La cohesión social en 2023: ¿Un punto de inflexión contra la desigualdad estructural?

Una utilización eficiente de los fondos Next Generation fortalecería la competitividad y amortiguaría el shock de precios.

El año 2022 nos ha golpeado inesperadamente con la guerra de Ucrania. Las perspectivas generales al terminar 2021 eran bastante positivas tras dejar atrás las secuelas más graves de índole sanitaria, social y económica de la Covid-19, y con una previsión de inversiones nunca vistas gracias a la aportación de los fondos Next-EU. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha golpeado muy severamente a nuestras economías provocando un encarecimiento de materias primas, que a su vez ha provocado una escalada de precios que afecta a toda la ciudadanía, pero especialmente a los colectivos más vulnerables.

Si bien los niveles de desigualdad crecieron notablemente con la Gran Recesión, fue a partir de 2015 cuando se empezaron a recuperar. Lamentablemente, la pandemia supuso un retroceso de más de 4 años, llevándonos de nuevo a niveles de desigualdad de 2017.[1] Aunque todavía no existen datos para los últimos dos años, cómo evolucionen los niveles de cohesión dependerá en gran medida del funcionamiento del mercado laboral y cabe destacar que, a finales de 2022, España presenta un nivel de empleo similar al observado en los años más álgidos de la expansión económica.

En momentos de incertidumbre tan acusados como los que vivimos, es casi imposible atreverse a vaticinar qué sucederá con asuntos tan cruciales para el bienestar de una sociedad como la cohesión social. Pero sí que existen algunos indicios que pueden darnos pistas sobre cómo deberíamos abordar algunos temas que están sobre la mesa y que sin duda tendrán un impacto.

El primero de ellos es la escalada de precios en bienes y servicios de primera necesidad, un fenómeno que esperemos se mitigue a medida que avanza el 2023. Este hecho afecta de modo asimétrico a la población, perjudicando mucho más a los hogares con menos recursos, puesto que son los que gastan mayor proporción de sus ingresos en este tipo de bienes. Por este motivo, las ayudas que se implementen desde las instituciones públicas, para ser eficaces, no deben ir dirigidas al conjunto de la población, sino que deben focalizarse en aquellos hogares con mayores necesidades. De hecho, en la actualidad, España es uno de los países de la UE donde los impuestos y las transferencias tienen una menor capacidad de redistribución por su menor impacto relativo en la reducción de la pobreza.

Más allá de la guerra de Ucrania -que esperemos termine en 2023- nuestro país, al igual de los de nuestro entorno, está inmerso en una transición climática y en una revolución tecnológica que sin duda transformarán progresivamente nuestras sociedades. La buena noticia es que está en nuestras manos decidir si aprovechamos estas transiciones para avanzar hacia sociedades más inclusivas y, por tanto, más cohesionadas o, por el contrario, nos dirigiremos hacia sociedades más desiguales e injustas.

La evolución de la desigualdad en España está fuertemente relacionada con el ciclo económico, con rápidos crecimientos en épocas de recesión, pero lentas recuperaciones en épocas expansivas. Es decir, si bien las crisis económicas golpean rápidamente, las recuperaciones tardan en llegar, especialmente a los hogares más vulnerables.[2] De hecho, son los niveles de desempleo, la alta inestabilidad laboral y el empleo a tiempo parcial los mayores condicionantes para entender la desigualdad de ingresos en nuestro país.[3] En definitiva, la creación de buenos empleos (indefinidos y a tiempo completo) es fundamental para ayudar a mejorar la cohesión social.

Respecto a la transición climática, debemos avanzar sí o sí hacia una economía que limite las emisiones de CO2 y que produzca bienes y servicios compatibles con la descarbonización de la economía. Si bien algunos sectores, como el transporte o las actividades que producen combustibles fósiles deben acometer cambios sustanciales -en los que, por cierto, muchas empresas están ya en curso- se abren enormes oportunidades de empleo en esa sociedad más sostenible. Actividades relacionadas con la producción, distribución y comercialización de energía renovable, con la reparación, la economía circular, la construcción y rehabilitación sostenible de edificios, etc. abren las puertas de un empleo digno a colectivos que hoy sufren de falta de oportunidades laborales. Las perspectivas económicas y laborales de la transición climática son positivas y es nuestra obligación aprovechar las oportunidades que irán apareciendo, tratando de que estas lleguen a toda la sociedad. Para ello, es imprescindible que se imponga la colaboración entre los diferentes actores – empresas grandes y pequeñas, sector público y privado, agentes sociales, etc. - y se sitúe la creación de empleo digno en el centro de las actuaciones. Será necesario ofrecer capacitación alineada con los empleos que se vayan creando a las personas en situación de desempleo o precariedad laboral. De esta manera, las brechas sociales, que vienen muy de la mano de las brechas laborales, se irán cerrando y no abriendo, como está sucediendo hasta ahora. 

Junto a la transición climática, la transición tecnológica ofrece también una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más cohesionada. Sin embargo, los riesgos de que esto no sea así son altos si no se actúa a tiempo. El desarrollo tecnológico aumenta la productividad laboral, permite que las personas dejen de realizar tareas pesadas y desagradables y abre la posibilidad de producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, no todo tipo de desarrollo tecnológico tiene las mismas consecuencias ni en productividad laboral ni en creación de nuevas posibilidades. Por este motivo, tenemos la oportunidad de escoger el tipo de desarrollo tecnológico que tenga mayor potencial para crear muchos y buenos empleos y desdeñar aquellas apuestas tecnológicas que, sobre todo, sustituyen a las personas sin aumentos significativos en la productividad. Si bien las empresas son soberanas para invertir en aquello que crean más beneficioso para ellas, la colaboración público-privada, que tan importante va a ser en esta transición, debe apuntar a incentivar esas tecnologías con perspectiva de empleo, es decir, por tecnologías que aumenten  mucho la productividad laboral e incentiven la creación de empleo de calidad. Aun así, la necesidad de recualificación de las personas trabajadoras ha llegado para quedarse y, precisamente, la colaboración entre las empresas, las entidades formativas y los servicios públicos de empleo es la mejor opción para diseñar unos planes modernos, adaptados a las necesidades del futuro que no dejen a nadie atrás.

En definitiva, la mejora en la cohesión social pasa por dirigir las oportunidades que estas transiciones nos ofrecen para crear más y mejores empleos. Tenemos la gran oportunidad -pero, sobre todo, un gran riesgo si no lo hacemos- de escoger los principios de más y mejores empleos para todos. De nosotros depende que 2023 constituya un punto de inflexión en la escalada ascendente de la desigualdad. Ojalá apostemos por ello.