Los conflictos pesarán en 2023: no se podrá mirar para otro lado

España tendrá que esforzarse en 2023 para que los fondos adicionales se inviertan bien, legitimando o cuestionando la ampliación presupuestaria.

España entró en 2022 con temor a un posible enfrentamiento armado en Ucrania, un temor que se ha convertido en una realidad para 2023. Europa está en guerra, y aunque el conflicto armado se confine en Ucrania, sus efectos estratégicos, energéticos y económicos ya afectan la seguridad y la prosperidad de España y de los españoles. La intensidad de los combates no ha remitido durante 2022 y no parece que vaya a hacerlo en 2023, mientras los dos bandos acumulan reservas sobre las líneas de contacto para prevalecer en ellas y obtener una victoria militar -o algo parecido a ella-, que pueda abrir el paso a unas negociaciones para lograr un alto el fuego y revertir la escalada militar en curso.

España apoya la resistencia ucraniana incondicionalmente, en línea con sus aliados anglosajones y europeos, por lo que no puede sustraerse a sus obligaciones bilaterales o multilaterales de asistencia militar, aunque esta posición podría deteriorarse si persiste o arrecia el impacto económico y social de la guerra en Ucrania, una posibilidad que cobra mayor relevancia en un año electoral como el de 2023 en España. España también se ha comprometido a reforzar la disuasión de la OTAN en el este europeo y tendrá que superar el límite habitual de tropas desplegadas fuera de las fronteras porque hacen falta más unidades, equipos más pesados, mayor movilidad y mayor adiestramiento del que se necesitaba para las misiones de gestión de crisis.

Para poder financiar ese esfuerzo extraordinario, el Gobierno se ha comprometido a doblar su presupuesto de Defensa hasta 2029, comenzando por un incremento del 25% en 2023 (de 9.791 a 12.317 millones de euros). El Gobierno aprovechó el conflicto de Ucrania y la Cumbre de la OTAN para romper un tabú y defender públicamente la necesidad de incrementar los presupuestos de defensa. Para consolidar este cambio de cultura estratégica, España tendrá que esforzarse en 2023 para que los fondos adicionales se inviertan bien, legitimando o cuestionando la ampliación presupuestaria. 

Visto lo visto en Ucrania, parte de las inversiones tendrán que dedicarse a reforzar las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de una industria que no estaba preparada para satisfacer una guerra de desgaste. El Gobierno tendrá que establecer prioridades de gasto y programar un plan plurianual que proporcione estabilidad a las inversiones públicas y privadas a medio plazo. Los estados mayores y las industrias de defensa han sufrido tanto o más con la incertidumbre presupuestaria que con los continuos recortes. Las inversiones en defensa ya tienen un efecto tractor sobre la base tecnológica e industrial de la defensa, pero una planificación ordenada de las inversiones adicionales debería aumentar la escala y sinergias de la industria militar con el conjunto de la industria civil, tal y como recomienda la Comisión Europea. De las decisiones que se tomen en 2023 sobre adquirir tecnologías y equipos existentes o desarrollar las que se aseguren la autonomía estratégica del futuro, preservar la industria nacional o facilitar su integración en las cadenas europeas y globales de valor dependerá la legitimación política y social del gasto: si se gasta más o se gasta mejor.

Se estabilice o no el contexto estratégico europeo, España no puede distraerse de la atención que merecen dos nuevos escenarios de confrontación en el horizonte: la competición geopolítica con China y, en menor medida con Rusia, junto con la creciente confrontación con el Estado Islámico en el Sahel. Tanto el Concepto Estratégico de la OTAN como la Brújula Estratégica de la UE constatan el nuevo frente de competición geopolítica que se está abriendo en casi todos los ámbitos de relación con China y Rusia. España no ha sido partidaria ferviente de las políticas de contención, pero no puede ignorar la creciente preocupación de sus aliados y socios occidentales respecto al comportamiento de China y Rusia, en general, y en las zonas de interés estratégico para España como el Mediterráneo y el Sahel en particular.

Precisamente en el Sahel, la mayor influencia de estas potencias extrarregionales, sobre todo la de Rusia y sus mercenarios de Wagner, coincide con el repliegue de Francia que ha descartado continuar como la potencia gendarme en la zona y creado un vacío de poder. Mientras la UE o las organizaciones regionales y subregionales africanas de seguridad no llenen ese vacío, será muy difícil que las fuerzas armadas españolas puedan contribuir eficazmente a la estabilización regional y pasar de gestionar las misiones actuales de entrenamiento a encargarse de las más exigentes de lucha contra el yihadismo regional, operaciones de combate y contrainsurgencia incluidos.

España ostentará la Presidencia europea del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 y liderará el desarrollo de la política común de seguridad y defensa definida en la Brújula Estratégica de 2022. La guerra en Ucrania postergó su implementación y la mayor parte de la hoja de ruta acordada sigue pendiente de impulso. La agenda, cuyos objetivos debe coordinar España con las otras dos presidencias del Trio, no puede ignorar que el peso de la guerra de Ucrania lastrará la voluntad política española de reforzar la Europa de la defensa y la autonomía estratégica en el ámbito militar. Tampoco que las elecciones europeas de 2024 condicionarán su desempeño, por lo que no es de esperar titulares llamativos en materia de seguridad y defensa.