En 2023 necesitamos más responsabilidad empresarial y más innovación pública

Innovación en el sector público: ahora o nunca

La extremada eficiencia y escalabilidad de la innovación digital nos ha conducido a un escenario global en el que varias compañías tecnológicas actúan ya como reguladores de facto, con mayor control en muchos ámbitos que los propios estados. 

Es difícil pensar que hace un par de décadas, un estudiante universitario jugando a hacer rankings de belleza entre sus compañeros, el fundador de una librería on line, o un par de científicos interesados en algoritmos de búsqueda, tuvieran entre sus planes originales dominar el mundo, probablemente, ni siquiera aspiraban a cambiarlo- pero el hecho es, que ahora mismo, no existe institución o administración pública que no dependa en alguna medida de ellos y de sus accionistas.

Nos encontramos, nos guste más o menos, en una encrucijada con dos futuros alternativos. En el más distópico, el sector público, sucumbe a la amenaza de la descapitalización y la atrofia, y se condena a sí mismo a la irrelevancia a medio plazo, poniendo, con ello, en peligro la propia esencia de nuestras democracias.  En la ruta alternativa, pero no necesariamente más probable, el sector público aprovecha la oportunidad digital para fortalecer la democracia y su servicio a los ciudadanos.

Este segundo camino pasa por la reinvención de la cooperación público-privada, porque parece francamente difícil que las administraciones puedan recuperar por sí solas el terreno ya perdido. El pacto debería nacer sin los estigmas que han lastrado la relación en el pasado: Aceptemos que el bien común o la justicia social no son patrimonio ni obligación exclusiva de las administraciones, de la misma manera, que el hábito de innovar y la exigencia de rendir cuentas pueden y deber permear todos los niveles de la función pública.

En 2023 necesitamos más responsabilidad empresarial y más innovación pública, y respecto a esto último, en Cotec estamos promoviendo distintas herramientas que, con diferente nivel de exposición y coste; pueden aportar evidencias que reducen la incertidumbre y permiten el escalado de soluciones paso a paso - una práctica que es la habitual en el prototipado de bienes y servicios privados de todo tipo y que esperamos que también lo sea algún día cuando hablamos de leyes, reglamentos o programas de gasto.

Hablamos de aportación de conocimiento para la toma de decisiones públicas que puede proceder de, al menos, cuatro fuentes distintas:

•         Conocimiento preexistente, y para eso debemos fomentar la función de asesoría científica a gobiernos y parlamentos, siguiendo la estela de la Oficina C recientemente creada en el congreso de los diputados o modelos como el del JRC en Sevilla, el centro de la Comisión Europea que cuenta con más de 400 investigadores dedicados a aportar evidencias científicas para la regulación comunitaria.

•        Conocimiento generado ad hoc  en experimentos de simulación que involucran ciencias del  comportamiento, por ejemplo, o en pilotos reales de políticas públicas – random control trials-

•        Conocimiento encapsulado en soluciones que ofrece el sector privado, promoviendo para ello herramientas que faciliten su testeo y adquisición como los sandbox o los esquemas de compra   pública precomercial.

•        Conocimiento cocreado con los propios empleados públicos y sus usuarios mediante modelos diversos, como los laboratorios ciudadanos o living labs

Las administraciones responsables de fomentar y transferir el conocimiento científico, esto es, los departamentos competentes en políticas de I+D, están llamados a jugar un rol esencial en esta revolución y deberían actuar dando ejemplo de innovación en sus propios procesos.

Acaba de aprobarse una nueva Ley de la Ciencia, que sustituye parcialmente a la que yo tuve el honor de llevar al parlamento como ministra. No es una ley perfecta -ninguna lo es- pero aporta algunas mejoras sustanciales que, con el adecuado desarrollo normativo, podrían resolver algunos problemas endémicos de nuestro sistema y, particularmente, abre la puerta a este universo inexplorado de la innovación y la experimentación pública.

Pero mientras esa ley se despliega seguiremos abordando proyectos tan complejos y ambiciosos de cooperación público-privada como los PERTE con los recursos humanos, tecnológicos y jurídicos del viejo sistema. Hemos dado una maravillosa partitura a una orquesta que carece de los músicos suficientes, sin tiempo para ensayar ni instrumentos adecuados. Sería un milagro que todo saliera bien, en todo caso, crucemos los dedos para fallar lo menos posible.