante evaluar la eficiencia y el coste administrativo de cambios normativos recientes (por ejemplo, teletrabajo o control de jornada) y otros nuevos que puedan adoptarse. Cuarto, mejorar la productividad del empleo, cuya tasa de crecimiento acumulada ha sido prácticamente nula tras la crisis del COVID y la recuperación posterior. Quinto, mitigar los efectos negativos del aumento de costes laborales debidos al incremento de las cotizaciones sociales previstas para 2023. Sus efectos sólo serían nulos si la subida de las cotizaciones sociales se interpretase como un avance del salario diferido y dejara inalterados los costes laborales totales, lo que resulta una hipótesis poco verosímil ante las expectativas de reducción de la contributividad futura del sistema de pensiones.     

Por lo que respecta al sistema de pensiones, entre las recientes medidas adoptadas destaca la revalorización de las cuantías para 2023 en un 8,5% según la inflación media entre los meses de noviembre de 2021 y 2022, el aumento del 15% de las pensiones no contributivas, el incremento de 6 décimas en los tipos de cotización a partir de enero de 2023 por la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la modificación de los coeficientes reductores para la pensión anticipada, los mayores incentivos a la jubilación demorada, la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, y el crecimiento del 8,5% en la base máxima de cotización. En los próximos meses se conocerá el aumento del salario mínimo, el recargo de las bases máximas de cotización por encima de la inflación y la ampliación del periodo de cálculo de la pensión inicial. 

En su conjunto, estas medidas incrementarán el déficit previsto del sistema contributivo de pensiones (alrededor del 2,4% del PIB en 2023, aproximadamente el 60% del déficit previsto de las AA.PP.) y lo trasladan al Estado. De acuerdo con los PGE, además de una previsión de déficit de operaciones no financieras de unos 7.000 millones, para el próximo año la Seguridad Social va a necesitar unas transferencias del Estado de casi 39.000 millones de euros, que representan algo más del 25% de los 152.000 millones previstos de cotizaciones sociales. La mayor parte de las medidas aumentan el gasto (por ejemplo, la revalorización de las pensiones con el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) o se ha anunciado que tendrán efectos neutrales sobre el déficit (como la ampliación del periodo de cálculo). Parece poco probable que el destope de bases máximas, el nuevo sistema de autónomos y la jubilación demorada compensen el repunte del déficit en al menos 3,5 puntos porcentuales del PIB sobre el déficit contributivo ya existente.

Otro de los retos del sistema de pensiones para 2023 será el despliegue de la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo (segundo pilar). En este sentido, habrá que evaluar su capacidad para compensar la pérdida de ahorro en los planes individuales (tercer pilar), una vez reducida la cantidad deducible en IRPF a 1.500 euros en 2022.

En resumen, 2023 será un año de transición y elevadas incertidumbres en términos de crecimiento económico. La materialización de algunos de los riesgos existentes y una desaceleración mayor de la prevista podría tener importantes efectos sobre la respuesta del mercado de trabajo y sobre la situación financiera del sistema de pensiones.